El frente en Argentina y el patio del fondo en Bolivia
En el marco de la investigación se confirmó la presencia de vehículos de mediano porte y otros de grandes dimensiones con mercadería, sobre todo comestibles, en domicilios que habían sido señalados en la denuncia. Incluso los investigadores consiguieron registros fotográficos y fílmicos. Con esos elementos la Fiscalía entendió que surgían «indicios serios sobre las actividades de contrabando, entre las que no se descartó la posibilidad de tráfico de estupefacientes», según informó el Ministerio Publico Fiscal federal.
Por eso el fiscal Romero solicitó el allanamiento de estas viviendas al Juzgado Federal de Tartagal, que es subrogado por Gustavo Montoya. Dos de las casas están ubicadas sobre calle O’Higgins, en el centro de Salvador Mazza; otras dos casas están en el barrio San Martín, en la calle Corrientes, una y la otra sobre la calle Maipú. La quinta vivienda allanada está en una finca ubicada en el paraje El Chorro.
Se informó que además del secuestro de los productos que contrabandeaban, se incautaron otros elementos considerados importantes para el caso, como documentación y teléfonos celulares. El Ministerio Público Fiscal federal informó que a partir de esta medida, la sede fiscal de Tartagal «no descarta avanzar con el caso con el propósito de corroborar la comisión de delitos de contrabando de exportación e importación».
La información que dio inicio a la investigacion indicaba que desde estas casas ubicadas en lugares estratégicos se trasladaban los productos a territorio boliviano a través de la modalidad de “contrabando hormiga”, por el que se cobraba un “peaje”. La investigación, a cargo de integrantes del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP), constató la denuncia e individualizó cinco inmuebles, todos ubicados en Salvador Mazza, cuya parte posterior colinda con territorio boliviano.
La mercadería de origen nacional era vendida a ciudadanos del país vecino durante la noche. Desde la fiscalía federal se señaló que esta actividad no sólo está prohibida legalmente, sino que también transgrede las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia vigente, lo que genera un riesgo cierto para la salud pública.
