El proyecto, que el gobierno quería ver sancionado para la llegada del G20 está postergado por ahora. Empresas como Monsanto y Bayer pretenden quedarse con las patentes de las semillas que hayan modificado genéticamente con lo cual afectan los costos de los pequeños productores y deciden sobre qué vamos a comer los argentinos. (Fuente: Revista Cítrica)

Para entender qué tan loco es el intento de promulgar una Ley de Semillas, alcanza con tomar el fallo de la Cámara 3 en lo Civil y Comercial, que ratificó la resolución del INTI, para impedir a Monsanto que patente la semilla de soja intacta.

En el fallo, la idea de la Cámara era la de graficar el concepto de la siguiente manera: “Imaginate que mañana, una persona diga que quiere patentar la palabra elefante, porque cuando escribió esa palabra, le hizo un vericueto a la letra E’. Así de loco es. Es como querer patentar palabras en el lenguaje. ¿Quién empezó con el lenguaje?¿Quién fue inventando las palabras? Esta es la misma intención que tienen las empresas para con las semillas.

¿Cómo pueden subrogarse la propiedad de una semilla, que -según dicen- la han mejorado genéticamente, cuando -en verdad- es una semilla que la han tomado desde algún lugar, y que ya fue mejorada por otros?

El tema de la discusión de la Ley de Semillas es central y fundamental para todos y todas porque se está jugando nuestra forma de alimentación.  Henry Kissinger, cuando fue ministro de Defensa de Jimmy Carter, llevó adelante el proceso de la “expansión verde”. Y en este contexto sostenía que Quien controla los alimentos, controla a la humanidad”.

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Este debate tiene que ver con el proyecto de país que nos queremos plantear y el proyecto de humanidad que queremos tener. La Ley de Semillas regula todo lo que tiene que ver con las semillas alimentarias, con lo cual la lógica es la de expandir el sistema de agronegocios a absolutamente todo el escenario.

Es un paso más, ni siquiera cualitativo sino cuantitativo, en el intento de estas grandes empresas de controlarlo todo. Este proyecto ha dejado afuera a la gran mayoría de los interesados en el tema.

La forma espuria con la que se está llevando a cabo el tratamiento de este proyecto (porque ni siquiera ha sido ingresado al Congreso, sino que se busca el dictamen de un proyecto que ni siquiera ha sido presentado) se lo van a dar a los diputados, con las consecuentes presiones, para que lo aprueben directamente.

El apuro por sacar la Ley de Semillas antes de que terminara noviembre estuvo íntimamente relacionado con la llegada del G20. Porque esta cumbre se presentó como la vidriera que pretende mostrar las políticas del Gobierno, para que vengan los inversores a la ArgentinaY querían mostrarles a las corporaciones transnacionales agroalimentarias que el Gobierno Nacional le va a brindar las garantías políticas necesarias para que estas empresas vengan a invertir.

De promulgarse esta ley tendríamos, por un lado, a los productores seriamente perjudicados, porque aquellos que no problematizan la lógica del agronegocio y que compran las semillas, van a ver acrecentados terriblemente sus insumos. Van a tener que pagar no solamente cuando compran las semillas sino también cada vez que la utilicen, es decir una regalía por ese uso de la semilla.

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Y aquellos productores que no quieran usar semillas compradas, que quieran intercambiar o generar las semillas propias, se van a ver afectados también porque sobre ellos se va a ejercer el control de policía. Las empresas controlarán oligopólicamente el mercado de todas las semillas, por lo cual, tranquilamente avanzarán contra los bancos de semillas milenarias.

Estas empresas dependen originariamente no sólo de poder monopolizar el uso de las semillas, sino también de -lisa y llanamente- robar semillas. Es sobre este accionar que estas empresas viven. Claramente podrán generar este poder de policía para poder controlar esos bancos de semillas.

A posteriori de todo esto, la situación irremediablemente implicará también a las cuestiones del consumo. El efecto inmediato será que el consumo de los alimentos va a estar controlado por muy pocas empresas, y hacia allí es a dónde se dirigen. Van a poder poner los precios, pero también van a poder decir qué semillas se van a usar para producir nuestros alimentos, y cómo se van a producir. Con lo cual, lo primero que se va a lesionar, es la soberanía alimentaria.

 

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