El juez Yadarola procesó sin prisión preventiva a De Vido, a Ricardo Echegaray, a Claudio Uberti y a un grupo de trabajadores de la Aduana. Les fijaron un embargo de hasta 50 millones de pesos.
El juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó ayer, sin prisión preventiva, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti y a un grupo de aduaneros involucrados, en el marco de la causa por la valija de los 800 mil dólares que intentó ingresar el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson en 2007.
En un fallo de 500 páginas, el magistrado resolvió el procesamiento por la “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones” y les fijó embargos de hasta 50 millones de pesos.
Por otro lado, Yadarola procesó también a la ex secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, al ex titular de la empresa de participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) Exequiel Omar Espinosa y a los aduaneros Mario Ayerán, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra. En tanto dispuso la falta de mérito de José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido.
La causa se originó con los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2007, cuando quisieron ingresar 790.550 dólares en una valija, a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La valija formaba parte de los equipajes que llegaron en la aeronave de Royal Class proveniente del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, contratada por Enarsa. Entre los ocho pasajeros estaban Uberti, Bereziuk y Espinosa.
Yadarola había dispuesto en junio de este año la prescripción de la causa por el paso del tiempo. En agosto la Cámara en lo Penal Económico la reactivó, argumentando que no podía prescribir una causa que involucre funcionarios públicos en función y remarcó que desde 2017 el expediente sumó nueva prueba, entre ella informes de la Fuerza Aérea Argentina, de la Secretaría General y de la Aeroestación Militar Aeroparque.
