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El presidente electo adelantó que buscará impulsar un acuerdo para salir de la profunda crisis actual. Quiénes deberían participar de ese consenso y qué puntos se deberían acordar.

 

No justificar el ajuste

Por Mariano Kestelboim

El acuerdo social no debería convertirse simplemente en un parámetro de ajuste general de precios para propender a una menor inflación, como fracasadamente intentó ser el esquema de metas que, además, derivó en una estructura de precios relativos que relegó a la actividad productiva y así precarizó el mercado laboral y agrandó la desigualdad.

Lo central será establecer nuevas pautas de distribución de recursos para recuperar y mejorar la equidad y, al mismo tiempo, rever el esquema de precios relativos, a través de acuerdos específicos y de diversas herramientas de política pública, de forma que la actividad productiva no sea desalentada por las inversiones financieras especulativas. El objetivo fundamental debería ser que vuelva a ser negocio producir en el país, en especial en las actividades que más distribuyen ingresos, generan empleo y tienen capacidad de sustituir importaciones y acceder a mercados internacionales.

En esta órbita, la actividad financiera tendría que actuar de soporte de la inversión productiva, después de sus dos últimos años dorados, con rentabilidades extraordinarias sustentadas en el establecimiento de una política de fijación de las más altas tasas de interés reales del mundo bajo la excusa de que era la mejor política antiinflacionaria.

El respaldo político alcanzado en las elecciones y el impulso que brindaría un gran acuerdo social sería vital para lanzar un proyecto que rompa con la estructura de precios dominante y que permita avanzar con modelos progresivos de distribución y de aliento a la producción.

En un mundo con capitales sedientos de plazas financieras donde volcar activos para su revalorización, Argentina fue la meca de los últimos cuatro años. El nuevo colapso neoliberal debe permitir el replanteo de las condiciones de regulación publica para alinear con distintos actores de poder vinculados a la producción, al comercio, a la educación y al trabajo un esquema de políticas que dinamice la recuperación y el crecimiento.

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Ojalá el desafío fuera exclusivamente bajar la inflación en el marco del acuerdo. Una meta sustentable debe ser aún más ambiciosa. Generar las condiciones para hacer atractivo el desarrollo productivo requiere también cambios de precios relativos, donde los sectores que no compiten internacionalmente y tienen márgenes de rentabilidad abusivos por su poder de mercado tengan que resignar parte de su excedente para volverlo compatible con el desarrollo productivo. Argentina ya tiene grandes dificultades estructurales para desarrollarse por diversos factores. Entre ellos, un sistema de transporte diseñado en función de la explotación agro exportadora, un ordenamiento territorial de las zonas residenciales, comerciales e industriales caótico, grandes frustraciones que han arraigado comportamientos empresariales rentísticos y una estructura tributaria excesivamente concentrada en tributos nacionales, acumulativos y sin incentivos a la especialización productiva. Es por eso que el un modelo de crecimiento requiere un gran apoyo popular, de forma tal que los grupos de poder concentrados como el financiero y el de las empresas de servicios públicos no puedan seguir absorbiendo, con precios, tasas, comisiones y condiciones generales de comercialización abusivos, niveles de excedentes a la producción que agraven el cuadro.

Tampoco los trabajadores deben ser la variable de ajuste. No sólo para mejorar la calidad de vida, sino también porque deben tener ingresos que les permitan capacitarse mejor y así poder desarrollar un perfil productivo con mayor orientación en las áreas intensivas en conocimiento. También porque el mercado interno debe constituirse en la plataforma para alcanzar las economías de escala mínimas necesarias para que las empresas sean competitivas y puedan ganar mercados externos.

Sin un acuerdo social que rompa con el eje de dominación basado en una inserción agro exportadora y permeable a la especulación financiera, el país seguirá sosteniendo relaciones de fuerza que empeoran cada vez más las condiciones de vida de las grandes mayorías y consolidan la dependencia externa.

* Economista. @marianokestel


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Definir responsabilidades

Por Vicente Lourenzo**

El próximo gobierno electo por los argentinos estará llamando a un acuerdo económico y social de precios y salarios como forma de coordinar las distintas variables y con un solo objetivo, que será el de estabilizar la economía y comenzar un camino de crecimiento. En esa visión global y en esa búsqueda de objetivos prioritarios es sumamente necesario tener un análisis claro del rol que cada actor social tendrá en esa mesa de diálogo a efectos de llegar a consensos mínimos.

Así tenemos, por un lado, el accionar de las grandes empresas formadoras de precios, fundamentalmente aquellas dedicadas a la canasta de alimentos y bebidas. En la Argentina pocas grandes firmas ejercen posición dominante y elevan los precios para no perder márgenes de ganancias, incluso hay muchas marcas de consumo masivo que hoy están enviando listas con subas porque buscan cubrirse ante un posible congelamiento de precios por parte del nuevo gobierno.

Tanto pymes como consumidores estuvimos observando cómo semana a semana fueron incrementando y aún continúan subiendo los precios sin tener ninguna razón técnica ni económica que los justifique. Se ve en rubros esenciales y también en otros que no están alcanzados por la rebaja temporal del IVA al cero por ciento y que están haciendo un colchón, sobre todo en los que forman precio de la canasta navideña. Un ex ministro de economía decía que “los argentinos transpiramos inflación…”. Hoy, si no sinceramos en una mesa de diálogo el precio “verdadero” que surja de costos tangibles y rentabilidad acorde no habrá posibilidad real de generar un consenso.

Por otro lado, tenemos al actor Estado, que mide cualquier decisión gubernamental a partir de “si posee costo fiscal o no”, cuando en realidad no hay que confundir costo con inversión. Determinadas medidas fiscales en pos de que la pyme cuente con el oxígeno necesario para motivarla y que comience el espiral virtuoso de generación de empleo no deben ser calificadas como “costo fiscal” sino como “inversión fiscal”.

Merece también una especial atención la cantidad de fondos de las empresas que posee el Estado nacional y también las provincias y los municipios. Es para destacar que una devolución de esos fondos retenidos por saldos a favor -por ejemplo de impuestos a los ingresos brutos-, ayudaría a reforzar el alicaído capital de trabajo que hoy poseen las pymes.

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A pocos días del levantamiento de la suspensión de embargos por parte de AFIP, esa medida también puede llegar a ser un ejemplo claro de la avidez del Estado en querer cobrar lo que es casi imposible cobrar. El representante del gobierno que asumirá en poco más de un mes tiene que tener muy en claro este concepto e invitar tanto a los fiscos nacionales, provinciales como municipales a abstenerse de generar políticas de cobro que tiendan al cierre de las empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.

Además de grandes empresas y el Estado, otros que van a estar sentados en la mesa de diálogo van a ser los representantes de los trabajadores. Es innegable el grado de atraso y deterioro del salario real que sufren nuestros colaboradores. Su recuperación debe ser una prioridad en el consenso social.

También es cierto que para cumplir con ese objetivo es necesario darle el tiempo a la empresa -y más si es micro y pequeña- para que pueda recuperarse en una de las mayores crisis que tuvo el sector desde que tengo uso de razón. La imposición de recomponer en forma inmediata ese salario perdido puede generar el efecto contrario a lo que se pretende obtener. La pyme, que aún permanece en pie, está transitando un delicado equilibrio. Cualquier fuerza, por mínima que sea, puede voltear su existencia. Por eso, en esta mesa de consenso deberá prevalecer el equilibrio y también deberá haber una especial atención en aquellos sectores más perjudicados por el modelo económico que gobernó estos últimos cuatro años.

**Consultor Pyme. Integrante de la comisión Problemática Pyme del C.P.C.E.C.A.B.A.

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