A mitad de semana llegaron al despacho del presidente supremo, Horacio Rosatti,  cuatro auditorías de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) impresas y otras 18.747 fojas digitalizadas, con las pruebas recogidas. Las mandaba el secretario de administración, Héctor Daniel Marchi, con un mensaje: debían enviar todo a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo había pedido. Era un material explosivo, que los supremos conocían pero que no habían hecho público: por empezar, en la OSPJN se habían perdido 3 mil millones de pesos en seis meses, no en el pasado remoto sino en 2022; se detectaron faltantes de 30 mil medicamentos; hubo aumentos de 500 por ciento para prestadores elegidos y compras directas; más otras cuestiones ya conocidas como que no hay presupuestos oficiales, ni sistema contable ni balances. La reacción de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda ilustra la feroz guerra que atraviesa al tribunal puertas adentro. En lugar de girar todas las actuaciones al Congreso, decidieron expulsar a Marchi, un hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y mandarlo a la Cámara de la Seguridad Social a modo de represalia. El enfrentamiento interno es total.

Esta semana, después de ciertos testimonios en la Comisión de Juicio Político, quedó claro que el capítulo de los desmanejos en la Obra Social podría ser uno de los más comprometedores para la Corte. Un perito/auditor dijo en forma categórica que durante 13 años la OSPJN nunca entregó un presupuesto y que no hay sistema de contabilidad. Lo mismo afirmó otra exfuncionaria que duró pocos meses. Y una prosecretaria conocida en la Corte como «la sobrina de Maqueda» admitió que firmaba cheques millonarios para proveedores sin ser contadora ni tener formación específica.

«Es una sanción»

«Con tristeza por esta Corte», comienza la disidencia de Lorenzetti. Es una cita de jueces del máximo tribunal de Estados Unidos en un fallo del año pasado donde cuestionaban a la mayoría. «Una expresión similar correspondería efectuar con relación a la decisión que se adopta en esta acordada, que es menor por sus efectos, pero relevante por los principios que se ven afectados», advierte. Luego menciona las razones reales por las que echaron a Marchi de la Corte, a la que había llegado con él a fines de 2003: «Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril (…) en relación a la Obra Social». Las motivaciones, agrega, «evidentemente» «no son administrativas». «En segundo lugar –dice– se afecta el prestigio jurídico y social de esta Corte» y «la coherencia de las decisiones» al ponerse «en contradicción con los actos propios». En otro voto en minoría, referido puntualmente al traspaso de Marchi a otro tribunal, enfatiza que «desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley». «El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial», señala. Acota que es inaplicable mandar a Marchi a una Cámara porque como secretario del alto tribunal tiene rango de camarista, y sería como agregar un juez más.

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El trío mayoritario ya tramaba alguna medida para echar a Marchi o quitarle facultades pero la mantenía latente a modo de amenaza, porque era sabido que el contador sería citado como testigo en el juicio político contra los supremos y que conoce al detalle los informes sobre la Obra Social que, paradójicamente, ellos mismos le habían encomendado. Además, es evidente que él haría todo lo posible por mostrar que los desmanejos en la obra social no fueron responsabilidad suya, tal como deslizó en el segundo escrito que presentó pidiendo el apartamiento de la mayoría en una demanda que él le inició a Elisa Carrió por falsa denuncia, y que hasta ahora ganó. De ahí se desprendía que, en todo caso, las responsabilidades habría que buscarlas en el directorio de la OSPJN y en los jueces.

La nota enviada por Marchi a Rosatti decía que la Comisión de Juicio Político había pedido la información sobre la OSPJN el 11 de abril y que había que enviarle los cuatro informes de auditoría encomendados desde 2021, cuando salieron a la luz las primeras irregularidades. El detalle es que de esas evaluaciones la Corte había hecho pública solo una, la primera. El resto las mantuvo en secreto. Quedaría a la vista que había numerosas anomalías correspondientes incluso a la gestión del directorio actual y que los supremos ante esto no hicieron nada. Es, en rigor, lo que planteó Lorenzetti en la nota que publicó en el Centro de Información Judicial (CIJ) y que sus otros tres colegas rechazaron en una resolución, por considerar que no tenía validez. Hasta este jueves a la noche, las auditorías no habían sido enviadas a Diputados.

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Excusas de la mayoría

La reunión de acuerdo de este jueves duró solo diez minutos. Lorenzetti llegó último y Rosatti le anunció que publicarían la acordada de «reestructuración» del área que estaba a cargo de Marchi, que venían amasando desde fines de marzo. Los tres cortesanos de la mayoría directamente desarticularon la secretaría de administración y crearon nuevas dependencias. El argumento formal que escribieron es que están «en un proceso de modernización y reorganización» y de «transformación de las estructuras administrativas», a lo que agregaron que faltan mecanismos de control.

¿Qué crearon? Una Secretaría Jurídica General «para resguardar la legalidad de la actividad de superintendencia». Bajo su órbita pusieron una Dirección de Sumarios, otra de Asuntos Contenciosos, una Asesoría Jurídica General, la Mesa de Entradas y el régimen de declaraciones juradas de jueces/zas. Estará a cargo de manera transitoria de Sebastián Clérici, un secretario de larga trayectoria en la Corte. En la Secretaría de Administración nombraron a otro secretario histórico, Damián Font. También anularon el Cuerpo de Auditores y la Unidad de Auditoría Interna, y crearon una Dirección de Control Interno y Auditoría que las absorberá. Resolvieron que este sector debe tener «autonomía funcional» pero a la vez establecieron que dependerá del pleno de la Corte.

En la breve cumbre suprema, Lorenzetti les dijo a sus compañeros que quería agregar su disidencia. La había hecho circular ya el 5 de abril. El trío le dijo que no, lo que generó una discusión que duró toda la tarde, hasta que la admitieron a regañadientes. Hubo, finalmente, dos acordadas con discrepancias del juez solitario. Una es la que dispone la reestructuración de direcciones y secretarías y otra es la que ordena que Marchi se vaya a la Cámara de la Seguridad Social y designa a los nuevos secretarios.

Lorenzetti acusa a sus pares de haberse apartado de «los principios jurídicos de la Corte y del Derecho», además de generar «inestabilidad en las instituciones» ya que la estructura vigente era la que habían decidido él, Maqueda y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Dice que el nuevo esquema genera más gasto público «quebrando una década de políticas de austeridad» y que «el aumento innecesario del gasto en el Estado frente a una población que debe restringir el suyo, no hace más que abrir una brecha entre las instituciones y el pueblo». Afirma que las secretarías son costosas y que algunas no tienen sentido, como la de Desarrollo Institucional, creada en la presidencia de Rosenkrantz, «que no tuvo funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas». Esa secretaría –detalla su voto–, solo en sueldos cuesta 150 millones de pesos al año y «no ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo».

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En otros párrafos durísimos que retrucan a la mayoría, advierte que si realmente se quiere «controlar el funcionamiento de la Corte de modo transparente» el control debería ser externo y no con secretarios que posiblemente sean personas de confianza, sin concurso, con lo que «el control quedaría en manos de los controlados». También denuncia que desde 2021 se redactaron acordadas «en el área de presidencia obviando el procedimiento interno de control». Esto, además, apunta que conduce a errores administrativos. Una confusión que les adjudica a sus compañeros es entre el concepto de «auditoría externa» y «auditoría y asesoramiento interno». Así se «devalúa la palabra transparencia al hacer exactamente lo contrario», remata.

Qué esconde la Corte

Marchi, quien tras la acordada pidió licencia, había hecho un primer diagnóstico de la Obra Social en octubre de 2021, cuando la dirigía Aldo Tonón –designado en 2008–, ahora imputado en una causa penal, y a quien le aceptaron la renuncia hace dos semanas. A Tonón lo supervisaba Maqueda, quien en un e-mail admitiría las irregularidades. El primer informe que revelaba la concentración de decisiones, vulnerabilidad del sistema informático, pérdida de información, entre otras cosas, fue dado a publicidad. Pero el secretario administrativo hizo tres más donde aparecían los problemas contables y con fondos, incluso en la gestión que continúa, con Mariano Althabe. De esos documentos surge que no se pudo determinar cómo se perdieron 30 mil medicamentos por 80 millones de pesos; que hay compra directa de remedios por 400 millones de pesos mensuales; que la OSPJN es superavitaria con dinero de los afiliados en el Banco Nación y el  Banco Ciudad, pero la falta de inversión en plazo fijo llevó a que se perdieran 3000 millones de pesos en seis meses. No hay licitaciones: el traslado en ambulancia, la atención de emergencia y a domicilio se pagan directo a una empresa elegida a dedo por más de 20 milllones al mes.

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