Facundo Leal, el expresidente de ARSAT a quien le encontraron 2,5 millones de dólares en efectivo en un allanamiento, drogas de distinto tipo con una balanza y aparatos para hacer espionaje, se negó a declarar ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en la causa donde se lo investiga por el direccionamiento de la licitación a favor de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) y el cobro de presuntas coimas junto con la obtención de otros beneficios indebidos. Tampoco quiso responder preguntas Gerardo Boschin, que fue subgerente de compras y contrataciones de la empresa de soluciones satelitales, y cuyo teléfono celular fue clave para la reconstrucción de la trama en cuestión. Ambos entregaron escritos donde se quejan porque los citaron a indagatoria cuando todavía hay medidas en trámite y alegan que no saben de qué se tienen que defender.
Esa es la excusa que usan para atacar al fiscal Fernando Domínguez, lo mismo que hizo la semana pasada José Luis Espert en el mismo juzgado, donde iban a indagarlo por presunto lavado de activos. La estrategia es ponerse en posición de víctimas y no hablar de los hechos y las pruebas. Leal y Boschin –a través de su abogado Marcelo Rochetti—se quejaron porque hay legajos de la investigación a los que dicen que no pueden acceder. Lo cierto es que en los dictámenes de la fiscalía, en especial uno de 400 páginas donde pide diez indagatorias, se describe la esencia de la maniobra. Lo que sucede es que no se descarta que existan otras. Leal en particular sostuvo que el cargo que tenía en ARSAT –donde era planta permanente—al momento de la licitación directa que se cuestiona no le permitía firmar contratos.
“Que quede algo para los muchachos”;
“Que quede algo para los muchachos”; “¿Le podrás decir a El Amargo que nos mande guita para llevarle a ARSAT?”; “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato (…) más carga de las grandes, que inventes”; “me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la orden de compra”. Como estos hay incontables mensajes entre una decena de imputados que darían cuenta de cómo se armó la contratación directa de ALS como operadora del depósito ubicado en un predio en San Fernando para que ARSAT guardara allí costosos materiales, cables y equipos de la Red Federal de Fibra Optica en unos contenderes llamados “shelters”. Antes tenían todo en un depósito en Tigre.
La primera orden de compra se remonta al 10 de noviembre de 2021: era por el alquiler del espacio de guardado por 12 meses por 624.000 dólares, más las tareas de recepción y despacho de bienes por 130.999 dólares. y otros servicios asociados por 12.000 dólares. En total el pago por un año era 766,099. La fiscalía sostiene que todas las evaluaciones indicaban que el contrato debía ser por un tiempo superior, pero se fraccionó para evitar (por el monto) la intervención del directorio. Luego se prorrogaba cada año. El planteo es que ALS tampoco la empresa ofrecía las condiciones de seguridad necesarias. Se hizo una licitación simulada, porque –plantea Domínguez—la adjudicataria ya estaba elegida. Incluso entre tres empresas, ALS y Transportes Padilla compartían a sus integrantes.
Además de todo esto, hay una lista de otras tantas operaciones bajo sospecha: 14 ordenes de compra en favor de ALS por un total de 1.930.861, 30 dólares y 40.300.000 pesos. Y la imputación, de acuerdo a la reconstrucción que se hizo por los mensajes entre los exfuncionarios y los hombres de ALS, señala: el cobro de sumas en efectivo para los exintegrantes de ARSAT, incluso en moneda extranjera, la recepción de pasajes aéreos, favores personales y otros beneficios indebidos que venían de parte de un proveedor al que en realidad debían controlar. Domínguez reparó, más allá de los elocuentes mensajes hallados, en que los imputados utilizaban mensajes encriptados y efímeros y que habrían armado un circuito de pagos paralelo.
De hecho también se está investigando el flujo de ingresos de cada uno de los exfuncionarios y su incremento patrimonial que, en casos como el de Leal, sería notorio.
La investigación comenzó de la manera más inesperada, con una denuncia por el robo dentro de los contenedores. La hicieron empleados de ARSAT en los primeros días del gobierno de Javier Milei. Habían encontrado “shelters” violentados, y faltaban cables y elementos de c obre. Al fiscal Domínguez le llamó la atención que no funcionaran las cámaras ni otras medidas de seguridad, además de la precariedad del lugar. Por todo esto comenzó a analizar a la empresa que operaba el predio. El robo, según consta en la causa, no se puede haber hecho fácilmente: requirió escaleras, otros elementos y logística, además de que debió concretarse durante el día. Tuvo que haber llevado horas. Esto fue analizado con una reconstrucción de Gendarmería.
Todos los personajes
Leal llevaba dos décadas en ARSAT, en las que fue cambiando de funciones. Había llegado de la mano de Rodolfo Gabrielli, un peronista que fue gobernador de Mendoza. Meses después de esta denuncia, al cabo de los primeros allanamientos, el Gobierno no lo sacó de sus filas sino que lo mandó a un lugar de alto poder: lo nombró vicepresidente del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Con los procedimientos de este año en sus viviendas en Palermo y en Mendoza, terminó preso. En la primera le encontraron, además de 650.000 dólares en efectivo, varias drogas (ketamina, MDMA y cocaína). Por esto último se le abrió una causa por tenencia para comercialización, aunque en su indagatoria dijo que era para consumo personal. En Mendoza aparecieron 1,7 millones de dólares más en billetes. Este lunes fue trasladado a declarar desde el penal de Ezeiza.
Boschin había estado en ARSAT hasta mayo del año pasado, cuando también fue mudado a otro cargo para nada menor: como presidente de Trenes Argentinos. Dejó ese cargo en febrero último. Varios de los mensajes hallados en su teléfono muestran cómo iba contando paso a paso a sus aliados de ALS cómo marchaba el trámite de la licitación.
Ambos estuvieron vinculados y habrían sido promovidos gracias a otro mendocino, Luis Pierrini, Secretario de Transporte hasta enero último. Todos fueron en la misma en la misma época. El Gobierno los habría convidado a retirarse a Pierrini y a Leal después de un viaje a Barcelona en un vuelo que vincularon con la AFA. Al grupo apadrinado por Pierrini que trabajaba en ARSAT se los conocía como “la banda de los mendocinos”, entre ellos Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas de ARSAT y Pablo Pagani, exgerente de Finanzas. Declaran el miércoles y este martes respectivamente.
