Debates como un aumento en los haberes, la fórmula de actualización, una reforma previsional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así como el futuro de la obra social, son clave.
Distintos desafíos y debates se le presentan al nuevo gobierno, tanto a corto como a largo plazo, respecto al sistema previsional y políticas públicas para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas adultas mayores.
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, destacó que «hay una cuestión inexorable que es algún tipo de recomposición o reajuste de los haberes jubilatorios porque (los montos actuales) ya no dan para respirar».
Sostuvo que esa medida debería ser extensiva a las distintas escalas dado que «cuando se aumentaron las mínimas desde 2002, 2003 al 2007 se produjo un achatamiento de la pirámide (de los haberes jubilatorios), con lo cual si se vuelve a lo mismo, vamos a tener un crecimiento vertiginoso en litigios, se tendría una meseta más extendida y un nivel de insatisfacción porque el que cobra la (jubilación) media no es que gane demasiado tampoco».
También indicó que «un bono, por única vez, se extingue como agua entre los dedos».
Asimismo señaló que «escuché que hay intención de modificar la fórmula de movilidad, (dado que) con la actual los adultos mayores perdieron 20 puntos el año pasado y van a estar perdiendo 5 puntos este año». Sin embargo indicó que «esta modificación está mirada desde un punto de vista de corto plazo, cómo salimos de la emergencia».
«Ampliar derechos»
Semino sostuvo que «hay que fijar un plan de recomposición progresivo, realista, y me parece que hay que utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para esto, pero a su vez hay que hacerlo con una mirada integral».
Y manifestó: «Tenemos que ser claros, hay que hacer una reforma, pero hay que modificar la etimología de la palabra reforma en el país porque siempre fue utilizada para restar derechos y hay que plantear una a largo plazo para ampliar derechos y, para eso, se necesita consenso de todo el sistema político».
Opinó que para una reforma del sistema previsional «hay que incorporar a todos los sectores y tener una mirada holística del tema, no se puede ver al sistema previsional al margen del sistema de salud».
En este punto, Semino, quien también es el presidente del Comité Académico de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), remarcó que «hoy, el sistema de salud está cuasi quebrado, es obsoleto, está fraccionado y no se sabe cuál es el destino».
Indicó que a la obra social PAMI «la veo complicada, está mal porque está atada al sistema de salud y si hablamos que el sistema de salud está en crisis, también lo está el PAMI».
Asimismo destacó que «el último año se hizo una tarea administrativa para que el dinero alcance, para pagar contratos, y hay una crisis terrible porque los contratos con los prestadores eran a un dólar a 40 pesos y hoy hay que pagar a 60 y pico» cada dólar.
«Medidas de emergencia»
Por su parte, el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, Marcos Wolman, señaló que el tema de los montos de los haberes «requiere medidas de emergencia, no admiten dilaciones».
«En el mes de diciembre se tiene un aumento del 12,74%, lo que significa que el haber mínimo jubilatorio va a ser de 14.068 pesos, o sea 13.646 pesos de bolsillo deducido el porcentaje para la obra social -detalló-. Esto es el 34% de la Canasta Básica de los Adultos Mayores que elabora la Defensoría del Pueblo porteña», la que está alrededor de los 38 mil pesos.
Asimismo indicó que para «marzo de 2020 ya está establecido el aumento (que será) de 11,56%, o sea que el haber mínimo pasará a 15.223 pesos de bolsillo».
Motivo por cual sostuvo que «la distancia» entre los montos de los haberes jubilatorios y la Canasta Básica de los Adultos Mayores «requiere de un aumento de emergencia incorporado al haber y el restablecimiento de las escalas».
«Este es un primer tema, es urgente, de subsistencia. Estamos hablando que más del 70% de los jubilados y pensionados no llega a cubrir» esa canasta básica, advirtió.
Reforma previsional
En tanto, Wolman, quien también es coordinador de América de la Unión Internacional Sindical de Jubilados y Pensionados de la Federación Sindical Mundial, destacó que «otro aspecto central tiene que ver con temas más estructurales, (dado que) todavía no tenemos información de cuáles son las propuestas que hay en relación al sistema previsional».
La Mesa Coordinadora presentó cuatro veces un proyecto de ley, dado que «cada dos años fue perdiendo estado parlamentario porque no fue tratado en la Comisión respectiva», señaló.
La iniciativa, indicó, «tiene 3 aspectos principales». Uno de ellos es «como debe ser la tasa de sustitución del salario a la jubilación, donde seguimos planteando que es necesario volver al 82% móvil sobre el salario del trabajador en actividad en su mismo cargo, oficio o función y no sobre el salario mínimo, vital y móvil», explicó.
Como segundo aspecto, señaló, «el haber mínimo debe cubrir la Canasta Básica de los Adultos Mayores porque la jubilación no es un subsidio, es un sustituto del salario y debe cubrir una canasta para vivir en condiciones dignas».
El tercer punto clave del proyecto de la Mesa Coordinadora es «la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social, como ya existió en una época, que es una entidad pública que establece un directorio para poder administrar los fondos previsionales y en cuyo consejo directivo estarían representantes de los trabajadores en actividad, los trabajadores jubilados y el Estado».
Fondo de Garantía
Por otra parte remarcó que «el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay que cuidarlo, estamos en una tercera parte de lo que había en 2015».
«Hay un desfinanciamiento del sistema tanto del FGS como del sistema previsional», advirtió.
Además, Wolman sostuvo que «se trata de ver de qué manera tenemos un sistema previsional como corresponde para los actuales jubilados y las futuras generaciones».
«Debate de una reforma no con los lineamientos, el acta acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)», dado que implica «disminuir el haber jubilatorio, aumentar la cantidad de años de aporte, igualar la edad de la mujer a la del hombre», indicó.
También Wolman apuntó el grave problema del «trabajo no registrado, la desocupación y la precarización» laboral en el país, que es «un tema fundamental a resolver».
Piden normalización
Acerca de la situación del PAMI, Wolman señaló que «es una obra social con 5 millones de afiliados, la más grande de Latinoamérica», que fue creada como «un ente público no estatal, según la ley original de 1971», pero «está intervenida».
«Ahora se designa una nueva interventora y lo que estamos planteando es que es necesario normalizar la obra social porque la situación es muy crítica, hay temas de mucha complejidad, de luchas en distintas provincias, como cambios en los sistemas de contrataciones, falta de elementos necesarios para operaciones, etc», agregó.
«Pagamos a la obra social desde que comenzamos a trabajar hasta el fin de nuestros días -explica-. Porque aportan los trabajadores activos, a quienes se les deduce un porcentaje para el PAMI y un porcentaje para su obra social correspondiente a su gremio, y también los jubilados, quienes seguimos pagando un porcentaje. Sin embargo, no tenemos participación en la toma de decisiones en el manejo de los fondos ni en las contrataciones, medicamentos, en las conversaciones con las clínicas, los convenios».
