Seis días después de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a Cristina Fernández de Kirchner, la policía volvió al monoambiente en el que convivía con Brenda Uliarte. Esta vez los efectivos no encontraron balas como habían hecho en la primera incursión al departamento de la localidad de San Andrés, pero sí hallaron un Documento Nacional de Identidad (DNI) que no pertenecía a ninguno de los moradores. Por la tenencia ilegal de ese DNI, Uliarte y Sabag Montiel recibieron su primera condena de prisión que este jueves fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Sabag Montiel vivía en un departamento de 15 metros cuadrados en Uriburu al 700 en el partido de San Martín. Se había mudado unos ocho meses antes de que intentara asesinar a la vicepresidenta. Semanas antes del atentado, había empezado a vivir allí Uliarte. Los vecinos solían verlos pasar juntos por el patio.
La propiedad no le pertenecía a Sabag Montiel. Alquilaba el departamento 3. Había llegado por recomendación de un inquilino anterior, Ángel, un ciudadano venezolano que vivía allí con su pareja. Así lo conoció Sergio Paroldi, el dueño del inmueble. El alquiler fue bastante rápido. Sabag Montiel fue a conocer el lugar; Paroldi solo le pidió un DNI y un recibo de sueldo. Después acordaron el monto del alquiler y el hombre se mudó.
El 1 de septiembre del año pasado, Sabag Montiel gatilló a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Fue detenido por los militantes que se habían reunido para saludar a CFK en las inmediaciones de su departamento de Juncal y Uruguay. Después quedó a disposición de la Policía Federal Argentina (PFA), que, a las horas, allanó el departamento en el que vivía. En esa primera incursión, se encontraron municiones.
El 7 de septiembre, hubo un nuevo allanamiento: esta vez, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En esa oportunidad, los efectivos encontraron un DNI que estaba a nombre de Francisco Antonio Almada. Por este hecho, Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron a juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín y resultaron condenados a un año de prisión en suspenso. Los dos están detenidos a la espera de que se lleve adelante el proceso por el intento de magnicidio.
Durante el juicio en San Martín, declaró el dueño del DNI, que contó que lo había perdido el 15 de septiembre de 2018. Ese día había ido a un recital de Divididos en el Hipódromo de Palermo. Sabag Montiel dijo que él lo había encontrado bajo el puente de avenida de los Constituyentes y General Paz –bastante lejos del Hipódromo de Palermo– y se lo había guardado con intención de devolverlo. Según contó ante el tribunal, había buscado al dueño por Facebook, pero no lo había hallado.
Uliarte repitió que ella nunca había visto el DNI de Almada. Los argumentos fueron de menor a mayor: que no lo podría haber visto porque estaba guardado en un cajón y ella respetaba la privacidad de su entonces novio hasta que ella no vivía de forma permanente en el monoambiente de la calle Uriburu. La mujer de 23 años insistió en la versión de que habían comenzado una relación más “estable” desde agosto del año pasado y que únicamente se quedaba a dormir algunas noches porque ella residía en la casa de sus padres en San Miguel.
El juez Héctor Sagretti, del TOF5 de San Martín, no le creyó: no concibió que pudiera desconocer qué había en una vivienda de tan solo 15 metros cuadrados. Con sus abogados –Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla–, Uliarte reiteró el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal. No tuvo éxito en el máximo tribunal penal del país.
El fiscal Raúl Pleé les pidió a los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci que rechazaran el recurso de Uliarte. Para los tres integrantes de la Sala II, estaba claro que Sabag Montiel y Brenda Uliarte vivían juntos en ese departamento y que el DNI estaba allí.
“Observo que el cúmulo de elementos probatorios valorados en la sentencia demuestra, el ejercicio de una tenencia compartida, la cual solo demanda que el elemento en cuestión se encuentre dentro de la esfera de custodia o ámbito de disposición del autor, sin necesidad de contacto permanente y/o transitorio”, escribió la jueza Ledesma, que lideró el acuerdo. Sus colegas acordaron con ella en que había que rechazar los planteos de Uliarte y confirmar la condena.
Semanas atrás, Uliarte hizo una presentación en la causa en la que se investiga el atentado contra la vicepresidenta. En ese escrito, ligó a su expareja con el grupo de extrema derecha Revolución Federal y mencionó que tenía contacto con una persona de nombre Carolina, que podría ser la asesora de Gerardo Milman, Carolina Gómez Mónaco.
