El riguroso traje de saco azul, camisa y corbata no le alcanzó para esconder el afectado temblor de la voz. “Artículo 18 de la Constitución Nacional”, dijo Aldo Tonon cada vez que una pregunta picaba cerca del ángulo, amparándose en el derecho al silencio para no autoincriminarse. Llegó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados luego de tres inasistencias y obligado esta vez por el juez federal Ariel Lijo al que los legisladores recurrieron para forzarlo.
El histórico exdirector general de la millonaria Obra Social del Poder Judicial de la Nación esquivó situar a quien fue su jefe directo, el juez supremo Juan Carlos Maqueda siquiera para escenificar una discusión. Cuando lo hizo dijo que además de consultar a Maqueda por eventuales situaciones de «envergadura» también lo hizo con Ricardo Lorenzetti y “con todos los integrantes de la Corte” incluida la era de siete integrantes. Apuntó, eso sí, a la interna de la Corte. Alineado siempre para el mismo lado, cuando pudo le pegó a leales de Lorenzetti. Héctor Marchi y Alfredo Krautz terminaron mencionados como al pasar pero apuntados en una audiencia de cinco horas.
Aunque el testimonio dejó algunos datos, la sensación de un sector del oficialismo fue parecida a la que dejó el juez federal Sebastian Ramos en la primera audiencia cuando decía que casi no conocía a Marcelo D´Alessandro mientras explotaba la filtración de chats entre ambos. “Nos mintió en la cara: todo lo que dijo sobre la obra social es mentira”, bramó un diputado. “A (Graciela) Ocaña le contestó sobre la esencia de la denuncia en su contra y a los nuestros les decía: ´Artículo 18 de la Constitución Nacional´”.
Todo testigo debe cumplir con el deber de verdad. En ese sentido, consultado por el futuro de esta presentación, el mismo diputado advirtió: “Se puede hacer una denuncia penal como en el caso de Ramos”.
Varias veces la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó pacientemente al exfuncionario de la Obra Social en qué causas estaba imputado y en cuáles no. “No está imputado en dos de las tres causas que él esgrimió y por las que se negaba a contestar”, resumió un vocero de la Cámara. De las tres causas, dos tiene Lijo y una Daniel Rafecas. Tonon está imputado en una que investiga la denuncia de un extrabajador por un software de seguimiento, en las otras está denunciado por las anomalías en la Obra Social de la que estuvo al frente formalmente entre 2008 y 2023.
El resto de la audiencia consistió en un duelo titánico. Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Germán Martínez y Eduardo Valdés de un lado buscaron la vuelta para que diera mínimos detalles sobre su rol en el escándalo de la Obra Social, su vínculo con Maqueda, la cotidiana, los balances nunca certificados, la contratación de empleados y la intervención de la Corte.
– ¿Nos pude contar las circunstancias que rodearon su ingreso? –preguntó Tailhade. ¿Alguien lo propuso? ¿Tuvo reuniones con jueces? Tonon habló de la historia larga. Su primer contacto como auditor externo para una causa penal por una estafa en el área de odontología. De un intermedio, un CV, Maqueda y una aclaración.
“Hice la presentación de un CV y luego de unos meses fui citado a una entrevista con Maqueda», dijo y siguió: «Lo que quiero aclarar es que no soy amigo personal sino que tuve ese vinculo laboral«. También dijo que tuvo entrevista con otros de los siete miembros de la Corte. Y que luego de seis meses de la auditoria externa “hice un informe” y “la propuesta de replanteo en el armado de la obra social dadas las características que tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”. Venía del ámbito privado, según dijo, de cortos plazos en Salud de Nación y control de gestión del Remediar hasta el 2008.
– El cambio de rol, ¿quién se lo ofreció? –insistió Tailhade. ¿Maqueda? Tonon, cercano al ministro de la Corte, volvió a evitar nombres. “El ofrecimiento fue hecho por los titulares de la Corte con la anuencia de los ministros». La acordada (de su designación y estatuto) está firmada, subrayó, “por los siete ministros”.
– En lo formal, ¿se lo ofreció un ministro? ¿Le dijo: quiero ofrecerle este cargo y los demás estuvieron de acuerdo?
– No recuerdo –dijo el exfuncionario.
Tampoco recordó el drama de Martina Forns, la jueza que ante la Comisión de Juicio Político decidió testificar porque cuando necesitó a la obra social en “las peores circunstancias” “me dejó abandonada”. Ocurrió en pandemia cuando su marido terminó internado en situación terminal. Forns dijo en la Comisión que no le respondieron jamás los mails pidiendo por el marido, que murió.
Tonon si recordó a Guadalupe Burgos. Ese fue uno de los aportes: dijo que era la tesorera. Burgos es la presunta sobrina de Carlos Maqueda, a cargo de la firma de los cheques de la Obra Social.
Tonon quedó desafectado de la Corte acorralado por las denuncias aunque los supremos le aceptaron la renuncia este año. Según enumeró el ex administrador general del Máximo Tribunal Héctor Marchi en audiencias pasadas, en la gestión de Tonón no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos, habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.
