En medio de la emergencia hídrica que afronta la provincia de Salta, desde hace 13 días el agua de red distribuida en el departamento San Martín no es apta para consumo humano. En ese contexto, el gobierno de Salta recomendó que su uso sea únicamente sanitario, mientras se continúan realizando estudios bacteriológicos del suministro que llega desde el dique Itiyuro.
Mientras tanto, se refuerza la repartición de agua potable mediante bidones o camiones cisterna en los municipios de Tartagal, General Mosconi y Aguaray, considerados los más afectados en la emergencia. Sin embargo, la falta de agua potable se extiende a diversas zonas de la provincia, como Santa Victoria Este, Campo Quijano y la propia Capital salteña.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia (Enresp), Carlos Saravia, aseguró que los operativos de reparto de agua en el norte se realizan todos los días, puntualizando su distribución en las comunidades indígenas que se encuentran sobre la ruta nacional 86. Precisamente, desde allí emergen permanentes reclamos pidiendo mayor celeridad en la distribución, así como la entrega de tinacos para almacenar el agua y que se destinen fondos específicos para realizar obras hídricas de gran envergadura.
Saravia dijo que el agua sí llega a las comunidades, sea con demoras o no. Contó que se colocó un camión cisterna de 45 mil litros en las intermediaciones del kilómetro 4, para que se abastezca a las comunidades de la zona. «Enviamos los camiones ya cargados a primera hora y ellos se encargan de abastecer», aseguró.
Además, indicó que se pusieron en marcha 25 camiones cisterna que recorren las comunidades, y una docena de camionetas en Tartagal -dispuestas por la Municipalidad y Provincia- que se usan para entregar bidones de agua. Estas medidas se adoptaron desde el Comité de Emergencia Hídrica, debido a que hace 13 días que no hay agua potable en la zona.
Saravia explicó que la situación responde a que se encuentran afectadas las redes del sistema Itiyuro, y esperan que hoy se realicen los últimos análisis del agua para saber si puede volver a ser consumida por las personas. En tanto, reiteró que «a las comunidades se les ha provisto» de agua, a pesar de los cortes de ruta realizados por ellas.
«Eso se está satisfaciendo», insistió, dando a conocer que el reparto de bidones está llevándose adelante por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta, que depende de esta cartera. Ante los permanentes reclamos de las comunidades, Saravia dijo que el mayor problema en la emergencia hídrica es la falta de infraestructura histórica en las obras de agua de la zona.
Desde hace casi un mes el dique Itiyuro viene con una baja pronunciada en el nivel de agua, la «más severa de los últimos 50 años, producto de una reducción importante de los caudales del río Caraparí y la sequía que afecta a la provincia y gran parte del país», según informó el gobierno de Salta. A eso se suma el mal estado del agua.
Si bien el Itiyuro es la principal fuente de agua de la prestataria Aguas del Norte para Tartagal, General Mosconi y Aguaray, la empresa no actúa en todo el territorio salteño; actualmente provee de agua potable a 92 localidades y 8 parajes -más de 1.000.000 de personas–, y presta asistencia técnica al resto de las localidades de la provincia.
En ese sentido, además de los vehículos dispuestos en Tartagal, Saravia dijo que fueron asignados 14 camiones y 6 camionetas para General Mosconi, y 7 camiones y 4 camionetas para Aguaray.
No obstante, el departamento San Martín no es el único afectado en emergencia, el mismo presidente del Enresp reconoció que desde hace 6 días no hay agua potable en la zona oeste de la capital salteña. Anteriormente, este medio dio a conocer la situación de los vecinos y vecinas del barrio Huaico, en la zona norte de Capital, que padecen la baja presión del suministro desde hace más de dos semanas.
Se sumó recientemente el municipio de Campo Quijano, en el departamento Rosario de Lerma, que tampoco está contando con agua apta para el consumo. En este caso, los cauces del agua están afectados con turbiedad y al no contar con una planta potabilizadora propia en el pueblo, «se tiene que esperar que decante sola para que el agua vuelva a tener un aspecto cristalino».
«Si se distribuye tendrá un aspecto muy turbio y no es potable» y afecta también al funcionamiento de electrodomésticos, dijo Saravia. En ese caso, se puso a disposición 4 camiones cisterna para la zona, además de dictar nuevamente órdenes regulatorias que exijan que la empresa Aguas del Norte informe correctamente sobre la contratación de los camiones, el recorrido a realizar y la calidad del agua distribuida.
El funcionario manifestó que la empresa no ha respondido a ninguno de esos requerimientos, lo que impide llevar adelante un efectivo control. Aguas del Norte «tiene que informarle al usuario cada cuánto pasará el camión», recordó Saravia.
Jarsún, a Aguas del Norte
La semana pasada se supo que el actual presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, dejará su cargo para asumir en calidad de secretario de Justicia de la provincia. Desde la empresa informaron a Salta/12 que quien quien lo reemplazará será el diputado provincial Ignacio Jarsún, oriundo del departamento de Rosario de Lerma. Según lo informado, asumiría la presidencia entre el 26 y 27 de diciembre.
Ante estos cambios, varias de las actividades que se tenían en agenda quedaron suspendidas hasta que no se efectivicen los nombramientos. Una de ellas es el encuentro que se debía producir entre la empresa y la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP).
El lunes por la mañana se canceló esta reunión que debía ocurrir esa misma tarde en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán. «Se suspendió porque hubo cambios de autoridades y estamos esperando un nuevo aviso de la próxima reunión», dijo a este medio el presidente de la UACOP, Abel Mendoza.
La reunión se acordó después de que el miércoles y jueves últimos, las comunidades que integran la UACOP se vieron obligados a cortar la ruta 34 a la altura del municipio de Pichanal, en reclamo de acceso a agua potable. La manifestación fue por promesas inclumplidas de parte del gobierno de Salta.
Mendoza recordó que el 14 de octubre, en Urundel, mantuvieron una improvisada mesa de diálogo con funcionarios del gabinete provincial después de que emprendieran la segunda Marcha Histórica de los pueblos originarios. En ese entonces, uno de los principales reclamos sostenía que se estaban perforando pozos que no tenían agua segura ni monitoreo, e incluso se afirmó que hubo casos en que el agua tenía gusanos.
Tras la denuncia, el gobierno de Salta se comprometió a enviar especialistas a la zona para llevar adelante estudios de potabilidad. Abel Mendoza declaraba entonces que no estaban satisfechos con lo anunciado y que había «temor de que haya un engaño más». Lejos de ser una predicción, la UACOP decidió cortar la semana pasada la ruta nacional 34 porque aquellas promesas aún no fueron cumplidas.
