El organismo internacional había dado 60 días para que la Santa Sede respondiera

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo saber que, luego de una intimación enviada en abril que establecía un plazo de 60 días, el Vaticano sigue sin dar respuesta al organismo internacional sobre los casos de abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas de ocho países, incluyendo la Argentina. “Ante la falta de respuesta de las autoridades de la Iglesia Católica, el tema va a ser analizado como un problema de Estado en la Asamblea de la ONU”, dijo Sergio Salinas, abogado querellante en la causa por corrupción de niñas y niños en el Instituto Próvolo de Mendoza.

El Xumek, organismo de Derechos Humanos cuyos abogados son querellantes en el Caso Próvolo, señaló que el reclamo de la ONU se hizo a través del Relator Especial “sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de los hechos denunciados. Los casos ocurrieron en Argentina, Alemania, Bélgica, Francia, Canadá, Chile, México y Colombia. El Xumek forma parte de las organizaciones que elevaron las denuncias a la ONU en 2020.

Algunos casos están relacionados con “la venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”.

En febrero del año pasado, los representantes del Xumek, a través del Colectivo por la Restitución de Derechos a las víctimas del Próvolo y de los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas, se sumaron a la demanda de ECA (Ending Clergy Abuse), que busca “poner fin al abuso eclesiástico”. La denuncia conjunta ante el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU fue para pedir explicaciones y reparación a la Santa Sede.

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El 7 de abril, los Relatores de la ONU intimaron al Vaticano para que, en el plazo de 60 días, respondieran los siguientes puntos :

–Dar resultados de investigaciones recientes en relación con el abuso sexual de niños. Informar sobre normativas para que se establezca la obligación de notificar a las autoridades civiles, sin temor a represalias, todos los casos sospechosos de abuso sexual.

–Informar si se ha prohibido el traslado de autoridades de la Iglesia Católica acusadas de abusos.

–Dar detalles sobre las medidas adoptadas para detectar, responder y remediar todas las formas de violencia y abuso.

–Detallar las medidas adoptadas para garantizar la no repetición de los hechos denunciados.

–Proporcionar información sobre medidas concretas para garantizar una investigación rigurosa y verificaciones de antecedentes de los miembros del clero.

–Informar si se ha emitido una disculpa pública por los hechos ocurridos.

–Proporcionar información sobre las medidas tomadas para garantizar que cualquier persona condenada por estar involucrada en abuso sexual sea eliminada de la jerarquía de la Iglesia.

En relación con el Próvolo se está realizando el segundo juicio oral, donde están imputadas las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez junto con siete mujeres laicas que eran directivas o empleadas del instituto. En el primer juicio fueron condenados los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, por hechos aberrantes contra niñas y niños que estaban a su cuidado.

El Xumek, sobre los hechos ocurridos en el Próvolo, puntualizó que “continúan sin avance las denuncias contra el Emisario del Vaticano, Dante Simón, por el incumplimiento a una orden judicial que lo obliga a informar a la Justicia de Mendoza sobre las investigaciones internas que la Iglesia Católica había realizado con relación al Próvolo. El pedido fue formulado hace un año.

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Aunque la ONU carecer de poder punitivo sobre los países, incluyendo al Vaticano, el informe del organismo internacional “sienta un enorme precedente” sobre este tipo de delitos sexuales. El Xumek espera que “los sobrevivientes del Próvolo accedan, por fin, al pedido de justicia y para que Nunca Más ocurran abusos sexuales eclesiásticos”.

El pedido de la ONU ante el Vaticano, incluye la mención de casos ocurridos en otros siete países, además de Argentina. En Alemania, en septiembre de 2018, un informe encargado por la Conferencia Episcopal reveló la existencia de 1.670 abusos por parte de la clérigos y 3.677 víctimas. Allí se puso en evidencia la práctica de transferir a otros lugares a los sacerdotes acusados.

En Bélgica, las autoridades católicas y gubernamentales han verificado más de mil casos de abuso. En Francia, la Conferencia Episcopal, a través de una comisión independiente, estableció la existencia de 4.000 víctimas de abuso ty 1.500 presuntos autores.

En Canadá, en 2006, se comprobó que los niños indígenas, separados por la fuerza de sus familias, fueron enviados a escuelas durante 120 años de historia. Cerca de 3.200 de esos niños han muerto y 31.970 han sido agredidas sexualmente. En Chile, hubo 344 denuncias contra clérigos acusados ​​de agredir sexualmente a menores.

En México, la Congregación de los Legionarios de Cristo admitió que 33 miembros de la orden abusaron de 175 menores. Once de los perpetradores habían sido violados por el fundador de la congregación y luego se convirtieron en abusadores ellos mismos. En Colombia, el Cardenal Arzobispo de Bogotá informó, en 2019, doce casos de abuso sexual en su arquidiócesis. Además, fueron denunciados más de un centenar de casos, aunque nunca se entregó hasta ahora una nómina oficial sobre el tema.

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