Un cambio radical en el discurso dominante
Una de las argucias de las multinacionales para incrementar sus ganancias es la llamada “optimización fiscal” y un aspecto de esta consiste en implantar, formalmente, su sede en un país con tasas de impuestos sobre sus beneficios muy bajas de tal suerte de eludir el pago de dicho gravamen en el país en que son realizados dichos beneficios o en su país de origen. Ciertos países como Irlanda, Luxemburgo, Suiza o Uruguay, entre otros, han elaborado normativas impositivas de tal suerte de aprovechar esta veta para obtener recursos fiscales “regalados” transformándose así en “casi” paraísos fiscales. Las nueve zonas francas (de propiedad privada) en Uruguay y la reticencia de este país a proveer la información fiscal lo llevó a ser incluido hasta hace unos años por la OCDE en su lista “gris” de los paraísos fiscales son un ejemplo cercano de este tipo de astucias. La propuesta de Janet Yellen es que el Estado del país donde las multinacionales realizan los beneficios recupere los impuestos que estas deberían pagar.
Veamos algunos ejemplos: si Google tiene sus clientes y realiza beneficios en la Argentina es justo que los impuestos sobre estos beneficios los pague en Argentina a la tasa argentina y no en Irlanda al 12,5 por ciento como sucede en la actualidad. En esta misma situación se encuentran igualmente los USA o Francia países donde Google realiza enormes beneficios. El mismo razonamiento puede hacerse con Mercado Libre cuyos clientes son argentinos pero su dueño vive en Uruguay. Para las exportadoras la situación es idéntica: la oficina de Cargill en Argentina compra la soja y cereales a precio vil a los chacareros, cede a su casa central lo comprado a un precio irrisorio sin beneficio y Cargill paga el impuesto a los beneficios realizados en Argentina en otro país con lo cual el país pierde enormes recursos impositivos.
Una vez pagados los impuestos más bajos en esos países serios, los beneficios ya oficializados, son transferidos “legalmente” a los paraísos fiscales de la lista negra de la OCDE que son mayoritariamente ex colonias británicas o norteamericanas Anguila, Caiman, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles, que Mario Rapoport llamó en un artículo aquí en Cash “las guaridas fiscales”. Este mecanismo de evasión impositiva es uno de los aspectos más notorios y controvertidos de la mundialización. Si bien los medios han ejemplificado esta forma de operar citando a los GAFAM acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft este método es utilizado como hemos visto por muchísimas empresas multinacionales y no solo las del sector más moderno de la economía. Las cifras de beneficios de las multinacionales en los paraísos fiscales dan vértigo se habla de 1,5 billones de dólares.
La evasión fiscal masiva utilizando esta operatoria inquietaba desde hace mucho a todos los gobiernos y finalmente el G7, grupo constituido por las principales economías mundiales, acaba de llegar a un acuerdo según el cual se propondrá en la reunión de los ministros de finanzas y directores de los bancos centrales del G20 en Venecia en julio próximo, que se imponga una tasa fiscal global mínima de “al menos del 15%” a los beneficios de las mayores multinacionales y el producto recaudado será distribuido entre los países en los cuales se han obtenido dichos beneficios. El nivel de la tasa no es aun definitivo ya que Janet Yellen, Ministra de economía de los USA, propuso el 21%, se deberá crear una entidad recaudadora y redistribuidora, probablemente asociada a la OCDE, y el modo de reparto de lo recaudado tampoco se conoce en detalle ya que en definitiva deberá ser aceptado por los otros países.
Las primeras iniciativas de esta nueva normativa impositiva fueron propuestas por Francia hace 5 años para impedir la evasión fiscal de las plataformas de alquiler de alojamientos turísticos, la publicidad en Internet sobre los que no se podía ni aplicar el impuesto a las ventas ni recaudar los impuestos a los beneficios de las empresas que operaban en esos sectores. No solo las plataformas no pagaban impuestos en el país en que se proveía el servicio sino que estas compañías propiciaban la evasión fiscal de los particulares que ponían sus viviendas a disposición de turistas que pagaban a estas plataformas. Una situación similar fue padecida por Nueva York donde su intendente acusó a Airbnb de provocar un aumento de los alquileres en la ciudad. Frente al bloqueo de Trump, en la OCDE donde se discutía la eventual normativa, Francia decidió en 2019 de aplicar una tasa de manera unilateral que le es específica.
El hecho de crear un impuesto mundial es un evento no solo inédito sino extraordinario y la decisión de los principales economía mundiales de iniciar el combate contra la evasión fiscal en su globalidad un cambio copernicano. Implica además un cambio trascendental en el concepto del derecho de propiedad y reafirma claramente el principio de la soberanía fiscal ya que sostiene que los impuestos sobre los beneficios realizados que deben pagarse donde las empresas realizan la producción y el consumo de los bienes y servicios.
Sus implicancias son múltiples. En primer lugar la medida busca destejer una de las bases de la mundialización: quienes defendían esta forma de organización de la economía mundial impulsaban a una competencia fiscal entre los países para bajar los impuestos a las empresas con el objetivo de que estas se instalaran en su propio país. El resultado fue que hace 40 años el promedio del impuesto al beneficio de las empresas era de alrededor del 50% y fue bajando hasta llegar en la actualidad a alrededor del 25 por ciento aunque ciertos países como Paraguay la tasa nominal es del 10 por ciento.
Paradójicamente la propuesta de Janet Yellen es de una increíble banalidad ya que los países donde se realizan la producción y la venta de los bienes y servicios van a recuperar un parte importante de la evasión fiscal de sus propias empresas. Los países como Argentina donde prima la economía extractivista van salir favorecidos puesto que podrán recuperar una parte de la evasión fiscal practicada por las empresas extranjeras exportadoras de cereales y otros exilados fiscales que practican la evasión fiscal a través el sistema de las plataformas fiscales.
En segundo lugar es importante definir como se hará el reparto del monto global recaudado. Si la clave del reparto es una simple regla de tres se va preservar una relativa equidad pero los países avanzados serán los beneficiados. Pero se pueden imaginar otros métodos como que cada país reciba según el volumen de ventas realizado en cada país imponiendo en el cálculo un coeficiente de ponderación que sea mayor cuanto menor sea el PIB per capita ponderado de tal suerte que los países emergentes vean su participación bonificada.
En tercer lugar la normativa va a facilitar un cambio en la estructura fiscal. En los últimos 40 años la presión de las multinacionales les permitió obtener una disminución de las tasas del impuesto a los beneficios con el argumento de implantarse allí donde tasa era menor. Concomitantemente había una presión para bajar las tasas del impuesto al ingreso y en general de los impuestos directos con se vio con la baja del impuesto a los bienes personales realizada por Macri. Esto hacía que se debieran aumentar las tasas indirectas como el IVA, impuesto al cheque, a o las tasas ABL etc. para solventar los gastos del Estado y hacía que la estructura fiscal fuera más regresiva.
En cuarto lugar la acción de Janet Yellen tiene como perspectiva estratégica hacer desaparecer los paraísos fiscales de la lista negra y debilitar de manera determinante los “casi paraísos fiscales”, Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Andorra Liechestein, las islas Jersey, Guernessey, Man, San Marino, pero también Costa Rica, Hong Kong, Singapur, Macao, el Estado de Delaware etc. Estos lugares donde prolifera la delincuencia financiera son una cobertura legal al lavado de activos obtenidos de manera claramente delictiva a la cual están asociados algunos bancos. No es una casualidad si los grandes escándalos financieros mundiales de los últimos años aparezcan personajes políticos argentinos de primera línea como Macri y Prat Gay han sido citados en la Lista Falciani, o los Panama Papers.
bruno.susani@wanadoo
Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.
