Después de varios días de títulos catástrofe que anunciaban un supuesto escándalo en puerta por el futuro de diez jueces designados mediante el mecanismo de “traslado”, sin acuerdo del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tuvo una civilizada reunión por Zoom en la que sus integrantes acordaron postergar propuestas sobre qué hacer con esos nombramientos controvertidos. Por supuesto hubo debate, ya que hay diferencias entre el oficialismo y la oposición, conocidas desde hace rato, pero por ahora se limitaron a medir fuerzas. El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer aquellos traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado, pero aún no arriesgan el cómo. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos, aunque despuntan ideas intermedias.
El disparador de la discusión y las versiones de que el oficialismo buscaría desplazar a jueces de cargos o juicios claves, fue un informe que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que analizó tres tipos diferentes de designaciones hechas por medio de traslados de jueces y juezas de un cargo a otro pero encontró las mayores irregularidades en un grupo de diez, concretados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pasaron por concursos ni por el Senado. Son casos que, además, al momento de su aprobación, ya habían desatado polémica. Entre ellos incluyó nombres conocidos, como dos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py que venían de un tribunal oral, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; el juez Federico Villena que pasó de ser nombrado en Moreno a Lomas de Zamora; Eduardo Farah, que era camarista federal y fue mudado a un tribunal oral de San Martín, Germán Castelli que pasó de un tribunal en San Martín a otro en el fuero federal porteño que ahora tiene la causa de los cuadernos; así como jueces de provincias que de golpe adquirieron competencia electoral.
“Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (decisiones tomadas por los jueces trasladados), actuamos conforme a lo que dice la Constitución Nacional”. La frase no era de un representante del estamento político, sino de un camarista, Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo y cuestiona las designaciones que se hicieron por traslado, que cree deben ser revisadas. Dijo específicamente que si hay preocupación por decisiones tomadas en la Cámara Federal, “esos actos van a ser válidos”. Pero, enfatizó, “los que aceptaron entrar a un cargo por la ventana no pueden decir que se está afectando su independencia”, que fue uno de los argumentos opositores más rutilantes de esta semana.
La reunión fue comandada por la diputada Graciela Camaño, que preside Selección, y a quien muchos consejeros/as señalan como un voto clave a la hora de someter este intríngulis a consideración en el plenario, ya que todo indica que podría haber un empate. El organismo tiene trece miembros y las posturas suelen estar muy reñidas. Camaño no dio pistas sobre qué hará. Deslizó frases con aire cociliador: “No puede haber tantas formas de trasladar un juez. Lo que ponemos en discusión en este punto es qué entendemos por traslado”. “La solución a este problema –dijo—debe ser lo más ajustada a la Constitución”. La diputada ya había dicho que el documento de Ustarroz no había sido una ocurrencia de él sino que los consejeros habían acordado pedirle un relevamiento para este tema conflictivo.
Ustarroz, por su lado, expuso que hay traslados que no son problemáticos, que son aquellos donde el pase es de un cargo a otro en un mismo tribunal o fuero. En cambio sí lo son, a su entender, los que cambian de jurisdicción y de competencia sin obtener acuerdo del Senado. A su entender, que el Consejo eleve una terna al Poder Ejecutivo y que éste envíe un nombre al Senado para que preste acuerdo, es “el mecanismo natural y único de magistrados impuesto por la Constitución”. También es lo que surge, señaló, de dos fallos (Rosza y Uriarte) y una acordada de la Corte Suprema, que se expidió en 2018 a raíz del intento de que comenzara a funcionar un tribunal oral federal constituido por traslado al que se le dio la primera causa contra Cristina Fernández de Kirchner aunque no estaba habilitado. En ese momento, los supremos precisaron casos en los que debía intervenir el Senado. En coincidencia con otros consejeros, Ustarroz señaló que hará falta una ley que establezca precisiones, pero que ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Pidió una “discusión institucional”.
Al enfoque del joven representante del Ejecutivo se sumó el académico Diego Molea, quien dijo que se pueden revisar los nombramientos irregulares, que lo permite la ley de procedimientos administrativos, y que se debe respetar lo que estableció la Corte. “Siento vergüenza ajena de los magistrados que habiendo concursado para un cargo determinado, luego pidan un traslado para un cargo donde la competencia no es la misma”, se quejó. “Debemos fijar un criterio claro, entender lo que plantea la Constitución Nacional y comprometernos a que no haya más traslados, porque no corresponde. Para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear”, agregó. Criticó fuertemente a los jueces que aceptaron traslados a competencias electorales. Hubo quienes leyeron una crítica a uno de los consejeros presentes en el Zoom, Juan Manuel Culotta, que intentó pasar de Tres de Febrero al juzgado electoral de La Plata durante el gobierno de Macri, aunque naufragó en su intento y sólo consiguió ser subrogante.
Culotta, de hecho, fue uno de los que consideró que cuando un juez es trasladado tiene derechos adquiridos y no se lo puede remover, a menos que sea con un enjuiciamiento. “Con la pretendida revisión no solo se están afectando derechos subjetivos de los magistrados, sino que se estaría desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces», regañó. Es la misma línea que ya había planteado, incluso públicamente y con una nota ante el Consejo, el diputado macrista Pablo Tonelli, donde decía: “Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión del os traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a una más eficaz prestación del servicio de justicia”. Señaló que aunque se llegara a considerar que los traslados fueron actos administrativos irregulares, no podría revocarlos, ni anularlos o dejarlos sin efectos porque se afectaría la división de poderes. “El Consejo carece de atribuciones para revisar los traslados concretados. Podemos establecer pautas para el futuro pero nada debemos opinar de los traslados ya concretados”, dijo ante la comisión.
El camarista Ricardo Recondo sorprendió con una postura a mitad de camino, ya que reconoció que hay traslados cuestionables pero señaló que el Consejo no es competente para volver sobre ellos, aunque dejó la puerta abierta a que lo haga el Poder Ejecutivo.
En este escenario, con cierto margen para la negociación, los consejeros no arriesgaron ninguna propuesta firme, y decidieron postergar la discusión de soluciones para el jueves próximo.
