Los estudios se desprenden de una causa ante la justicia federal. El juez prohibió fumigar a menos de 600 metros de las casas.

El agua que consume parte de la población de Pergamino está contaminada con 18 agrotóxicos; dos niños, hijos de la denunciante, contienen el herbicida glifosato en sangre. Son estudios que se desprenden de la causa judicial de tribunales federales, que prohibió fumigar a menos de 600 metros de las viviendas e investiga la responsabilidad penal de los empresarios del agro y de funcionarios municipales. La decisión judicial se da en el marco de los dichos del presidente Macri, que acusó de “irresponsable” a un fallo judicial que protegió a los niños de escuelas rurales de Entre Ríos. Madres de Pueblos Fumigados y la Asamblea de Vecinos afirman que el problema no es un químico sino “un modelo que enferma y mata”.

Sabrina Ortiz es mamá de Ciro y Fiama. Ambos tienen glifosato en el cuerpo. Junto con su esposo Sergio construyeron su casa en el barrio Villa Alicia, en el margen urbano de Pergamino. Allí conocieron de fumigaciones del campo vecino. Desde 2011 denuncian el impacto de los agrotóxicos. Primero desde la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente y luego desde la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino.

Mirá También:  La fabulosa transferencia de ingresos a los empresarios que se benefician del tarifazo

Mientras los vecinos pedían alejar las fumigaciones a más de 1000 metros de las viviendas, el Municipio desoyó los reclamos y, en sintonía con los empresarios del agro, fijó sólo 100 metros de protección.

Sabrina también está afectada por los químicos. Tiene en su cuerpo glifosato y el insecticida lambdacialotrina (producido por la empresa Syngenta, entre otras). Se recibió de abogada en 2018, carrera que comenzó a partir de las injusticias que padecía del poder político y del mismo Poder Judicial. En octubre pasado, la médica de sus hijos le recomendó mudarse, alejarse de las fumigaciones. Sabrina y Sergio decidieron dejar su hogar e iniciaron una demanda judicial, junto con la ONG Naturaleza de Derechos.

La causa recayó en el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, que el 3 de abril prohibió que se fumigue a menos de 600 metros de las viviendas. Entre las medidas de prueba destacó un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce). Con la firma de la investigadora Virginia Aparicio, el INTA confirmó que el agua que se utiliza para consumo domiciliario contiene hasta 18 agrotóxicos: glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros. Los barrios afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.

“Se pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran estar”, denunció Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, y recordó que empresas del agronegocio y medios de comunicación publicitan esos productos como “biodegradables”. El estudio del INTA también determinó la presencia de 19 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.

Mirá También:  [VIDEO] Alemán: "En el Día de la Madre, funcionarios municipales hostigan a vendedoras de rosas"

Un extenso informe, titulado “el agua sin agrotóxicos es un derecho humano”, de las Madres de Barrios Fumigados y Naturaleza de Derechos alertó que el 44 por ciento de los químicos encontrados son considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento son disruptores endocrinos (alteran el equilibrio hormonal). También denunciaron un hecho insólito: la legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1.000 mayor que la legislación de Europa. Mientras que en Alemania, Suiza o España el límite máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se “permite” hasta 100 microgramos. “Para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua”, afirmaron las organizaciones en la causa judicial.

El intendente Javier Martínez (alianza Cambiemos) y su jefe de gabinete, Carlos Pérez, hablaron con los medios locales y dijeron que el agua de Pergamino es “apta para consumo humano” y que están “tranquilos” porque no hay glifosato en agua. Citaron supuestos estudios científicos, pero no los entregaron a la prensa ni a los vecinos. Incluso Martínez retrucó a la víctimas de las fumigaciones al afirmar que él toma agua de la canilla.

“Las madres nunca fuimos recibidas por el intendente Martínez, ni siquiera cuando hicimos públicos los análisis de mis hijos, que tienen cien veces más agrotóxicos de lo que toleran sus cuerpos. El Intendente nos cerró la puerta en la cara. Tiene desprecio por la gente y sobre todo por los chicos, que sufren, que se les desprenden sus pieles por los químicos, que se les dificulta respirar”, denunció Sabrina Ortiz. Detalló que la secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, tampoco atendió los reclamos de los vecinos.

Mirá También:  Confirman millonaria multa al gremio de Baradel por no acatar la conciliación

Tanto desde la Asamblea como desde Madres de Pueblos Fumigados y Naturaleza de Derechos destacaron que el problema no radica en un agrotóxico ni en el “mal uso” (como argumentan los empresarios del agronegocio) sino en un modelo de producción en base a transgénicos y uso masivo de venenos.

Deja un comentario

Artículos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Required fields are marked *