La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes la entrada en vigor de una ley de Texas que permite detener a migrantes en su territorio, un golpe para la Casa Blanca que advirtió que la medida provocará un caos en la frontera con México. El fallo llega menos de 24 horas después de que un magistrado de ese tribunal extendiera el bloqueo a la llamada ley SB4, que faculta a las fuerzas de seguridad de Texas arrestar a migrantes en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente. La autorización podría ser provisional, ya que la batalla judicial seguirá en tribunales inferiores.

«Sembrará caos y confusión en la frontera»

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el hecho de que un extranjero «ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible con hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar un proceso legal. La policía podrá arrestar a cualquier individuo del que sospeche que ingresó de manera irregular al país, y tendrá la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

El estado de Texas está gobernado por el republicano Greg Abbott, un gran admirador de Donald Trump, posible rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre. Biden se opone firmemente a la ley de Texas, entre otras razones porque considera que se extralimita en sus prerrogativas. La política migratoria es competencia del gobierno federal y no de los estados de forma individual, repiten los demócratas desde hace meses.

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«Estamos fundamentalmente en desacuerdo» con la Corte Suprema porque la ley «no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también sobrecargará a las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur», protestó la Casa Blanca en un comunicado. «Es un ejemplo más de funcionarios republicanos que politizan la crisis migratoria», agregó el gobierno.

La normativa, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por Abbott, debía entrar en vigor a inicios de marzo pero fue bloqueada varias veces. Primero fue un juez federal de distrito, y después un tribunal de apelaciones dictaminó que podría aplicarse a no ser que la Corte Suprema decidiera lo contrario. Fue entonces cuando el magistrado Samuel Alito la dejó en suspenso de forma indefinida. Este martes la Corte Suprema en pleno opinó lo contrario.

«Un paso atrás»

Los tres magistrados progresistas discreparon. «Hoy la Corte invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración», escribió la jueza Sonia Sotomayor. Las ONGs pusieron el grito en el cielo. El fallo judicial «plantea amenazas significativas a las libertades civiles y el tejido social de Texas y la nación» debido a que esta ley «es un paso atrás», sostuvo en un comunicado la Eagle Pass Border Coalition, un colectivo promigrantes.

Anand Balakrishnan, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU en inglés), calificó la decisión de este martes como «decepcionante». Balakrishnan dijo en un comunicado que la ley «amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso» por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.

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Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), alentó en una conferencia de prensa a los residentes de Texas a conocer sus derechos y a reportar los abusos relacionados con la aplicación de la medida. García explicó que la organización habilitará en los próximos días una línea telefónica gratuita para dar información a los afectados y recibir denuncias sobre abusos por la medida.

Repudio de México

El gobierno mexicano reprobó la entrada en vigor de la ley argumentando que fomenta la separación de familias y la discriminación. «México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano», expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, ya que eso genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta «a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial». Las autoridades apuntaron que «México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos».

Como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el gobierno mexicano participará como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana. Esto con el fin de acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.

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Prioridad de campaña

Las tensiones bilaterales por migración, narcotráfico y armas amenazan con subir este 2024, cuando coinciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México. La crisis migratoria es uno de los temas candentes de estos comicios. Trump amenaza con expulsar masivamente a los migrantes si gana los comicios. «Envenenan la sangre del país» y «están matando a Estados Unidos», repite el expresidente en sus actos de campaña, en una retórica compartida por Abbott.

Por su parte Biden inició este martes una gira de tres días por Nevada, Arizona y Texas para cortejar el voto del electorado latino, clave en su victoria de 2020 sobre el exmandatario republicano y que podría decidir el resultado de las elecciones de noviembre. En Reno, Nevada, Biden destacó sus políticas para la clase media con medidas para reducir el costo de los medicamentos, ampliar la cobertura médica y combatir el cambio climático, además de crear empleos.

Los republicanos culpan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes, mientras que la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución. La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, se niega incluso a votar este texto, que incluye restricciones que ellos mismos han pedido, por considerarlo demasiado laxo.

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