Soledad Acuña dijo comprometerse a no producir cierres de escuelas ni despidos, pero ratificó la resolución que originó el conflicto. De todos modos, ambas partes, reunidas a instancias de la Defensoría del Pueblo, acordaron conformar una comisión para debatir la situación.

Los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron su reclamo para que el gobierno porteño derogue la resolución 4055/18, que propicia el cierre de 14 escuelas secundarias nocturnas y confirmaron que de seguir en pie el proyecto “no habrá inicio de clases” en el ámbito de la Capital Federal. La postura por los secretarios generales de UTE, Eduardo López, y de Ademys, Jorge Adaro, los gremios con mayor cantidad de afiliados entre los docentes porteños. El pedido para que sea derogada la resolución fue planteado durante una reunión con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, que fue convocada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para tratar de buscar un acercamiento entre las partes. En el encuentro se firmó un acta en el que Acuña dijo comprometerse a no producir cierres de escuelas ni despidos, promesa que fue desestimada por los dirigentes de los dos gremios porque “de no derogarse la resolución, los cierres se van a producir en forma progresiva, las escuelas y los cursos se van a achicar, lo que va a provocar despidos de forma inevitable”, señaló Adaro. Las partes acordaron crear una comisión para analizar el problema y los gremios anticiparon que “cualquier propuesta va a ser analizada en febrero por los docentes, antes del comienzo de las clases”.

En un comunicado titulado “No hubo acuerdo con el gobierno por el cierre de escuelas”, Eduardo López, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), afirmó que exigieron “la derogación de la Resolución ministerial Nº 4055/18, para garantizar que no se cierren establecimientos educativos ni cursos”. En su intervención ante Acuña, que fue acompañada por el viceministro Javier Tarulla, López dejó sentada “la responsabilidad del Estado sobre el financiamiento de la educación y la falta de políticas públicas de escolarización a la juventud y niñez”.

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El titular de UTE advirtió que si este año “se cierra una sola escuela, la UTE ratifica el no inicio de clases”, a la vez que anunció que la Multisectorial Contra el Cierre de Escuelas “continúa con el Plan de acción que realizará durante el verano con semaforazos, mesas de difusión, planillas de juntada de firmas y preinscripción a las escuelas  nocturnas”, entre otras actvidades. Por su parte, Jorge Adaro, de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), coincidió en que “si no se produce la derogación inmediata de la resolución 4055, no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno” de la Ciudad.

Adaro, en diálogo con este diario, señaló que concurrieron al encuentro “convocado por la Defensoría del Pueblo para buscar un acercamiento en las posiciones, pero la ministra Acuña ratificó la vigencia de la resolución, de manera que fue imposible avanzar porque se mantiene el origen del conflicto porque la medida del gobierno establece el cierre de las escuelas comerciales nocturnas”. Lo que señalaron, desde Ademys, es que “la única alternativa para abrir una instancia de diálogo es la derogación de esa resolución, para garantizar que las escuelas permanezcan abiertas y para mantener todas las fuentes de trabajo”.

En la reunión, la ministra habló de “modalidades alternativas, pero todo no es más que un maquillaje de su política educativa de ajuste permanente contra la educación pública y de las reformas que vienen degradando el sistema educativo en su conjunto”. Adaro insistió en que “el único camino que proponemos es la derogación de la resolución porque ellos quieren reducir de cuatro a tres los años de estudio, lo que de por sí va a generar despidos, de manera que se busca el cierre progresivo de las escuelas y eso es algo que nosotros no vamos a permitir”. Sostuvo que el plan oficial, además, “va a significar una baja en la calidad educativa y ante eso, nosotros vamos a fondo: exigimos la derogación de la 4055”.

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Con la mediación de los defensores del pueblo Alejandro Amor y Arturo Pozzali, se firmó un acta para formar una comisión que seguirá analizando el tema, aunque los gremios ratificaron que “sin derogación, no hay solución”.

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