Una jueza de San Martín dictó este lunes una medida cautelar en favor de una jubilada de 78 años y ordenó que se suspendan los aumentos en las cuotas de medicina prepaga que se desprenden de la aplicación de las desregulaciones del DNU 70/23 dictado por el presidente Javier Milei.
La Jueza Federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, resolvió una medida cautelar en la que dejó sin efecto las subas y que sólo se implementen «los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 de la ley 26.682».
La medida de amparo fue realizada por la señora Marta Cristina Brauchli, de 78 años, contra la empresa de medicina prepaga Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.
La mujer denunció que la cuota mensual se incrementó un 40% en enero y luego fue notificada de un nuevo incremento del 29,5% para febrero, mientras que sus haberes previsionales ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago.
A través del fallo, la magistrada ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires adecuar las cuotas de su plan asistencial hasta dictarse una sentencia definitiva y que se resuelva la cuestión de fondo del DNU 70/23.
El fallo se produce en respuesta a la acción de amparo presentada por una señora de 78 años, que detalló «que la cuota que se encontraba abonando conforme la factura que acompaña por el mes de diciembre de 2023 se incrementó primero en un 40% para el mes de enero de 2024, luego recibió otra comunicación de la demandada para el mes de febrero del corriente año con un nuevo incremento del 29.5% y que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales por el período 12/23 ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago».
La jueza Forns decidió hacer lugar a la medida cautelar y resolvió no aumentar las cuotas en lo que dice el decreto «hasta tanto se resuelva la petición de fondo, a fin de que se readecuen las cuotas de sus planes asistenciales, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 de la ley 26.682.
Forns destacó, además, el riesgo que «conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria, según denuncia, por su edad y ponderando que de acuerdo a las constancias de la causa percibe un haber previsional que asciende a $323.089,39, el aumento implicaría una erogación de aproximadamente la mitad de su haber”.
Serenellini se reunió con directivos de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas
Por otro lado, el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, se reunió este lunes con integrantes y directivos de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (Asofar), con quienes dialogó sobre aspectos relacionados con la normativa laboral incluida en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el DNU que se analizan en el Congreso.
Durante el encuentro, que se realizó en Casa Rosada, el funcionario se informó sobre la conflictividad laboral y se comprometió a coordinar un encuentro con la cartera de Salud para intercambiar ideas específicas de la actividad, se indicó en un comunicado de la Presidencia.
Asimismo, los representantes de la Asofar reconocieron el manifiesto interés de este Gobierno con el sector privado, señaló la información.
Participaron del encuentro el secretario de Asofar, Eduardo Dosisto, y los directivos Gustavo Luraschi , Sebastián Ercolessi y Pablo Andrés Pardo.
Se estima que en Argentina existen 13.500 farmacias, de las cuales en el AMBA se concentra el 22,2% del total de establecimiento de país, unas 3.000, en tanto que en la Capital Federal hay unas 1.400.
La regulación del sector está a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
