“El policía les tiró el coche encima, fue un asesinato”. Verónica es la madre de Ulises Rial, de 25 años, quien junto con su amigo Ezequiel Corbalán, de 30, murieron en la madrugada del 1º de junio, al ser atropellados por un móvil policial, cuando eran perseguidos por otro patrullero.
Eran dos jóvenes trabajadores que salieron en motocicleta a comprar bebidas, a diez cuadras de su casa, sin más cargos en su contra que incumplir por unos minutos la cuarentena. Los que iban en el móvil “se cruzaron de carril, a contramano” y embistieron de frente a los jóvenes “sin identificarse, sin usar la sirena y con las luces azules apagadas”.
Así lo afirmó en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a los familiares de las víctimas y que coincide en que se trató de “un doble homicidio” doloso. El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de San Nicolás y fue provocado por la “maniobra intencional de la policía”.
Los jóvenes fallecieron “por el uso desmedido, arbitrario e ilegal de la fuerza policial”. La CPM recordó que en los últimos cuatro años “fueron al menos 27 las persecuciones y muertes estatales provocadas por el uso letal de patrulleros”.
La CPM consideró que lo sucedido es “un ejemplo más de la letalidad que despliega la Policía Bonaerense en los territorios”. En este punto, recordó que “el caso más grave” de los últimos tiempos fue “la Masacre de Monte”, en la que hubo cuatro muertes y una herida grave en otra persecución policial desmedida y carente de sentido. En San Nicolás, cientos de personas marcharon reclamando justicia por Ulises y Ezequiel.
En la madrugada del 1 de junio, los dos salieron en moto de la casa del primero de ellos, para hacer una compra. La mamá de Ulises dijo que el joven, que tenía una hija de un año y medio, trabajaba doce horas diarias en la planta de Siderar. Salieron en moto con la intención de volver enseguida. Cuando regresaban, un patrullero sin identificarse comenzó a perseguirlos y el otro los embistió de frente y a contramano. El hecho ocurrió a diez cuadras de la casa de Ulises, pero “nosotros no escuchamos el ruido de una sirena policial, fue todo muy raro lo que ocurrió esa noche”, dijo Verónica.
Las dos familias están convencidas de que “lo que pasó fue un asesinato, el policía les tiró el patrullero encima, porque no fueron ellos los que chocaron al patrullero”. La versión policial dice que los jóvenes no se detuvieron ante un control.
Lo sospechoso es que los policías, una vez producida la colisión, “no dejaron salir a ningún vecino de sus casas y cerraron la entrada al barrio” para tratar de evitar la presencia de testigos. Algunos vecinos que estaban despiertos a la hora del hecho, coinciden en que en ningún momento escucharon sonar las sirenas de los patrulleros.
Por el momento, la causa está caratulada como “homicidio culposo” y los policías que iban en el móvil que atropelló a los dos jóvenes, Pablo Nicolas Moresco, que iba al volante, y sus acompañantes, Omar Bazan y Mariana Huesa, siguen en funciones.
El fiscal de la causa es Darío Giagnorio, quien esta esperando el resultado de los peritajes en los vehículos involucrados, para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos. La mamá de Ulises dijo que están “denunciando el caso para que no quede impune”. También se están “juntando con el fiscal cuando tenemos dudas o queremos ir sabiendo lo que está pasando” con la investigación.
Verónica se enteró de que su hijo había fallecido cuando vio la noticia en los medios de difusión, cerca de las nueve de la mañana de ese lunes 1 de junio.
Conmocionada por la tragedia que están viviendo, repite; “Ellos no estaban haciendo nada malo, no iban a robar, no iban a matar, sólo iban a buscar una bebida y volvían para encontrarse con unos amigos, nada más”.
La CPM insistió en que las muertes se produjeron por “la maniobra intencional de la policía que tuvo como resultado los dos homicidios”. Ulises murió en el acto y Ezequiel falleció después de estar internado cuatro días en grave estado. La CPM ratificó que los policías involucrados siguen todavía en funciones, sin sanción judicial ni administrativa.
Los abogados del organismo provincial le plantearon al fiscal Giagnorio y al secretario del Juzgado de Garantías 1 de San Nicolás, Román Parodi, que el doble crimen sea inscripto como “un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza” porque sostienen “no fue un accidente”.
