La Cámara alta prorrogó las sesiones virtuales y la oposición rechazó el debate
«Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire, no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender», aseguró Fernández Sagasti. Y volvió a cuestionar la “situación de rebeldía” de los camaristas que se negaron a participar de la audiencia pública y “desconocer la composición de la Cámara, de origen popular y federal”, como establece la propia Constitución para la designación de jueces, “cuyos cargos son vitalicios”.
La senadora Inés Pilatti Vergara (FdT), recordó que la revisión de los traslado se originó en el Consejo de la Magistratura (que integra). Donde una auditoría sobre 40 traslados en los últimos 4 años concluyó que una decena cumplió los requisitos constitucionales; unos 15 no cumplió algunos de los requisitos y “un grupo de diez en los que no se respetaron los requisitos ni tampoco el acuerdo del Senado”. Por lo que el Consejo envió los pliegos al Ejecutivo y el PEN al Senado para aprobar o rechazar sus traslados.
El mecanismo de trasladar jueces de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos. La discusión sobre cómo utilizó esa herramienta el gobierno de Macri se remonta a los inicios de esa gestión. Este año, a raíz de un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el plenario del Consejo resolvió por mayoría, con el voto clave de Graciela Camaño, que 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque no pasaron por el Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018. Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. La intención de Macri, según postulan desde el oficialismo, era tener el control de la Cámara por la que pasan todas las causas de Comodoro Py, la Cámara Federal.
Antes de que comience el debate y de abandonar la sesión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, alentó la rebeldía del magistrado. “El juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina”, recordó sobre las declaraciones del magistrado. Y le envió un mensaje: “el otro bloque del Senado” que no es el oficialismo “lo está respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas”.
El éxodo y la desconexión de los senadores de JpC se produjeron luego que el oficialismo aprobara con 41 votos a favor y 28 en contra la prórroga por 60 días del protocolo para las sesiones remotas en el Senado y antes que comenzara a debatirse el resto de los temas. Los opositores se repartieron todo el tiempo que disponían para pronunciarse en contra de la prórroga y reclamar que la misma requiere de los dos tercios de los votos de los presentes en la sesión.
Dirigiéndose a Lousteau, CFK preguntó cómo se repartirían el tiempo, lo que ofuscó al opositor. “No, le pregunto, ¿sabe por qué, senador? Porque como hubo muchas vueltas: que pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían… por eso le pido que nos explique qué es lo que quieren hacer. No es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha”, replicó CFK sobre las idas y vueltas opositoras. “¿Cuánto quiere Lousteau, 20 minutos? ¿Rodríguez Machado? 15 minutos. Sí, sí, esto es un delivery… Usted lo tiene, usted lo pide, usted lo tiene. Schiavoni, ¿cuánto quiere? ¿20 minutos, media hora?”, insistió irónica la vicepresidenta.
El jefe del interbloque de JpC, Luis Naidenoff, volvió a reclamar “consenso” para la prórroga, bajo la impronta opositora de condicionar el temario del Senado solo a temas sobre la pandemia. Reclamó sesiones presenciales, acusó a CFK de imponer “su agenda personal” y al gobierno de “ir por la oposición y las libertades individuales”. Además de confirmar que judicializarán las decisiones de la Cámara alta.
El jefe de la bancada oficialista José Mayans fue el encargado de la réplica. Recordó el Golpe el golpe de Estado a Perón el 16 de septiembre del ’55 y la última dictadura militar «para desconocer la voluntad popular» y acusó a JpC de ir en el mismo camino y «no reconocer que la gente votó cambiar el rumbo del gobierno de Macri».
