Para la querella, los testimonios de los militares demuelen la coartada y el encubrimiento y confirman que se violaron los derechos humanos durante la recuperación del cuartel. El rol del entonces secretario del juzgado, Alberto Nisman.

Se intuía que la tercera audiencia del juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel de La Tablada sería importante. Sin embargo, nadie imaginaba que se produciría semejante vuelco cuando dos militares aseguraron que Iván Ruiz y José Díaz fueron capturados con vida, torturados y luego desaparecidos. Pero uno de ellos fue más allá: César Ariel Quiroga, quien en ese entonces conducía una ambulancia dentro del cuartel, denunció que le hicieron firmar una declaración con hechos que él no vio. Esa testimonial falsa lleva la firma de Alberto Nisman, por entonces secretario del juzgado de Morón.

El giro sucedió ayer en la causa que tiene como acusado al ex general Alfredo Arrillaga, cuando Quiroga desmintió la versión oficial acerca de lo sucedido en enero de 1989 durante la represión desatada para recuperar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, tras la toma por parte de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP). “Siento que me descargué una mochila que hace 30 años llevo encima”, dijo el testigo sin ocultar su conmoción. Al finalizar la audiencia uno de los abogados querellantes, Ernesto Lombardi, aseguró que “Quiroga acaba de demoler la coartada, el tremendo encubrimiento que se armó para tapar la desaparición no solo del objeto procesal de este juicio, José Díaz, sino de los otros desaparecidos (Francisco Provenzano, Iván Ruiz y Carlos Samojedny). Es una causa de Terrorismo de Estado, tenemos sentado como imputado al responsable de las violaciones de derechos humanos que se dieron en La Tablada”.

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Quiroga agradeció al tribunal la “oportunidad” de hablar y relató que en 1990, cuando tenía 23 años, firmó una declaración testimonial ante Nisman que “no era” fiel a lo que él había declarado y que un “auditor del Ejército”, presente en el juzgado de Gerardo Larrambebere, lo llevó aparte y le pidió que consintiera la “versión oficial para no dañar a la institución”.

En 1990 las primeras versiones sobre las desapariciones de Díaz y de los otros tres militantes –Samojedny, Provenzano y Ruiz– fueron atribuidas a una fuga, pero el juicio contra los miembros del MPT que intentaron el copamiento reveló pruebas y testimonios que echaron por tierra esas explicaciones. Ese relato que firmó y hoy desmintió es la versión del Ejército que sostiene que Díaz y Ruiz fueron capturados y subidos a la ambulancia que Quiroga manejaba y que fue él quien se los entregó al sargento Ricardo Esquivel, que luego apareció muerto. La coartada que sostuvo el militar Jorge Eduardo Varando hasta su muerte fue que Ruiz y Díaz asesinaron a Esquivel y escaparon del regimiento. Quiroga hablaba sin sobresaltos hasta que dijo: “Esto que conté es lo que yo viví, porque el resto de las cosas que dice la declaración yo nunca las viví. Ahí dice que yo me encontré con un tal Mayor Varando. No lo conocí. No transporté a ningún subversivo”. El testigo agregó que cuando él cuestionó que no había declarado lo que decía el escrito que le hicieron firmar, el teniente González Roberts le respondió: “Hay que hacerlo por la institución”. Esa declaración fue tomada en agosto de 1990, en el juzgado que dirigía Larrambebere, con la secretaría de Nisman. “Me dieron dos hojas dijeron que era un trámite que tenía que hacer por si en algún momento alguien reclamaba algo”, explicó y mostró las copias que le entregaron en aquel momento, que ahora son parte del expediente y serán sometidas a peritaje según anunció el presidente el TOF Nº 4 de San Martín, Matías Alejandro Mancini. “Lo firmé por mi poca edad, porque hacía poco tiempo que estaba en la institución, por presión y por miedo”, agregó Quiroga. También le habían dicho que, por las dudas, se las aprenda de memoria.

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Las expectativas iniciales estaban centradas en la palabra del ex sargento José Almada, que ya había denunciado en 2004 violaciones a los derechos humanos por parte de sus compañeros del Ejército que en 1989 aplicaron una “ejecución sumaria” sobre varios miembros del MTP, arrestados luego de haber intentado tomar el cuartel. “Yo juré respetar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y me parecía que todo esto no guardaba relación con nuestra tarea. Los trasladaron a otro lugar y los trajeron luego muy golpeados –dijo acerca de Díaz y Ruiz–, los subieron a un Ford Falcon y los sacaron con rumbo desconocido”. Almada denunció que mientras esperaba para declarar ante el TOF4, dos mujeres familiares del militar Jorge Halperín, que declaró un rato antes que él, le preguntaron si era testigo. Cuando les respondió que sí, le dijeron: “¿sos de los zurdos? Usted es un arrepentido, ¿cuánto le pagaron estos hijos de puta?”. El presidente del tribunal le pidió disculpas y así sumó otra escena a la jornada ya de por sí memorable para la causa por los desaparecidos de La Tablada.

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