El próximo jueves se cumplen dos meses desde que el Gobierno -de acuerdo a su nueva política antimigratoria- expulsó del país a Vanessa Gómez Cueva, una ciudadana peruana con más de 15 años de residencia que vivía con sus tres hijos. La orden de expulsión se basó en un antecedente penal por el cual Vanessa ya había cumplido una condena. Sin embargo, fue subida de todos modos a un avión con su hijo argentino de 2 años y separada de sus otros dos hijos de 5 y 14 años, también argentinos, de quienes ni llegó a despedirse. Amnistía Argentina lanzó una campaña para exigir el retorno de la mujer para que pueda rencontrarse con los chicos: “Violan los derechos del niño”, afirmaron.
En una carta enviada al director nacional de Migraciones, Horacio José García, desde la organización internacional exigieron que se le permita el retorno a la mujer de 33 años para poder estar con sus hijos. “Su expulsión viola el derecho a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño, garantizados por la legislación nacional y los tratados internacionales, incluidos estándares regionales, ratificados por Argentina”, remarcaron.
Desde Amnistía sostuvieron que una madre no puede ser separada de sus hijos y por eso le exigieron al Gobierno “revertir inmediatamente la disposición de expulsión” para garantizar la reunificación familiar con sus dos hijos. La campaña #VanessaDebeVolver invita a descargar la carta y enviarla por correo postal y dirección de mail al director de Migraciones para que el pedido se vuelva masivo y tome mayor repercusión.
El caso
El 1º de febrero pasado efectivos de la policía fueron hasta la casa de Vanessa y le pidieron que los acompañara para firmar una notificación. Vanessa llevó con ella a su hijo de 2 años y dejó en la casa a los otros dos. Pero desde su domicilio fue trasladada directamente a una celda sin luz ni agua donde estuvo detenida durante dos días.
El 4 de febrero fue llevada al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde la subieron a un avión para dejar el país. Vanessa no pudo ni siquiera despedirse de sus otros dos hijos, que quedaron al cuidado de otros familiares.
La joven de 33 años había llegado al país 15 años atrás. En 2013, fue condenada en un juicio abreviado a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Luego de cumplir su condena inició estudios terciarios y se recibió de enfermera. En 2015, la Dirección Nacional de Migraciones emitió la orden de expulsarla del país sin considerar su situación actual ni la existencia de sus hijos argentinos menores de edad.
Según el resumen del caso que hace Amnistía, Vanessa presentó un recuso administrativo que fue rechazado. Como nunca recibió una notificación no pudo apelar la medida ante la Justicia. “El Gobierno está tomando medidas que restringen los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia”, señalaron desde la organización de derechos humanos sobre el cambio normativo en la política migratoria.
En 2017, el Gobierno dictó un DNU para modificar la Ley de Migraciones que amplia los motivos para impedir la permanencia en el país a personas migrantes, por ejemplo para quienes tengan antecedentes penales. “Viola el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas migrantes, vulnera el derecho a la familia y a la unidad familiar y criminaliza a las personas migrantes”, sostuvieron desde Amnistía sobre el decreto.
