La Asociación Americana de Juristas (AAJ) presentó una denuncia contra Javier Milei ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra por violaciones al «sistema democrático, los derechos humanos y el desarrollo» en Argentina.
La presidenta de la rama argentina, Claudia Rocca, dio detalles de la presentación y explicó la importancia de la denuncia: «El mundo tiene que saber que, cuando dominan estos intereses, los pueblos son devastados«, manifestó en AM750.
En esa línea, Rocca aseguró que los argentinos están poniendo en juego su condición de vida para «mostrarle al mundo que estos proyectos mesiánicos y deshumanizantes, donde lo único que parece primar es el Dios mercado, producen sólo devastación».
La presentación hace énfasis en las violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y en el derecho al desarrollo, que, según entiende la Asociación de Juristas, se ven afectados por la política desplegada por la gestión mileiísta.
«Enumeramos las múltiples afectaciones que tiene el DNU, pero no se agota ahí porque hay determinadas políticas y decisiones gubernamentales que suprimen otros derechos», detalló Rocca, y recordó que, en estos tres meses, el Gobierno quiso eliminar derechos fundamentales en materia laboral, puso en venta empresas estratégicas del erario y permitió la venta de recursos y tierras que son parte del patrimonio nacional.
«En tres meses tenemos la estrepitosa cifra de 3 millones de pobres más. Récord de indigencia, récord de pobreza, récord de desocupación y caída de la producción», subrayó la titular de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas.
Asimismo, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya fue advertida por el protocolo antipiquete a partir de una presentación que realizaron desde la AAJ. «Tres relatores especiales hicieron una manifestación, que son llamados de atención, y si el país no modifica las condiciones, las medidas van en ascenso. Es importante pensar que parecía que se iba a imponer a sangre y fuego y ahora no está pasando«, señaló.
Por último, la jurista explicó que los países están obligados a tener programas que respeten un principio de progresividad que mejoren la calidad de vida y que, de no cumplirlo, el Consejo puede pedir explicaciones, venir de visita al país, establecer misiones, enviar relatores para hacer un análisis de situación e incluso establecer sanciones.
