Ante la creciente movilización y presión de las universidades por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, el gobierno de Javier Milei dio otro manotazo de ahogado para no enfrentar sus obligaciones. Horas antes de que culmine el plazo para que transfiera las partidas para actualizar los salarios y las becas, la Procuración del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario a la Cámara de Apelaciones para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la norma. Mientras los magistrados deciden si elevan el pedido a la Corte Suprema, el recurso no tiene carácter suspensivo, por lo que la Casa Rosada está obligada a enviar el dinero a las casas de altos estudio. En ese marco, alumnos, docentes y familiares del colegio preuniversitario Carlos Pellegrini se concentraron en las puertas de la institución para reclamar por la aplicación de la ley y luego se unieron a la Marcha de las antorchas que convocaron desde varios gremios de docencia media y superior.
El viernes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal recibió el recurso presentado por el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. En él, el representante del poder ejecutivo solicitó la suspensión de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 -aquellos que establecen la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas y el aumento de las becas para los estudiante-. El argumento es el mismo que esbozó Milei cuando suspendió la Ley luego de que ambas cámaras legislativas rechazaran su veto: el proyecto no indica las fuentes de financiamiento.
En la presentación, el oficialismo cuestionó la medida cautelar de la Cámara que ordenó la aplicación de los artículos mencionados y sancionó la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto Presidencial N° 759/2025 -mediante el cual Milei suspendió la Ley-. Ahora es potestad de los responsables del tribunal de segunda instancia decidir si acepta el recurso en un periodo de 10 días hábiles y lo eleva a la Corte Suprema para que los ministros Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti se expidan sobre el caso. El mileísmo alega que la intervención de los cortesanos es necesaria debido a que se trata “de una cuestión federal” y que la cautelar configura “una grave e irreparable perjuicio al Estado” porque podría comprometer el equilibrio fiscal que tanto celebra el Presidente.
En caso de que la Cámara de Apelaciones eleve el caso a la Corte, el Gobierno solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti llamen a otros tres conjueces que ocupen su lugar debido a que los supremos también ejercen la docencia universitaria. De todas maneras, el recurso no suspende los efectos de la ley hasta que la Corte determine su decisión, por lo que a partir de las 9:30 del viernes comenzó a regir la obligatoriedad de las transferencias a las universidades. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) evalúan solicitar la aplicación de una multa personal a los funcionarios correspondientes por cada día que pase sin que el poder ejecutivo afronte su responsabilidad.
Marcha de las antorchas
En medio de estas idas y vueltas administrativas y judiciales, el sueldo de los docentes y trabajadores universitarios se devalúa cada semana, a la par de las condiciones edilicias de las sedes educativas. Para visibilizar este panorama, los alumnos y las familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini -institución que depende de la UBA- realizaron un “abrazo simbólico al Pelle” luego de las clases y más tarde se unieron a la marcha de las antorchas organizada por Ademys que partió desde Corrientes y Callao hacia el Obelisco.
Mientras el resto de las organizaciones gremiales comenzaban a levantar sus banderas y encender las antorchas ante la puesta del sol entre los teatros y pizzerías de la calle Corrientes, una ola de adolescentes irrumpió en la escena a los saltos al grito de “la UBA no se vende” y “el que no salta votó a Milei”. Con el entusiasmo que los caracteriza, llamaron la atención de aquellos que paseaban o tomaban un café dentro de los locales. “El Pelle no se rinde” y “salarios dignos ya”, exclamaban algunos de los carteles que sostenían los alumnos del Carlos Pellegrini. Al costado de la joven columna, los padres acompañaban con aplausos y elevando velas mientras cuidaban que los chicos vayan todos juntos.
“Nuestros docentes no pueden más con la vida que llevan teniendo que recurrir al pluriempleo. Hoy una docente se nos fue quince minutos antes porque tenía que dar clases en otro colegio”, graficó la estudiante de 16 años Juana Contreras y sostuvo que “entendemos que eso no es calidad educativa y que nosotros, como pibes y adolescentes, lo más que necesitamos en este momento es poder aprender, volver a las aulas y habitar el colegio”. A su lado, un grupo de chicas arengaba a los vehículos que circulaban al cantito de “tocá bocina si apoyas la educación”, recibiendo la respuesta inmediata de los automovilistas y de sus propios compañeros.
Además de la pulverización salarial, el desfinanciamiento se materializa en el estado edilicio. “Hay muchos techos con agujeros en las aulas, la infraestructura del Pelle no es la mejor”, advierte Juana aunque remarca que lo que más le preocupa es el bolsillo de sus profesores. “Hace más de ciento ochenta días que le deben gran parte de su salario a nuestros docentes, perdieron un cincuenta por ciento de su poder adquisitivo. De mi colegio se fueron casi treinta docentes en menos de dos meses, cuando el año pasado fueron diecisiete. Es una vergüenza”, apuntó la alumna y recordó el reclamo: “lo que están haciendo directamente es incumplir una ley, es inconstitucional”, enfatizó Contreras.
En esta sintonía, la secretaria general de AGD UBA , Laura Carboni aseguró que “el problema de suspender la Ley de Financiamiento es que congela el presupuesto, lo que provoca que la universidad esté en un nivel de asfixia que nunca antes se había visto y hace que sea muy difícil poder funcionar”. Además de los problemas salariales y de mantenimiento que esta situación provoca, Carboni advirtió que las becas estudiantiles “en este momento están en treinta y cinco mil pesos, ningún pibe con esa plata puede hacer absolutamente nada”. Para cerrar, la gremialista hizo alusión a los escándalos políticos que sacuden a los funcionarios de Milei y planteó que “en momentos donde el gobierno está golpeado, es más fácil que los reclamos se puedan permear”.
La crítica situación que transitan los docentes no se limita meramente al ámbito universitario. La secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Soledad Mosquera, expresó que los profesores “nos vemos obligados a trabajar tres turnos, a hacer changas por fuera” y recordó el asesinato del docente Cristian Pereyra mientras se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes para poder afrontar sus gastos básicos.
Mosquera reveló que por la mañana mantuvieron una reunión con el gobierno porteño en el que le ofrecieron apenas un 4 por ciento de aumento a impactar en mayo, “es el equivalente a menos de 35 mil pesos cuando venimos de dos meses sin actualización y la inflación del último mes superó el tres por ciento” aseguró.
