El gobierno de Cambiemos 2015/2019 tuvo un programa económico para la industria, llamado Plan Productivo Nacional, que describía detalladamente cuáles eran los sectores considerados «de baja competitividad», algunos «latentes» (con posibilidad de ser rescatados), otros «sensibles» (sin salvación), que debían ser sometidos a un «proceso de reconversión» (abandono de la actividad) para permitir que la industria asobreviviente resultara «más eficiente».
Casi 400 mil trabajadores de diferentes sectores manufactureros estaban condenados a perder su empleo, según lo estipulaba el mencionado trabajo, que en aquel momento se mencionaba como el Plan Australia, porque supuestamente tomaba como referencia la reconversión industrial de ese país oceánico.
Entre esos sectores «sensibles» se mencionan en la propuesta de Cambiemos –que impulsaron muchos de los referentes actuales de Juntos por el Cambio– a la industria textil, la del calzado, la electrónica de consumo y la fabricación de muebles.
Entre las actividades de «Baja competitividad» pero en categoría de «latentes», aparecen Automóviles y autopartes, Maquinaria Agrícola y Medicamentos. En este caso, lo que se proponía era, en lugar de la desaparición casi completa del sector, una selección de los más aptos para que, especializados en alguna rama del rubro o absorbiendo a sus competidores, pudieran alcanzar rangos de «competitividad» capaces de sobrevivir a la importación indiscriminada.
El documento de 174 páginas que daba cuenta de esos y otros detalles del plan sólo circuló de modo «confidencial» entre funcionarios de las áreas involucradas, aunque hubo filtraciones que permitieron que llegara a manos incluso de sectores apuntados por la operación de brutal ajuste industrial a implementarse. Cuando se le pedía explicaciones a dirigentes de Cambiemos sobre el tema, por lo general negaban su existencia.
Tras mencionar en el Panorama Económico de esta semana la existencia de este Plan Productivo Nacional al inicio del gobierno de Cambiemos, varios dirigentes empresarios recordaron aquel documento y acercaron a este diario copias o extractos del mismo, cuyo contenido está reflejado en la presente nota.
Entre los referentes que implementarían esa «reconversión» de sectores –eufemismo por desaparición–, aparecían en el documento los apellidos de Prat Gay, Caputo, Surzennegger, Cabrera, Triaca, Sánchez Zinny, Aguad, ligados al Plan de Financiamiento (del cierre de plantas), Ibarra, Braun (Reformas fiscales, Reconversión laboral, Reducción de Costos Laborales, Desregulación y facilitación burocrática), Buryaile, Cabrera, y Malcorra (Inserción Inteligente al mundo). Todos ellos, integrantes de los gabinetes de Mauricio Macri en algún momento. Y en el caso de los referentes económicos, vinculados además al proceso de endeudamiento y firma del acuerdo con el FMI del año 2018.
«Los sectores transables presentan diferencias en su fortaleza competitiva y, por lo tanto, necesidades de reconversión», plantea en la presentación de uno de sus capítulos el trabajo.
El parámetro para medir la capacidad de subsistencia de cada sector era «la competitividad internacional». De acuerdo a esa calificación, concluía que los sectores que podían ingresar en el hall de los «altamente competitivos» eran Aceites de origen vegetal, Productos de la molienda y Productos lácteos.
Un escalón más abajo, los de «competitividad media» o también «nichos competitivos», eran los de Biotecnología, Software y Servicios Profesionales. Luego venían los de Baja Competitividad mencionados más arriba, subdivididos entre «latentes» y «sensibles».
El Plan Productivo macrista también estima el impacto laboral, medido como la proporción de trabajadores en cada grupo que resultarían afectados (empleados de actividades o empresas destinadas a desaparecer). En los sectores «sensibles», perderían su empleo por efecto de la apertura de importaciones 255 mil trabajadores, equivalente al 31 por ciento del total de empleados en los mismos. En los «latentes», 109 mil trabajadores, nada menos que el 38 por ciento de los empleados en las empresas involucradas. Mientras que entre los que se desempeñaban en «nichos competitivos», también se estimaba una «reconversión parcial» que desplazaría a unos 24 mil trabajadores: el 18 por ciento.
El mecanismo de «selección» o expulsión de empresas consistía en un instrumento activo, la apertura a las importaciones, y un «facilitador» interno, las reformas legislativas para abaratar los despidos y préstamos para disponer la liquidación de la empresa sin demoras.
Así, incluso, se lo proponían desde el gobierno a los sectores que sufrían las consecuencias de la avalancha importadora. Dos ejemplos concretos que fueron mencionados recabando información para esta nota, son los de la industria electrónica de Río Grande (Tierra del Fuego) y de una industria textil del AMBA, que recibieron esa misma propuesta de boca de altos funcionarios del gobierno de Cambiemos.
Un caso específico e «reconversión» que el plan formula es el de la industria textil y de confección, donde se puede ver detalladamente cómo se iba a provocar la desaparición secuencial de distintas ramas, seleccionando sólo a las empresas con mayor aptitud exportadora. Es fácil concluir que éstas serían las asociadas a capitales extranjeros.
El capítulo propone como metas cualitativas para el sector «Generar una transformación del modelo productivo de la cadena de valor, haciéndolo más competitivo (…). Convertirse en un exportador relevante de indumentaria de moda, producir localmente insumos y productos de calidad, y el desarrollo de la cadena de valor de fibras naturales».
Y luego propone el siguiente cronograma de apertura importadora para terminar con el resto:
* Fibras e hilados sintéticos. Apertura gradual hasta lograr el máximo a partir de 2017 (un año después de la presentación del plan)
* Hilados de algodón. Apertura gradual hasta lograr el máximo a partir de 2019
* Tejidos. Apertura gradual hasta lograr el máximo a partir de 2021
* Confección e indumentaria. Apertura gradual hasta lograr el máximo a partir de 2023.
Todo un ejemplo de desindustrialización programada, de parte de quienes se postulan para volver a ser gobierno.
