El miércoles a las 10.30 se reunirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Mientras Cambiemos apuesta al voto de la salteña Fiore Viñuales, el peronismo trabaja en una postura común de rechazo.

La oposición parece estar dispuesta a hacer respetar la división de poderes y devolverle al presidente Mauricio Macri la gentileza de sortear al Congreso con sus Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La comisión Bicameral de Trámite Legislativo se reunirá el miércoles próximo para tratar dos de los DNU más polémicos del Ejecutivo en lo que va de este año. Uno será el de Extinción de Dominio, que el Gobierno no incluyó en las sesiones extraordinarias del año pasado y que ignora la tarea ya realizada por diputados y senadores. El otro será el que habilita la privatización de frecuencias de ARSAT, a pesar que la ley establece que cualquier modificación requiere la aprobación de una mayoría especial (dos tercios) de ambas Cámaras. Aunque Cambiemos podría obtener dictámenes favorables –con una mayoría exigua en la Bicameral–, le sería mucho más difícil evitar el rechazo a los DNU en ambos recintos si finalmente la oposición sostiene sus críticas y logra unificar posturas.

La cita para la Bicameral es el miércoles 6 de febrero a las 10:30 horas en el salón Eva Perón del Senado. Aunque cerca del presidente de la comisión, el diputado santafesino Marcos Cleri (FpV-PJ), insistían que el lunes definirían la fecha, la convocatoria ya había sido cursada a los integrantes de la bicameral (8 senadores y 8 diputados) por la secretaria de la misma, la senadora salteña María Cristina Fiore Viñuales. El temario tiene tres puntos: el decreto 1 de este año sobre que deja sin efecto “transitorio” el gravamen impuesto en el artículo 39 de la ley de impuestos internos; el decreto 58 que modifica la ley de asignación de frecuencias de la industria satelital; y el decreto 62 que impone un “régimen procesal de acción civil” en extinción de dominio.

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Los dos últimos son los que generaron el rechazo del grueso del arco opositor. El Gobierno presentó el DNU presidencial de extinción de dominio como elemento agilizador de la recuperación de bienes y dinero por delitos de corrupción. Pero los cuestionamientos sobre la “inconstitucionalidad” del decreto de Macri no tardaron en llegar: autorizar a la justicia civil a hacerse de bienes sin que exista una condena firme fue una de las centrales.

El Frente Renovador, que impulsó y logró en junio de 2016 media sanción de su propio proyecto sobre extinción de dominio salió al cruce del DNU. El massismo consideró que el Ejecutivo salteó al Congreso y que volverá a insistir este año con un proyecto de ley que “reemplace al decreto”. El presidente del interbloque del peronismo federal, Miguel Pichetto –principal interlocutor del oficialismo en el Senado–, ratificó  los argumentos con que su bancada modificó la media sanción de Diputados, dos años después –en agosto de 2018: que la ley “no puede ser retroactiva” y que la extinción de dominio se realice “sin que exista condena firme”–. Además de reivindicar las facultades del Senado como Cámara revisora: “así es la democracia”, sentenció el senador rionegrino.

Cambiemos, que se había subido originalmente a la propuesta massista, no volvió a insistir en el tema y ni siquiera lo incluyó en las sesiones extraordinarias, en las que fija la agenda. Ahora salió a defender el DNU echándole culpas al Congreso. Ante las críticas del grueso del arco opositor, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dejó abierta la posibilidad de su tratamiento parlamentario del tema “si hay consenso” con la propuesta oficial y defendió la vigencia del DNU.

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La titular de la Oficina Anticorrupción, en tanto, blanqueó públicamente el objetivo político del decreto presidencial en el año electoral: “No sé si Cristina (Kirchner) va a ir presa, pero estoy segura de que va a terminar sin un peso”, dijo la funcionaria macrista Laura Alonso.

El otro decreto duramente cuestionado le quita a Arsat y pasa de manos al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la  asignación de frecuencias satelitales. “El Decreto 58/2019 modifica y contradice la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, y habilita al Enacom a asignar a las grandes operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil reservadas hasta ahora a la empresa estatal AR-SAT, violentando nuestro ordenamiento jurídico”, advirtió el diputado Daniel Filmus (FpV-PJ), que junto a su compañero de bancada Pablo Carro presentó un proyecto de ley para eliminar el DNU de Macri.

Ambos temas serán tratados el miércoles en la bicameral, cuya composición el oficialismo se encargó de blindar para evitarles dolores de cabeza al Presidente. Hasta ahora le funcionó a la perfección –explotando las diferencias opositoras– a Cambiemos. La comisión tiene 8 de sus 16 miembros que pertenecen a Cambiemos. La oposición está representada con 4 legisladores de Argentina Federal (el sector del PJ de mayor diálogo con Casa Rosada), 3 del FpV-PJ y la senadora Fiore Viñuales, una aliada del gobernador Juan Manuel Urtubey y de excelente relación con el oficialismo.

En Cambiemos consideran que la postura de Fiore inclinará la balanza a su favor a la hora de emitir dictamen y que se alzaría con el de mayoría. Aunque no podría evitar que haya dictamen en contra y que la ecuación se revierta si hay consenso opositor en ambas Cámaras legislativas. Otro paso que el oficialismo se encargó de bloquear con éxito cada vez que un sector de la oposición insistió sesionar en contra de un decreto presidencial.

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“Consideramos que el DNU sobre extinción de dominio tiene graves falencias jurídicas” y “el decreto del Arsat viola una ley del Congreso”, afirmó un diputado del peronismo federal que integra la bicameral. “Falta que definamos una postura política común entre senadores y diputados de Argentina Federal”, admitió el legislador.

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