La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a salir al auxilio de Javier Milei. El tribunal le concedió más tiempo al Gobierno para seguir estirando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). No fue el único servicio que los camaristas le proveyeron a la administración de La Libertad Avanza (LLA) al admitir una queja contra una resolución del juez Martín Cormick: posibilitaron que los funcionarios Carlos Torrendell (secretario de Educación) y Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) dijeran que estaban a derecho durante su presentación ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La disputa por el financiamiento universitario entró en un laberinto de apelaciones y quejas que se aceleró desde que Cormick empezó a intimar al Gobierno para que cumpliera con la medida cautelar que había dictado en diciembre pasado para que actualizara salarios y becas.
El proceso se dividió en dos: la medida cautelar y el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad del decreto con el que Milei frenó el cumplimiento de la LFEU. El 23 de diciembre, Cormick concedió la cautelar que le ordenaba al Gobierno pagar. En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó su resolución. La decisión quedó firme el 25 de junio pasado, cuando la Corte Suprema desestimó los recursos del Poder Ejecutivo.
El 14 de octubre, Cormick dio un paso más: decidió aplicas astreintes al jefe de gabinete, Diego Santilli. Horas antes de la quinta marcha universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal salió al socorro del jefe de ministros al frenar todo el trámite.
Este martes, la Cámara volvió a aparecer en escena al conceder una queja que había presentado el Gobierno. El Poder Ejecutivo protestaba porque Cormick le había dicho que podía apelar su resolución sobre la inconstitucionalidad del decreto 759, pero que él iba a continuar ejecutando la medida cautelar.
El Gobierno alega dos cuestiones. Por un lado, que cumplió con la cautelar: sostiene que los salarios universitarios aumentaron un 226,80 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, aun por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por otro lado, afirma que la cautelar se cayó cuando el juez dictó el fallo de fondo.
La Cámara no examinó si eran correctos los argumentos del Gobierno: sólo le concedió la queja y, con esa decisión, puso freno a la ejecución de la cautelar. Para hacerlo, usó una frase de ocasión. “En la especie, la apelación intentada por la recurrente resulta formalmente procedente, pues —dado el alcance de la resolución cuestionada y, sin que lo que, por el presente se decide, importe adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos—, lo cierto es que la decisión tomada por el a quo de denegar el recurso de apelación —en subsidio al de revocatoria—, es susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada”, escribieron los camaristas.
El fallo lleva las firmas de Sergio Fernández, Jorge Morán y José Luis López Castiñeira. El único titular de la Sala III es Fernández, que hace unas pocas semanas fue parte de la comitiva oficial de Milei a Francia.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante el juez Cormick para cuestionar el monto de las astreintes que le había aplicado a Santilli. El magistrado había dicho que el jefe de Gabinete debería abonar 100 mil pesos por cada día de incumplimiento, una suma que el CIN consideró insuficiente en una presentación que hicieron Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y el abogado Pablo Manili.
Santilli no piensa lo mismo. El jefe de Gabinete se presentó en el expediente con dos abogados particulares, Adrián Maloneay y Julio Virgolini. Santilli se quejó porque el juez no lo había intimado antes de aplicar las astreintes y no había cursado una comunicación individual dirigida a él. Es como si Santilli dijera que no estaba al tanto de que el Gobierno se resiste a pagar lo que las universidades reclaman.
Cormick contestó que, básicamente, todo depende de lo que resuelva la Sala III, ya que allí están la apelación al fallo que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759 y las quejas sobre la medida cautelar que obliga al Gobierno a pagar.
