Una mujer denunció por violencia a su ex marido y padre de sus hijos. Temía por ellos. Sus reclamos no fueron atendidos y el hombre los terminó matando. Ahora, el máximo tribunal de la provincia reconoció la falencia del Estado. Ayer, Adriana García participó en la marcha.

Adriana García se sumó ayer al paro nacional de mujeres. Intentó llegar a Plaza de Mayo para abrazar a la mamá de Lucía, pero por la cantidad de gente que marchó, no pudo. Ella padeció de la manera más extrema la justicia patriarcal. También en Mar del Plata, como la familia de Lucía Pérez. El 17 de octubre de 2000, su ex esposo degolló con un cuchillo de cocina a los hijos de ambos, Sebastián, de 4 años, y Valentina, de dos. Adriana lo venía denunciando por sucesivos hechos de violencia, y reclamaba con desesperación que la Justicia le impidiera ver a los chicos, porque temía por sus vidas. Pero nadie quiso oírla, la obligaron a cumplir con el régimen de visitas bajo amenaza de cobrarle multas, y el caso tuvo el peor desenlace. El 15 de noviembre de 2000, un mes después del doble homicidio de sus hijos a manos de Ariel Rodolfo Bualo, Adriana recibió una notificación judicial de la Fiscalía Nº 4 de Mar del Plata que le informaba que las actuaciones iniciadas a partir de sus denuncias por amenazas y lesiones contra ella y los dos chicos, habían sido archivadas por falta de pruebas. Hasta para darle la espalda, la justicia marplatense llegaba muy tarde. Adriana, inició entonces, en 2002, una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios, pero fue rechazada en primera y segunda instancia, casi culpabilizándola a ella por el hecho: si tenía tanto miedo de que a sus hijos les pasara algo, por qué había dejado que su ex se los llevara de visita, le dijeron, palabras más, palabras menos. Pero hace una semana la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, le dio finalmente la razón: en una sentencia firmada el 28 de noviembre, el alto tribunal reconoció la responsabilidad del Estado en el homicidio de los niños, por falta de acción de la justicia y la policía, y “la incapacidad de apreciar la gravedad del riesgo de la situación en la que se enfrentaba” ella y sus hijos.

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“Este fallo es el reconocimiento y una reivindicación de mis derechos. Durante estos 18 años mi pesadilla recurrente es un grupo de personas riéndose. Y no lo digo metafóricamente. Gente de la Justicia, que se ríe de mí. Eso sueño. Leer la sentencia me trajo paz y tranquilidad. En aquel momento, no se hablaba de violencia de género, ni de femicidios. Si el hecho hubiera sucedido ahora, se hubiera resuelto más rápido. Para mí es un antes y un después. Nadie va a pasar por mi camino. Nadie va a vivir lo que viví yo”, dijo Adriana, con la voz entrecortada por la congoja.

El fallo del máximo tribunal bonaerense reconoce que “la debida evaluación de la situación podría haber razonablemente evitado lo sucedido”. Lo dice así el juez Héctor Negri, el primero en fundamentar su voto. “El dictado de una medida de restricción de acercamiento, impedimento de contacto, cese de actos de perturbación, realización de evaluación y/o tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico, son algunas de las diligencias que pudieron adoptarse y que fueron soslayadas”, advirtió Negri. Y concluyó que “los órganos del Estado incurrieron en una falta de servicio, en una actuación deficiente”. La sentencia avaló la demanda de la mujer por daños y perjuicios contra el Estado –por no haber protegido a sus hijos–, por cuatro votos contra uno. Y ordenó que en primera instancia se dicte una nueva sentencia indemnizatoria. Los jueces Eduardo Néstor de Lázzari, Hilda Kogan y Julio Pettigiani, presidente de la Corte, adhirieron a la postura de Negri. Esteban Genoud votó en contra. De Lázzari hizo, además, un pormenorizado análisis de los estereotipos que se privilegiaron al desoír las denuncias de Adriana García, entre ellos “el estereotipo de que una familia, tras la separación de los progenitores con dos hijos, aunque existiesen situaciones asimétricas de poder en la pareja, a partir de un padre violento, debía ser capaz de arreglar los asuntos privados”. Además, De Lazzari destacó que no se le dio credibilidad a las denuncias, después se la acusó a la mujer de mala madre y se limitó la investigación a comprobar la violencia física, dejando de lado otras formas de maltrato.

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La trágica historia es emblemática: por la sordera de la Justicia frente a un caso de violencia de género, por no advertir que una denuncia por “lesiones leves”, o “amenazas” puede decir mucho más que lo que aparentan esos hechos aislados, por no entender que en esas situaciones puede haber una espiral de violencia. Once meses después de asesinar a sus hijos, Bualo fue condenado a prisión perpetua. Adriana durante mucho tiempo siguió con miedo. Una de sus hermanas, que es fiscal, la ayuda cada tanto a rastrear su ubicación. Saber que sigue preso, la tranquiliza. Mientras la Justicia no llegó a proteger a sus hijos, sí se ocupó de proteger a Bualo, cambiándole el nombre al ingresar a la cárcel, para evitar que fuera agredido por otros internos al saber la causa de su pena.

Adriana es terapista ocupacional especializada en niños y dirige la carrera de especialista en Terapia Ocupacional de una universidad privada. De Mar del Plata, como contó en 2014 este diario, huyó para no quedar anclada en recuerdos tan profundos. Pero no hay un día que no se despierte pensando en Sebi y Valentina. El dolor siempre está en el fondo. Con una nueva pareja, adoptó un niño de 4 años, que ahora tiene 15.

En diálogo con este diario recordó que la Justicia la obligaba a que Bualo viera a los chicos aplicando la ley, conocida como Apadeshi, de “Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes”. “Si no se los dejaba ver me multaban, tenía que pagar mucha plata por día. Yo no tenía ese dinero. No sabía qué hacer. Hacía las denuncias y la Justicia no me escuchaba. No tomaban conciencia del riesgo en el que estaban. Nadie me asesoraba”, contó. Ayer, fue una más de las voces indignadas que se sumaron a la jornada de protesta para repudiar una justicia sin perspectiva de género, patriarcal, que sigue dejando impune casos de violencia contra las mujeres y otros cuerpos feminizados.

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