Para una porción de los argentinos, el dilema de las elecciones de este año queda tramposamente planteado en votar entre un inepto y una corrupta.
Lo que lleva implícito el juicio acertado de que Mauricio Macri es un desastre gobernando, pero también el prejuicio –infundado– de que no es corrupto, o bien no preocupa su corrupción. Mientras que de Cristina Fernández no se cuestiona su capacidad de gestionar o, al menos, no es eso lo que más preocupa, pero se da por hecho que es corrupta.
Así surge de tantas encuestas. La imagen de Macri cae en picada pero sólo baja por su pésima gestión, mientras que la imagen positiva de Cristina viene subiendo, probablemente porque mucha gente compara las gestiones presidenciales de uno y otra, pero ella tiene un techo muy duro de imagen negativa que atribuyen a su supuesta corrupción.
Las causas judiciales fabricadas contra ella y sus funcionarios con mamarrachos jurídicos, con peritos y testigos truchos, con arrepentidos conseguidos mediante extorsión, se vienen cayendo. Pero esa evidencia de Justicia manipulada no altera demasiado la certeza de muchos encuestados de que “ella robó”.
¿Quiere esa porción de ciudadanos ser servida por una Justicia confiable o prefiere que castigue a la depositaria de su odio a como de lugar?
Hay una suerte de estado líquido de la conciencia en una gran porción de ciudadanos que es refractario a las denuncias de corrupción de Macri.
¿Quién no tenía una idea formada en 2015 –y, sobre todo, los jubilados, sus principales votantes– del papel de la familia Macri en la Patria Contratista, los sobreprecios de los ´90 y las groseras concesiones? ¿Quién ignoraba las denuncias contra Mauricio empresario –no contra su padre– por contrabando de autos o por el fraudulento acuerdo con Rousselot por las cloacas en Morón?
¿Y quién no escuchó, ya en este milenio, el calificativo de “contrabandista” que le dedicó Elisa Carrió, hoy su aliada?
Por mucho que se intente borrarla o acomodarla en los medios amigos, la información finalmente permea.
Pero estamos ante el fenómeno de una opinión líquida por la cual ciertas mayorías deciden borrar de su memoria sus juicios negativos de otro tiempo sobre un referente de acuerdo a las circunstancias. Y no todo es culpa de los medios.
Al mismo tiempo, esa gran porción de ciudadanos se ha formado un juicio negativo de CFK, y en este caso es refractaria a la falta de pruebas para condenar a la más investigada de los presidentes argentinos.
No parece quitarles el sueño a tantos que en Comodoro Py se estén reactivando causas contra el Presidente y sus familiares. Como lo cuenta Cecilia Devana en Perfil, “desde que asumió como presidente, Mauricio Macri fue denunciado en 93 oportunidades ante la Justicia Federal”.
Hay, cierto, mucha denuncia inconsistente, pero no toda lo es. Las más sólidas siempre giran alrededor de lo mismo: “los negocios de la familia presidencial y el rol del Presidente en la posible comisión de delitos como empresario y como funcionario público. Son cinco –dice– los expedientes que más comprometen a Macri y su círculo más íntimo. El primer frente fue el caso Panamá Papers, que estalló en abril de 2016 y fue sumando capítulos a lo largo del último año. El último fue la imputación contra Macri y su padre, Franco, por el caso de Avianca, que se sumó a los escándalos por el Correo, al memorándum de Qatar y la ampliación, por decreto, del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.
Justamente, señala Patricia Blanco, también de Perfil, que el juez federal Ariel Lijo tiene a su cargo dos investigaciones claves: la causa por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Correo Argentino –propiedad de la familia Macri– por la quita de 70 mil millones de pesos a la deuda de la empresa con el Estado, donde están imputados el presidente, el ministro Oscar Aguad y directivos de Socma, entre otros. Y la denuncia acerca de por qué se amplió a familiares de funcionarios el blanqueo de capitales cuando la ley lo prohibía.
Pero cuando Macri llegó a la presidencia ya tenía 214 causas en su contra.
Si hoy inepto vs corrupta se presenta como uno de los dilemas del voto, hay que decir que, en verdad, el enojo popular con la corrupción es selectivo; no es un tema que íntimamente desvele al votante argentino. Allí está la reelección de Menem en 1995 en medio de escandalosas denuncias sobre vínculos del gobierno con el narcotráfico o la incómoda cercanía de Alfredo Yabrán o la terrible causa de la voladura de Río Tercero vinculada a la venta ilegal de armas a Ecuador.
No impidieron aquella reelección. Tampoco el hecho de que Menem obtuviera en 2003 un 25 por ciento de los votos para un tercer período presidencial.
De manera que cuando hablamos de la persecución mediática y judicial del kirchnerismo, debemos pensar que lo que hacen esos poderes es capitalizar una coartada que ya estaba en la mente de muchos ciudadanos: cerrarle el paso a un modelo social de inclusión persuadiéndose de que esa única opción ante el gobierno de los ricos está impregnada de maldad.
En 1995 Menem fue reelecto porque aún el modelo financiero no mostraba un costo tan oneroso para las clases medias, y también “zafaban” algunos sectores populares. En 2019, en cambio, se verá hasta qué punto están dispuestos a seguir perdiendo.
