La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revocar el arresto domiciliario del ex agente de inteligencia Patricio Finnen, procesado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti, y reprendió en duros términos a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens por conceder ese beneficio “sin analizar los riesgos procesales” y haciendo una “aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales”. La Cámara Federal, que le había otorgado el beneficio al ex jerarca de la SIDE apenas 24 horas después de que el juez federal Daniel Rafecas lo procesara por 112 secuestros y torturas más 23 homicidios, deberá dictar ahora un nuevo pronunciamiento pero “ajustado a derecho”.
Agente de la SIDE entre 1974 y 2002, cuando fue eyectado por su responsabilidad en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA, Finnen gozó de absoluta impunidad hasta fines del año pasado, cuando Rafecas ordenó su detención. En abril lo procesó por los más graves delitos en los centros clandestinos que la SIDE montó en 1976 en calle Bacacay 3570 y luego en Orletti, en la misma manzana del barrio de Floresta. Un sobreviviente recordó al dar testimonio que uno de sus guardias se apodaba “Paddy”, el sobrenombre del agente.
Finnen recibió la noticia en la denominada Unidad 34 de Campo de Mayo, que funciona dentro de esa guarnición militar, aloja en estos días a 62 represores y que la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad no considera una institución penitenciaria. Al día siguiente, Bruglia, Bertuzzi & Llorens lo ayudaron a digerir el mal trago al ofrendarle la domiciliaria en su casona de Castelar.
La Secretaría de Derechos Humanos apeló esa decisión, alertó sobre los riesgos procesales que implicaba, la posibilidad de que Finnen entorpeciera la producción de pruebas y presionara a testigos y víctimas para que no declararan en su contra. Destacó además que según los informes médicos no tiene más que afecciones propias de su edad y recordó que en la Unidad 34 tenía médico y enfermero las 24 horas.
El fiscal federal ante Casación, Javier de Luca, respaldó el pedido, cuestionó la falta de fundamentación de la decisión y la calificó de “arbitraria”, porque los camaristas “dejaron de lado todos los informes médicos” –de los que surge que las afecciones de Finnen no tienen relación con el encierro y pueden ser tratadas por el personal penitenciario– y tampoco consideraron el estado de la causa, los crímenes que se le imputan y el riesgo de fuga. La defensora oficial María Florencia Hegglin, en cambio, resaltó las “patologías crónicas” del ex SIDE y consideró que no hay riesgos procesales en juego.
La Sala IV de Casación, con votos de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, anuló ayer esa resolución. “La superación del límite etario (70 años) no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria”, recordó Borinsky, quien advirtió que la Cámara Federal “concedió el arresto domiciliario a Finnen sin analizar los riesgos procesales del caso”. Hornos coincidió en que “ni la concesión ni el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria pueden resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que deben estar precedidas de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presente cada caso”. Finnen “no padece enfermedades incurables en período terminal” y sólo tiene “afecciones propias de su edad”. Carbajo adhirió al primer voto. En la parte resolutiva, le ordenan a la Cámara Federal que “dicte un nuevo pronunciamiento, ajustado a derecho”.
