Alberto Pérez ratificó su denuncia sobre la mesa judicial durante el gobierno de María Eugenia Vidal

Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli en la gobernación bonaerense, ratificó su denuncia sobre una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires que no sólo apuntó a ejercer presiones, hacer campañas mediáticas y armar causas contra sindicalistas sino también contra políticos opositores, empresarios y hasta jueces.

Pérez presentó un escrito donde muestra el circuito de recolección de la información ilegal a través de maniobras de espionaje, con epicentro en el Ministerio de Seguridad bonaerense y pide, entre otras medidas, que sea citado a declarar el comisario Hernán Casassa, quien la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, confirmó –como decía en dos audios — lo que describió como un «grupo de tareas» que generaba expedientes de manera ilegal. Ante los diputados dijo que los integrantes de esa organización en la provincia, entre quienes mencionó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de gabinete Federico Salvai, el procurador Julio Conte Grand, y el exministro Cristian Ritondo, también eran convocados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a una mesa judicial nacional.

Hasta ahora, el planteo de Pérez tramita en una causa separada de la que están enfocada en la «Gestapo antisindical», aunque coinciden mecanismos y los personajes.  El exfuncionario sostiene que él fue víctima de actividades de inteligencia ilegal, ya que la información con la que le abrieron una causa por enriquecimiento ilícito, junto con Scioli y otros miembros de su gabinete, se basaba en datos recolectados sin orden judicial, de bases de datos privadas y oficiales, que llegaron a manos de Elisa Carrió quien después presentó la denuncia. Casassa fue el encargado de los allanamientos en propiedades de los ex funcionarios. Entre otras cosas, Pérez entregó el acta firmada por él, cuando era subcomisario de Activos Ilegales de la Superintendencia de Investigaciones Complejas de la bonaerense. Además de su declaración –que deberán evaluar el juzgado de Ernesto Kreplak y la fiscala Ana Russo– pidió la versión taquigráfica de la exposición de Casassa ante la Bicameral.

Pérez pidió ser querellante a principio de mes, cuando llevó al juez Kreplak los audios de Casassa. Este martes, además de ratificar su denuncia presentó argumentos adicionales. Recordó que existe una causa en la que ya se pudo advertir la matriz del armado de acusaciones penales, aunque el juez Federico Atencio y la fiscala Cecilia Corfield, llegaron hasta un punto y no se avanzó más. Se refiere a una investigación contra Guillermo Berra, que era el jefe de Asuntos internos de la policía bonaerense, y su pareja, María Rosario Sardiña exauditora especializada de investigaciones patrimoniales. La denuncia original había sido presentada por otro policía, Néstor Omar Martín, exjefe de superintendencia de Coordinación Operativa. Berra y Sardiña fueron procesados por haber utilizado fondos públicos de la fuerza para obtener información y almacenar datos sobre personas que no tenían vinculación alguna con lo que investigaban en la policía.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se gestionaron, por ejemplo, informes de Nosis sobre 15.000 personas. Fueron cerca de 40.000 pedidos a esa base de datos privada, que contiene información patrimonial y financiera sobre personas, pero el expediente se limitó a unos 2500 informes, que eran los que pedía Asuntos Internos. Otras fuentes de consultas ilegales fueron la AFIP y Migraciones. Pero había, al parecer, otras dependencias de aquella cartera que los gestionaban y son los casos que quedaron fuera de la causa judicial. Entre ellos estarían los rastreos de información sobre Pérez, Scioli y otros funcionarios, pero también sobre sindicalistas como Roberto Baradel, acerca de quien se rastreó información en el pico de su pulseada con Vidal por la situación de los docentes, sobre el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y también sobre empresarios como Fabián de Sousa (Grupo Indalo) y Victor Santa María (Grupo Octubre), como reveló Raúl Kollmann en julio de 2020.

Otro nombre que aparece en ese rastreo de datos es el del exjuez Jorge Ballestero, quien integraba la Cámara Federal de Comodoro Py hasta que renunció en 2018 en medio de la ofensiva macrista contra determinados jueces. En su caso, después de ordenar la libertad de De Sousa y Cristóbal López, el expresidente Mauricio Macri dijo públicamente que no había sido «lo acordado». En medio de acusaciones en el Consejo de la Magistratura avanzó con su jubilación. Ballestero es ahora uno de los abogados que representan a Pérez en su pedido de querellar, junto con Pablo Slonimsqui.

«Se ha criticado el accionar de la Side en su momento, pero en democracia no se ha visto una actuación en forma organizada en Nación y Provincia para perseguir adversarios, políticos e ideológicos, trabajadores, o cualquiera que pueda ser conflictivo para el gobierno de Cambiemos iba a ser perseguido de esta forma», dijo Ballestero. «Esta información que obtenían de bases como Nosis, se usaba para extorsionar testigos, o armar causas, o personajes de la política, ya fuera porque averiguaban de viajes o movimientos crediticios, o para hacer denuncias o apretar personalmente a policías o quien fuera. También sé que entre los Nosis habían pedido acerca de mi persona, cuando yo era camarista federal», agregó.

Habrá que ver ahora si Kreplak y la fiscalía están dispuestos a investigar lo que quedó afuera de la causa que involucró a Berra. El escrito de Pérez dice: «En la hipótesis que maneja esta parte, los imputados –en los dos expedientes que aquí interesan (el de la Gestapo y el que involucra a Berra)– habrían utilizado los recursos que tienen los organismos de inteligencia y/o las fuerzas de seguridad para realizar espionaje ilegal sobre diferentes personas para luego presionarlas o extorsionarlas en base a dicha información. Es que conociendo datos sensibles sobre una persona, en particular si se trata de datos que aquella no desea que se hagan públicos, resulta fácil presionar o manipular a cualquiera para que declare judicialmente en determinado sentido, pague una suma de dinero o guarde silencio, entre otras alternativas». Además de pedir que declare Casassa y que declare Martín, el denunciante de la causa contra Berra, le apunta esencialmente a Carrió, que fue la que hizo la denuncia en su contra. A su entender su papel cerraba el circuito de recolección de información basada en inteligencia ilegal con denuncias truchas.