En medio de la crisis nacional por la pandemia de Coronavirus, las familiares de detenidos de la provincia de Buenos Aires hicieron un llamado urgente a que el Estado garantice la seguridad de todas las personas detenidas y sus familias.
«Estamos sumergidxs en una pandemia. Es una situación de emergencia. El Estado argentino cobra protagonismo para cuidarnos y evitar una tragedia social. En este contexto de aislamiento obligatorio, se pone en evidencia una gravísima situación que hasta el momento había quedado invisibilizada: las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, han sido sostenidas por las familias de las personas privadas de libertad«, aseguraron.
A través de un comunicado, advirtieron que «las cárceles son espacios no aptos, donde no les están brindando ni la alimentación ni la medicación que necesitan las personas detenidas. La situación es grave, contundente. La visibilidad es vital, de vida o muerte. Hace años están forzadxs a vivir así, y hace años que así mueren, miles, a cargo del Estado. Pedimos a todos los medios que difundan esta situación».
También explicaron que «las familias somos las mujeres, pobres y empobrecidas aún más por el impacto de la cárcel en nuestras vidas. Somos quienes visitamos a nuestrxs familiares presxs y cargamos con la presión de garantizar lo que el Estado no hace: mantener con vida a las personas detenidas«.
«El Estado bonaerense, que hoy tiene privadas de su libertad a cerca de 50.000 personas, tiene presupuesto para garantizar la comida, las medicinas, los artículos de limpieza edilicia e higiene personal de las personas encarceladas. El Estado de Buenos Aires tiene mucho más presupuesto que nosotras para eso, pero no lo hace… desde hace años. Lo tenemos que hacer nosotras«, manifestaron.
En ese sentido, las familiares destacaron que esa desatención se hace evidente «cuando el Ministerio de Justicia, así como el Ministerio de Seguridad han emitido una resolución que nos permite la circulación para ASISTIR a nuestros familiares detenidos en cárceles o dependencias policiales. ASISTIR, en este caso, es un eufemismo para encubrir que se trata de suplir las obligaciones estatales. Si el Estado no puede garantizar la vida de las personas bajo su custodia, entonces, la pena se vuelve ilegítima».
Por todo eso, alertaron: «Nosotras no podemos arriesgarnos a ser transmisoras del COVID19 al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades y mucho menos al interior de las cárceles. Si el COVID19 entra en las cárceles bonaerenses, se va a encontrar con 50.000 personas en situación de gran vulnerabilidad, mal alimentadas, sin atención a la salud, viviendo en pésimas condiciones materiales y de higiene, y con niveles de hacinamiento inimaginables».
«Las mujeres familiares de detenidxs no somos médicas, ni bomberos, ni enfermeras. No cumplimos con un servicio esencial y no podemos circular por las calles. Muchas familias viven alejadas de las prisiones, lo que implica tomarse varios transportes públicos para llegar a las cárceles y estar horas y horas circulando. Nosotras somos familias con bajos recursos, somos trabajadoras de la economía informal. La mayoría de nosotras hemos perdido nuestros ingresos producto de la pandemia. No podemos seguir sosteniendo las cárceles de Buenos Aires, hoy ya no es posible. Todas las personas debemos cumplir con el aislamiento decretado por nuestro presidente. ¿Por qué a nosotras nos obligan a salir?».
En la misma línea, reiteraron que «el Estado tiene la obligación de evitar que la pandemia entre a las cárceles bonaerenses. Confiamos en la sensibilidad y en la escucha que esta gestión tiene con los sectores más castigados y desiguales de nuestra sociedad. Necesitamos quedarnos en casa sabiendo que el Estado va llegar a nuestrxs familiares para garantizar sus derechos y no poner en riesgo a toda la sociedad».
