Favor con favor se paga. Javier Milei firmó el nombramiento de Víctor Pesino, el juez laboral que validó la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica –como solo había sucedido en 1955 y 1976–. Tras conseguir el aval del Senado, Pesino continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).
El jueves pasado, el Senado aprobó 29 pliegos. Entre ellos, estaba el de Pesino, que el próximo 27 de julio cumple 75 años y, por lo tanto, necesitaba una reválida de la Cámara Alta para continuar actuando como magistrado. La Constitución establece que los jueces se retiran a los 75 años, a excepción de que consigan un nuevo acuerdo del Senado, que debe renovarse cada cinco años.
Milei resolvió que el de Pesino debía ser el primer nombramiento que firmara de esta segunda tanda que consiguió el aval del Senado. Fue toda una deferencia del Presidente hacia un camarista que supo conseguir el apoyo de La Libertad Avanza (LLA). En la primera tanda, el primer agraciado fue Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
El tratamiento del pliego de Pesino provocó una fuerte reacción en el peronismo, que le enrostró al camarista que había rumores de que cobraba por sus fallos. El senador Mariano Recalde llegó a preguntarle, cuando se presentó ante la Comisión de Acuerdos, si sabía que a él y a su colega de Sala les decían “Bonnie & Clyde”.
Pesino ingresó a la justicia del trabajo en 1971 –durante la dictadura de la Revolución Argentina–. El ascenso a secretario le llegó en 1981, durante otro gobierno de facto. Raúl Alfonsín lo designó juez laboral en 1989. En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, asumió en la CNAT.
Inicialmente, Pesino fue nombrado para la Sala I de la CNAT, pero lo trasladaron a la Sala VIII. Subroga en la Sala IX.
El 23 de abril pasado, Pesino y su colega María Dora González encontraron un atajo para volver a poner en vigencia la reforma laboral que el Gobierno había hecho aprobar a las apuradas durante las sesiones extraordinarias. No analizaron si la medida cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ajustaba a derecho. Lo que hicieron fue suspender sus efectos mientras la cautelar era apelada por el Gobierno.
A las pocas horas, apareció publicado en el Boletín Oficial (BO) que el Gobierno había iniciado el trámite para que Pesino permaneciera en la CNAT por cinco años más. Las controversias no terminaron allí. El 22 de mayo pasado, la dupla Pesino-González volvió a las andanzas al intervenir la UOM, algo que solamente ocurrió durante las dictaduras de 1955 y 1976.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acuerdos, Pesino reconoció haber mantenido reuniones en el Ministerio de Justicia y dijo estar al tanto de que el 24 de abril se publicaría su trámite para continuar en la CNAT. La pregunta que sobrevoló la audiencia fue si se apuró para congraciarse con el Gobierno.
Como no estaba claro que el Senado fuera a sesionar antes del 27 de julio, Pesino fue a la justicia en lo contencioso administrativo para evitar que, llegado ese día, el Gobierno anunciara que había alcanzado la edad límite y pidiera concursar su vacante.
El viernes a las 8.39, horas después de la sesión del Senado, Pesino se presentó ante la jueza Macarena Marra Giménez para desistir de su acción. Poco después, la magistrada archivó el expediente.
Pesino está por estas horas como juez de feria en la CNAT. Es decir, que no se tomó vacaciones para estar atento a lo que sucedía con su trámite. Pesino no recibió felicitaciones de sus colegas de los tribunales laborales tras conseguir el nuevo nombramiento propiciado por la Casa Rosada.
En la misma sesión en la que se aprobó la prórroga de Pesino también se prestó el acuerdo para que cinco candidatos se incorporen a la CNAT. Se trata de María Claudia Juguen, Marina Edith Pisacco, Diego Javier Tula, Diego Fernando Manauta y Claudio Fabián Loguarro.
La CNAT –que estuvo en la mira de Milei desde el inicio de su gestión– debería estar integrada por 30 jueces. Sin embargo, hay quince vacantes, lo que hace que las tareas recaigan en pocas manos.
Otra suerte, otra postura
La postura del Gobierno respecto de otro camarista, Martín Irurzun, uno de los pesos pesados de Comodoro Py, fue muy distinta. Irurzun pidió un nuevo acuerdo para permanecer más allá de los 75 años. Sin embargo, la Casa Rosada hizo caso omiso.
Irurzun, autor de la doctrina que permitió encarcelar a exfuncionarios kirchneristas de manera preventiva, festejó su cumpleaños el sábado.
Irurzun también acudió a los tribunales contencioso-administrativos para estirar su permanencia en la Cámara Federal pese a no haber conseguido un aval del Senado. El juez Enrique Alonso Regueira rechazó su petición. Esa decisión fue después confirmada por la Cámara del fuero.
Tras la negativa, Irurzun fue con el tema a la Corte Suprema. El primer revés lo recibió del procurador interino Eduardo Casal, quien dictaminó que su pedido de una medida cautelar para continuar en la Cámara Federal debía ser desatendido.
Casal fue especialmente duro con Irurzun al sostener que su planteo estaba basado en una conjetura. ¿Por qué? Porque Irurzun afirma que la doctrina de la legalidad del límite de los 75 años ya no se sostiene, porque cambió la composición del máximo tribunal.
Rosatti terminó de empujar a Irurzun hacia la salida. Poco después del mediodía del lunes, el presidente de la Corte, de buen vínculo con el sector oficial que se encolumna detrás de Karina Milei y los primos Martín y Eduardo Menem, rechazó tratar su caso durante la feria.
La salida de Irurzun es buscada con ahínco por el Gobierno porque, de esa forma, podrá renovar la mitad de la Cámara Federal porteña. Milei ya envió los pliegos de sus candidatos para ocupar los puestos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados al tribunal por Mauricio Macri. Pablo Yadarola será el reemplazante de Bruglia y Bertuzzi permanecerá en su cargo.
En poco más de un mes y medio, el Gobierno consiguió que se aprobaran más de 100 pliegos, y tiene previsto ir por más. Hay audiencias convocadas para el 4 y 5 de agosto con candidatos para jueces, fiscales y defensores.
