Era previsible, aseguran en las colectividades. El Gobierno comenzó con la criminalización de los migrantes, sobre todo latinoamericanos, y de sectores vulnerables. Y con un lema que podría ser “confunde y reinarás”. Usando la masacre de González Catán, donde cinco personas murieron baleadas en una toma de tierras, desde el Ejecutivo nacional se lanzaron a declamar con vehemencia la necesidad de “expulsar a extranjeros que delinquen” y que no tienen “residencia permanente”. Lo hicieron sin explicar que en realidad eso ya está contemplado en la Ley de migraciones vigente. Esta avanzada discursiva busca instalar la discriminación y el odio contra todo el colectivo migrante, más allá de la pequeña porción eventualmente dedicada a delinquir. Y no dudan en meter en la misma bolsa a las colectividades que llevan años de residencia con los familiares del narco ecuatoriano Macías “Fito” Millar, recién deportados. Detrás de la maniobra oficial ondula lo lógica de crear enemigos internos y el ideal de una (imposible) Argentina “blanca”.
Desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al de Interior, Guillermo Francos; pasando por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclaman una legislación para esto. Lo paradójico es que esto ya lo dice la Ley de 2003. “La de Néstor Kirchner, la que defendemos y está vigente”, explican las organizaciones sobre la Ley 25.871.
El método: junto al discurso, los casos, para generar clima. “En cinco días aparecen seis delitos cometidos por migrantes, parece que quieren instalar que los delitos son cometidos solo por migrantes”, sospecha la especialista en migración y asilo Verónica Jaramillo (Conicet, Universidad Nacional de Lanús). Jaramillo analiza la avanzada que busca instalar discriminación y odio contra el colectivo migrante y señala la actitud del oficialismo que añora la política antiinmigración del macrismo.
Las colectividades
Las colectividades responden con cautela, con organización y persistencia en el trabajo cotidiano: “Todos somos personas de bien”, definen. “Ya lo vivimos en el macrismo, ahora viene más rápido pero ya estamos curtidos, nos podemos organizar”.
Como muestra de esa capacidad, en la semana pasada se sumaron al Avellanedazo, una movilización que el sábado pasado juntó más de 25 mil personas contra el DNU, la ley ómnibus y el ajuste. Alejandra Meza, directora de Coordinación de Cultos, Políticas Migratorias e Integración Cultural, aclara que no es una actividad del municipio, aunque Avellaneda acompaña y promueve “la ley vigente, que tiene perspectiva de Derechos Humanos y ya cumplió 20 años”.
La convocatoria de vecinos de Avellaneda, entre ellos la Multisectorial Migrante, se sumó a las actividades de rechazo al DNU y al proyecto de ley ómnibus. El punto que concentra la resistencia por su impacto generalizado, bajo el común denominador de la grave crisis económica cuyas consecuencias se perciben devastadoras.
“Siempre pagamos los que menos tenemos. Y esta crisis va a traer más violencia y más inseguridad, nuevos negocios que afectan a los pibes, eso se va incrementar, y más policía. No se puede así”, razona Dagna Aiva, responsable del centro comunitario La Usina de los Sueños, en la Villa 21-24 de Barracas, en CABA, una de las más pobladas por migrantes.
Nilsa Romero coincide. “Está complicado para los jóvenes porque no hay trabajo y la frustración que eso genera en ellos hace que sucumban a lo más fácil”. Es paraguaya Nilsa, tiene 44 años. “Soy casada, tengo cinco hijos adolescentes”, se presenta. Agrega: “No sé si la gente puede dimensionar el daño tremendo que están produciendo las políticas de este gobierno. No es directo, porque no lo dicen abiertamente, pero se siente igual”.
Nilsa trabaja en una casa particular y en el comedor de La Usina. Y ya siente la discriminación en aumento. «En la ciudad nos miran mal con esa falta de empatía hacia el otro. Eso se siente y se ve, porque si vas a pedir más raciones o una merienda como la gente, en vez de mandarte más alimentos frente a la urgencia, te mandan menos».
Políticas discriminatorias
Esta campaña discriminatoria pone al migrante en “estado de sospecha” delictiva permanente y bajo amenaza de deportación. Y lo plantean sin discriminación para casos que van de una falta administrativa al narcotráfico, sin escalas. Una advertencia para las comunidades y un ardid que Bullrich incorporó como caballito de batalla para mostrar casos “correctivos”, dice la ministra.
Como muestra de la desmesura, Migraciones dejó a una mujer de Kastajistán, desde el 12 de enero, abandonada a su suerte sin documentos en el aeropuerto de Ezeiza sospechada de ser una “falsa turista”. Se le prohíbe ingresar por cuestiones de forma pero el discurso institucional esgrime argumentos xenófobos para proponer, en «nombre de la seguridad», medidas que vulneran las garantías de la legítima defensa.
Una es el DNU 70, de 2017, ya “anulado” en la gestión de Alberto Fernández. Este DNU 70 –¡mismo número!, pero de Mauricio Macri– habilitó el proceso exprés. Y sacó «las garantías del debido proceso cuando estás en infracción». Eso quieren retomar, explican los abogados de las organizaciones. Toda una definición de la mirada y de la acción.
El discurso y el método
Seguros de sus pasos en falso, los funcionarios de Javier Milei retoman el discurso y el método de Mauricio Macri en 2017 y se exponen con datos que falsean la realidad. En ese momento, Macri salió a vociferar que “no se puede dejar entrara los delincuentes ¡vamos a terminar con eso!”, como una épica de gobierno. Cuando eso ya lo dice la ley…
Esta semana, Francos sostuvo que el Gobierno está «extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales». “Lo mismo decía Macri en 2017, y se ufanan de eso, pero quieren imponer algo que ¡ya es ley!”, se sorprende Jaramillo ante el desparpajo del acting político. Pero advierte que logran instalar discriminación y provocan violencia.
Con la actual política migratoria, donde el discurso es el método y le gana a la ley, se instala el odio racial. La hostilidad gana la calle. Los afectados lo confirman. Son personas que tiene vocación de construir en el país, “no están de paso”. Y sienten ya la discriminación en las miradas del otro: “el de la ciudad”.
Violencia encubierta
Según los especialistas, el mapa de la actual política migratoria se va cargando de estigma y violencia encubierta, en una tensa “falsa calma”. Por un lado está la trama mediática que busca consensos para avalar políticas represivas como las del “protocolo de Bullrich” para la protesta social. Por otro lado están las generales de la ley, el cotidiano migrante tan en modo “al borde del abismo” como el resto de la sociedad. En medio, amenazas como la doble condena que se instala para los migrantes ya que, según sostiene Francos «los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso».
Esto solo busca “generar xenofobia y bajar los estándares internacionales de protección judicial, los que dinamitó el DNU 70 de 2017”, precisa Jaramillo. Se refiere por caso a “expulsiones en tres días y sin pruebas”. Muchos de estos casos, que no referían a delitos sino a irregularidades administrativas elevaron a más del 200 por ciento las expulsiones en 2017 y 2018. “Queremos es que puedan defenderse y probar los delitos, y evitar esta doble condena que recae sobre el migrante: la condena penal y la expulsión”, sintetiza.
En el proyecto de la ley ómnibus en tanto, se destaca el segmento que los excluye de la educación gratuita universitaria. Y hay un alerta porque la propuesta educativa en relación al migrantes prevé también para quienes no tengan residencia permanente “arancelar trayectos de educación” sin precisión. Tramos: “puede ser del jardincito al secundario” sospecha una migrante, mamá de cinco hijos argentinos escolarizados.
El protocolo Bullrich
Para sumar a la confusión, el discurso de mano dura contra el migrante que busca instalar miedo “genera ahora una advertencia, si se quiere –advierte Jaramillo–, en momentos como este, previo al paro y marcha del 24 de enero, un alerta destinada a quienes van a la protesta ya que podrían ser expulsados si no tienen residencia provisoria”. Algo “raro”, subraya, ya que esa palabra “no figura en la ley vigente”, explica la investigadora. El Gobierno igual asegura que “sus datos serán informados a la Dirección Nacional de Migraciones”.
Generan temor y miedo, tratan de desalentar la protesta a la que los migrantes tienen derecho. No por ser migrantes sino por ser trabajadores, inquilinos, consumidores afectados por el ajuste, que lleva al paro, a las protestas, a las movilizaciones. Este estado de situación confluye en las actuales política antiinmigrantes.
El mismo odio
“Hoy una gestión de derecha que vuelve con los mismos números, los mismos argumentos, la misma mediatización del tema, que en 2017, y nos ponen en agenda como una cortina de humo para tapar cosas muy graves que están pasando”, sostiene Verónica Jaramillo, la especialista en migración y asilo nacida en Colombia. “Es un tema fetiche, de los que les gustan a estos gobiernos para tapar su mal desempeño, es una fórmula que viaja por el mundo, no lo inventaron acá, no están innovando”, ironiza.
La misma situación de estigma sobre los migrantes se vivió en 2001. Con un imaginario en el que la población boliviana, paraguaya o peruana venía a usurpar el trabajo argentinos, a ocupar lugares en educación y salud. Y encima delinque. “Manipulan la información para generar una situación que no existe”, detalla la investigadora.
“En números estamos en los mínimos de migración en el país según el último censo. Estamos como en 2001, en un 4,2 por ciento –agrega–, esto demuestra que la crisis desincentiva la migración, y la gente se ha vuelto a sus países”. En el promedio histórico además, como país, estamos muy lejos del 30 por ciento de inmigrantes que se computó en 1914, cuando reinaba la idea de una Argentina “blanca, europeizada”, añade.
Con el DNU del ’17 creció más del 200 por ciento la expulsión por irregularidades en cuestiones administrativas como no tener DNI. “El gobierno dicen que va a perseguir criminales y terminan persiguiendo migrantes, ya lo vivimos. Y el impacto real que tuvo ese DNU fue en población en situación irregular migratoria, no delictiva”.
En contraposición, está la historia de “una lucha migrante muy consolidada en Argentina, es una sociedad civil muy organizada que apuesta lo colectivo”. Los estándares del mundo son muy bajos en materia migratoria. “Quieren instalar estas políticas acá, porque saben que es estratégico”, sostiene Jaramillo. Hacerlo sería ejemplificador y disciplinatorio. “Correctivo”, según Bullrich.
