Docentes, gremios estatales y municipales volvieron a marchar ayer masivamente por las calles de San Salvador de Jujuy bajo la consigna «Arriba los salarios, abajo la Reforma» constitucional que impulsa el oficialismo provincial. Lo que marcó una contundente respuesta a la amenaza del gobernador radical Gerardo Morales de descontar a los maestros los días de paro y el presentismo de la huelga por tiempo indeterminado por aumento salarial en paritarias que lleva ya ocho días. El retroceso parcial de Morales, que tuvo que derogar el decreto que criminalizaba la protesta social, tampoco logró calmar las aguas porque insiste en implementar el recorte de derechos en una reforma exprés a la Constitución Provincial en una constituyente que cada día pierde más legitimidad. Ayer, los seis convencionales del Frente de Izquierda (FIT) renunciaron a sus bancas para no convalidar la reforma que definieron como “totalmente antidemocrática, amañada y reaccionaria”. En tanto, una decena de organismos de Derechos Humanos enviaron una misiva a las autoridades de de la convención en la que expresaron su “profunda preocupación y rechazo” al proceso de reforma que en muchos aspectos “implica un retroceso en los derechos humanos de las personas de la provincia, y viola el derecho de igualdad ante la ley constitucionalmente consagrado frente a otras personas que habitan el territorio nacional”.
Los docentes, que lograron romper el cerco represivo impuesto por Morales en demanda de mejoras salariales, ya no están solos en las calles de Jujuy. Otros sindicatos como CTA jujeña, los Profesionales Universitarios (APUAP), Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUNJu), APOC y los Empleados y Obreros Municipales (SEOM) se sumaron a los gremios docentes (ADEP, CEDEMS y SADOP) para conformar una “Intergremial” que unifique los reclamos gremiales de los trabajadores jujeños, que también incluye el rechazo a la reforma de la constitución provincial.
“La intergremial ha tomado esta medida y estamos consolidando esta agrupación de distintos sindicatos no solo estatales sino también privados. A todos nos preocupa también la reforma constitucional, todo tiene que ver. Porque con el decreto que tuvo que derogar, se vio esta política autoritaria”, sostuvo Mercedes Sosa, la secretaria general de Cedems. “El acatamiento sigue siendo alto, se mantiene igual que la semana pasada, un 90 por ciento para arriba. Estamos acostumbrados a las declaraciones del gobernador pero el docente ha perdido el miedo y sigue firme”, agregó Silvia Vélez la secretaria general de Adep que aglutina a los docentes primarios.
En tanto, un colectivo de organismos de Derechos Humanos se sumó ayer al rechazo de la reforma constitucional jujeña en una carta dirigida a Gabriela Burgos, a cargo de la presidencia de la Convención. “El articulado que se propone reformar aborda, entre otros, temas centrales para el ejercicio de la democracia como son el derecho al ambiente sano, la consulta a pueblos indígenas, el derecho a la protesta. La regulación de estos derechos debe respetar la prelación constitucional de nuestro país, y adecuarse, consecuentemente, a los preceptos establecidos en las normas de jerarquía superior a las provinciales, en la Constitución Nacional, y en los instrumentos internacionales correspondientes”, sostiene uno de los párrafos de la misiva.
“En relación con el derecho a la protesta, la Constitución hoy vigente en la provincia reconoce y garantiza los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, de petición y de libertad de asociación (arts. 31 a 34). En lugar de ampliar y profundizar estos derechos de acuerdo a los nuevos desarrollos de los estándares regionales e internacionales, se los limita y bloquea con un supuesto ‘derecho a la paz social’, un eufemismo tras el que se esconden medidas de restricción de aquellos derechos, en particular, el derecho a la protesta, por medio de la prohibición de muchas formas de manifestación pública y la potencial criminalización para quienes las organicen”, sostienen los firmantes de ANDHES; AADI; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; CAJE; ACIJ; Amnistía Internacional Argentina; CELS; CEPPAS; Consciente colectivo; ENDEPA; FARN y SERPAJ.
La legitimidad de la reforma también entró en crisis. En el inicio de la sesión de ayer los seis convencionales del FIT renunciaron a sus bancas porque «no se está discutiendo cómo mejorar los salarios, terminar con la precarización laboral, el control del litio», entre otros temas, sino que «se discute cómo quitarle más derechos al pueblo». «No vamos a ser parte de una Convención que conspire contra el pueblo trabajador. Nos retiramos para estar en las calles junto a los trabajadores y el pueblo que pelea por un salario digno y contra la reforma», dijo el también diputado del FIT Alejandro Vilca.
