La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, sostuvo este jueves en la audiencia pública que la tarifa del agua trepará 32 por ciento en dos tramos, 20 por ciento en julio y 10 por ciento en octubre. «Iremos luego por una segmentación similar a los esquemas de las tarifas energéticas», aseguró la funcionaria.

Durante la Audiencia Pública, presidida por el secretario de Obras Públicas, Carlos Rodríguez, la titular de AySA afirmó que la actualización tarifaria del 32 por ciento propuesta por la empresa para este año es «simbólica», particularmente en función del ajuste concedido a las empresas de energía. «Pareciera que el valor de la energía es mucho más que el valor del agua», señaló Galmarini durante su exposición.

En este sentido, dejó en claro que el 32 por ciento no alcanza, ya que sólo implica una «reducción de la velocidad entre lo que necesitamos para cubrir la operación y los recursos que ingresan por recaudación».

La funcionaria sostuvo que esta solicitud se sustenta en una situación de larga data, que implicó que «los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero en el marco regulatorio». «Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios», aseguró Galmarini.

En otro tramo de su exposición, recordó el estado en el que encontró a la empresa tras la administración macrista. «Encontramos una situación desesperante, la empresa estaba virtualmente quebrada, al borde de no poder pagar los salarios, con tecnología obsoleta, con deudas impagas», mencionó.

Al respecto, añadió: «Pagamos puntualmente los intereses semestrales por una Obligación Negociable de 500 millones de dólares, que resultó una operación financiera temeraria y vamos a encontrar la forma de resolverlo, ya que su vencimiento está previsto para febrero del año que viene».

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«Tenemos 1.408 obras en marcha, los niveles de inversión son históricos para esta empresa. Y acá es importante reconocer no sólo la voluntad política del presidente Alberto Fernández sino la eficacia de quienes trabajamos en AySA», subrayó.

En cuanto a las acciones desarrolladas durante la pandemia, señaló que «se estableció un comité de crisis y nos organizamos a través del teletrabajo para dar continuidad a la gestión operativa». «Implementamos un método epidemiológico para monitorear la eventual presencia de Covid-19 en aguas residuales, y complementar el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud», repasó Galmarini.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Carlos Rodríguez, recordó que «AySA es uno de los mayores operadores de saneamiento en el mundo, y profundizará sus inversiones para que se reconozca el servicio como un bien social y público».

Luego de la audiencia pública, el esquema tarifario deberá ser autorizado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La defensora del ente, Ana Herrero, no planteó mayores reparos a la actualización tarifaria, aunque instó a realizar «un análisis sobre si la composición de gastos de la empresa es realmente pertinente».

Posteriormente, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, sostuvo que «los usuarios están afectados por la crisis económica y gran número de ellos, tal como lo hace la empresa, no pueden pedir mejoras en sus ingresos».

El aumento de este servicio se suma a las subas de tarifas de luz y gas que comenzarán a regir a partir de junio, cuyas audiencias públicas se concretaron la semana pasada. El ajuste tarifario fue acordado con el Fondo Monetario Internacional en el último programa negociado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

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