El juez federal Ariel Lijo habilitó la feria judicial para investigar al por ahora asesor presidencial Federico Sturzenegger y a uno de sus colaboradores por presuntos hechos de corrupción: la denuncia apunta a una supuesta intervención interesada e ilegítima para beneficiar a la multinacional tabacalera Massalin Particulares a través de varios artículos de la Ley Ómnibus que debate el Congreso y que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Sturzenegger es uno de los ideólogos de la Ley Ómnibus, aunque aún no tiene cargo formal en el Gobierno. El otro denunciado es el economista Javier Ortiz Batalla, quien fue vicepresidente de Massalin Particulares (filial local de Philip Morris International) y también encabezó el Banco Ciudad; hoy con funciones en el Ministerio de Economía.
La presentación judicial contra ambos fue realizada por la Tabacalera Sarandí, que les imputa los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho activo, estafa, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, estafa procesal y abuso de autoridad. La firma pide investigar a Sturzenegger y Ortiz Batalla bajo la presunción de haber recibido un encargo por parte de Massalin Particulares para elaborar una ley a su medida, con el objeto de beneficiar a la firma de capitales extranjeros en detrimento de las empresas locales, eliminar la competencia nacional y concentrar el mercado de cigarrillos argentino.
Los artículos redactados por Ortiz Batalla en la Ley Ómnibus proponen modificaciones impositivas respecto de diversos impuestos internos que gravan al sector tabacalero, como incrementos de alícuotas, eliminación de mínimos de impuestos por envase y supresión de la potestad del Poder Ejecutivo de aumentar o disminuir el monto del tributo, así como aprobar la explotación del cuestionado “cigarrillo electrónico” y los “vapeadores”, aplicándoles un sorprendente impuesto de solo el 20 por ciento. Se trata de disposiciones “a medida” de lo que vienen solicitando las grandes tabacaleras multinacionales como Massalin.
Lijo, titular del Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 de CABA, habilitó la feria para tratar la denuncia y solicitó a la Cámara de Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que tenga relación con el rubro tabacalero. Asimismo, solicitó información sobre la comisiones parlamentarias que tratan la iniciativa y los miembros que las integran. Todos estos elementos ya se encuentran en poder del juzgado. El juez debe resolver ahora sobre otras ocho medidas de prueba requeridas por Tabacalera Sarandi. Desde la firma de Avellaneda aseguran que incluirán en la causa a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que estén involucrados en las medidas a favor de Massalin.
Las multinacionales tabacaleras ya habían conseguido en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la sanción de la ley 27.430 que, entre otras cosas, fijó un impuesto mínimo actualizable para los atados de cigarrillos, que en términos reales redujo el tributo interno para las marcas internacionales y lo aumentó para las nacionales. Tras una presentación judicial de la misma Tabacalera Sarandí, la Justicia Federal dictó la inconstitucionalidad de la ley del impuesto mínimo.
