Alejandro Vandenbroele siempre esquivó las cámaras y los micrófonos. Pese a su enorme exposición por el escándalo de Ciccone, casi no se le conoce la voz. Mucho menos desde que ingresó al Programa de Testigos Protegidos, en noviembre de 2017. Su estrategia se acaba de derrumbar. La filtración de su legajo personal reveló que habría cobrado $1.500.000 para gerenciar una posada en la provincia de Mendoza. Para Vandenbroele, esa filtración es parte de una maniobra para intentar beneficiar al ex vicepresidente Amado Boudou y otros condenados. La sentencia de ese juicio ya fue confirmada por la Cámara de Casación y ahora está en manos de la Corte Suprema. “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dice apenas se enciende la cámara.
Entrevistado por Infobae, Vandenbroele sostuvo que “alquiló” la posada “La Masia” con aportes de su familia. Pero se negó a revelar cifras concretas ni los detalles de la operación. “Yo alquilé una propiedad que hacía las veces de vivienda, ya estaba acondicionada como posada”, contó. El arrepentido vive y trabaja en ese lugar, alejado del ruido de las grandes ciudades.
En su defensa, le apuntó, sin nombrarlo, al flamante presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, que habló de “testigos comprados” y dijo que «si el testigo arregló su precio para declarar en contra de alguien, esa sentencia deberá ser investigada”.
Vandenbroele se reunió hoy con una defensora oficial. “Mañana nos vamos a presentar en los expedientes y luego vamos a dar las explicaciones ante la Justicia», adelantó esta tarde ante una consulta de este medio.
En el mismo juzgado quedó radicada una denuncia promovida por el director de la Agencia de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos, un funcionario elegido por el ex ministro Germán Garavano. Su continuidad en el cargo depende de un Consejo Consultivo que hasta ahora nunca se reunió. La demora agitó rumores internos. Aunque el DNI iba a pasar por el Congreso, finalmente el Gobierno decidió derogarlo por decreto. De esa manera, el Programa volverá a la órbita del Ministerio de Justicia.
Vandenbroele por ahora seguirá dentro de la Agencia de Protección de Testigos. “No veo mala intención en la gente del Programa, estoy agradecido. Me he sentido muy protegido. Por una manzana podrida no hay que criticar a todos”, contesta sobre su futuro.
-¿El proyecto del hotel es cierto?
-Yo alquilé una propiedad que hacía las veces de vivienda, una propiedad que ya estaba acondicionada como posada. Me solucionaba dos temas: mi reinserción laboral y vivir ahí. Esa propiedad la alquilé con la ayuda de mi familia. De hecho, familiares míos son garantes en ese alquiler. (…)
El alquiler de la posada es muy posterior a mi declaración. Nadie me compró un hotel como salió en ciertos medios.
-¿A qué adjudica la filtración?
-Mi interpretación del tema es que hay intereses concretos en mejorar la situación procesal de ciertas personas y socavando mi testimonio se pueden ver beneficiadas.
Según los documentos filtrados, el 24 de agosto de 2018, un ex agente del Programa asignado en ese momento a Vandenbroele, Carlos Linsalata, pidió 1.500.000 pesos para el arrepentido. En ese escrito menciona la condena contra Boudou y otras personas, que había ocurrido apenas dos semanas antes.
Linsalata, un ex integrante de la Policía Metropolitana que también tuvo un paso polémico por la Aduana durante la gestión de Juan José Gómez Centurión, dejó el Programa a fines de 2018 en medio de una interna.
Los pagos al arrepentido habrían comenzado en junio y se extendieron hasta fines del año pasado.
La filtración del legajo secreto de Vandenbroele desencadenó varios movimientos de las defensas de los condenados en el juicio de Ciccone. Además de la denuncia penal, hubo presentaciones ante la Corte Suprema y el Tribunal Oral Federal que condenó al ex vicepresidente.
Ese tribunal rechazó la semana pasada un planteo de la defensa de Rafael Resnick Brenner, ex hombre fuerte de la AFIP. En ese fallo, el juez Néstor Costabel destacó que Vandenbroele “se limitó a brindar (en el juicio de Ciccone) un relato confesorio, que fue valorado como un elemento más -y no dirimente-, a los fines de acreditarse algunas circunstancias involucradas en las imputaciones que pesaban sobre él mismo y los restantes enjuiciados”.
Fuentes de Cambiemos aseguran que los proyectos laborales de los arrepentidos “son legales” y que están previstos en las normas. El decreto que creó la Agencia habla del “suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios”.
El de Vandenbroele no es el único caso. Leonardo Fariña le confirmó a este medio que presentó un proyecto de una planta de biodisel cuando era parte del Programa, aunque fue rechazado.
El ingreso al Programa y el cambio de vida
-¿Cómo llegó a tomar la decisión de arrepentirse?
-Es un proceso más largo, venía dando vueltas en la cabeza. (…) El comienzo del juicio oral yo creo que fue un determinante. El día que empieza el juicio todos los acusados tenían abogados y yo no tenía abogado. Es por eso que yo me presento solicitando un defensor oficial. Los medios lo presentaron, con lógica, que era todo un ardid para tratar de demorar el comienzo del juicio. La verdad es que no tenía abogados. Entonces fueron una serie de cosas que me fueron llevando a decidirme.
Dos meses antes, se filtró un encuentro en el Ministerio de Seguridad para intentar convencer a Vandenbroele. “Recuerdo que salió una noticia en los medios que yo había pedido dinero. Eso no existió”, dijo.
La detención de Boudou y su socio apuró los tiempos.
“Cuando yo ingreso al Programa de Protección de Testigos, a instancias del juez de la causa, que era el doctor Lijo, nadie me ofrece dinero para decir lo dije, para efectuar mi declaración, mi declaración que hice en el marco de la causa Ciccone y la declaración que hice ante el fiscal fue libre, no fue coaccionada y no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele.
El arrepentido habla pausado. Piensa cada palabra. Pese a la filtración, todavía deber preservar la confidencialidad sobre su vida.
Sobre el proyecto laboral de la posada, el arrepentido asegura que es legal, sin dar detalles. “Los que ingresan al Programa sufren una serie de restricciones muy severas en su vida. Uno deja de tener la vida como la conocía antes, tiene restricciones sociales, familiares y laborales. Uno ya no puede desempeñar tarea alguna y entonces el Programa prevé una asignación económica para paliar esas restricciones. También hay una asignación económica para una reinserción laboral”, explicó.
-¿Cómo es su vida actual?
-Las medidas (de seguridad) van de mayor a menor. En mi caso, se fueron atenuando. Ahora tengo una vida bastante normal. Mi vida social la recuperé con el tiempo, obviamente la vida familiar la recuperé muy rápido.
