El principal activo político y económico del Gobierno comenzó a mostrar señales de desgaste: junio cerró con el primer déficit primario para ese mes desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La combinación de una persistente caída de los ingresos fiscales y un gasto que dejó de reducirse al ritmo de los primeros meses de gestión pone en evidencia las crecientes dificultades para sostener el ajuste en un contexto cada vez más recesivo. Este resultado no solo enciende dudas sobre la posibilidad de cumplir las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que anticipa que el Gobierno podría verse obligado a profundizar el ajuste durante la segunda mitad del año.
Según datos oficiales, el Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de 0,70 billones de pesos. Tras contabilizar intereses de deuda por 0,33 billones, el resultado financiero arrojó un rojo de 1,02 billones. Se trata del primer junio de la administración libertaria con saldo primario negativo y marca un cambio respecto de la dinámica que había permitido exhibir superávits fiscales durante buena parte del último año. El Gobierno sostuvo desde el inicio de su gestión que el ajuste fiscal era la condición indispensable para estabilizar la economía, reducir la inflación y recuperar la confianza de los mercados. Ahora los propios números oficiales empiezan a poner en cuestión ese relato.
Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025 el superávit fue posible porque el gasto público caía mucho más rápido que los ingresos. Ahora esa relación comienza a modificarse. Los ingresos continúan retrocediendo mientras el gasto dejó de ajustarse con la misma intensidad e incluso mostró un incremento en términos reales.
En junio los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron a 14,16 billones de pesos, lo que representó una caída real interanual del 8,5 por ciento. En contraste, el gasto alcanzó los 14,86 billones y registró un crecimiento real del 3,1 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.
La suba no implica que el Estado haya abandonado el ajuste. Por el contrario, la comparación con 2023 muestra que el gasto continúa en niveles extraordinariamente bajos: las erogaciones permanecen 32,8 por ciento por debajo de las registradas dos años atrás, mientras que los ingresos también acumulan una caída significativa, del 20,8 por ciento, según analizaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Está en peligro la meta con el Fondo
El comportamiento del primer semestre confirma esa dinámica. Entre enero y junio los ingresos retrocedieron 5 por ciento en términos reales respecto del mismo período de 2025 y 11,2 por ciento frente a 2023. Los gastos también disminuyeron, aunque en menor magnitud: 2 por ciento interanual y 30,4 por ciento respecto de hace dos años, advierte el CEPA. Hasta ahora esa diferencia permitió conservar un superávit primario acumulado, aunque cada vez más estrecho.
Los números empiezan a tensar también la relación con el FMI. El resultado fiscal acumulado durante el primer semestre alcanzó 6,29 billones de pesos, unos 574 mil millones por debajo de la meta comprometida con el organismo, incluso después de que el propio FMI decidiera flexibilizar ese objetivo en 1.597.300 millones en mayo pasado.
Para cumplir la meta anual fijada en el acuerdo, el Gobierno deberá acumular cerca de 10 billones de pesos de superávit primario durante la segunda mitad del año. La exigencia resulta especialmente elevada si se considera que, durante los dos primeros años de gestión libertaria, aproximadamente dos tercios del superávit fiscal se obtuvieron en el primer semestre y apenas un tercio en la segunda parte del año, apuntan desde el CEPA.
Ese escenario deja abiertas dos alternativas. La primera consiste en profundizar todavía más el ajuste fiscal durante los próximos meses, con nuevas reducciones del gasto público. La segunda es solicitar al FMI un waiver por incumplimiento de la meta fiscal, algo que contrastaría con el discurso oficial que presentaba el equilibrio de las cuentas públicas como el principal éxito del programa económico.
Superávit discutido
Las cuentas oficiales presentan además otra particularidad que varios economistas vienen cuestionando. Una parte creciente del financiamiento del Tesoro se realiza mediante Letras Capitalizables (LECAP), Bonos Capitalizables (BONCAP) y títulos duales cuyos intereses no se pagan periódicamente, sino que se incorporan al capital y se cancelan recién al vencimiento.
Ese mecanismo permite postergar el registro contable del pago de intereses y mejora transitoriamente el resultado financiero informado por el Ministerio de Economía.
Durante junio los intereses efectivamente pagados alcanzaron 0,33 billones de pesos. Sin embargo, los intereses capitalizados de esos instrumentos sumaron otros 2,12 billones. Si ese monto se incorporara al cálculo del resultado financiero, el déficit del mes ascendería a 3,14 billones de pesos en lugar de los 1,02 billones informados oficialmente.
La diferencia se vuelve todavía más significativa cuando se analiza el acumulado del año. Entre enero y junio los intereses capitalizados alcanzaron 14,26 billones de pesos, mientras que el Gobierno informó un superávit financiero de apenas 1,46 billones. Incorporando esos intereses diferidos, el resultado financiero pasaría a mostrar un déficit superior a los 12,8 billones de pesos, advierte el CEPA.
