A pesar del berrinche montado por el oficialismo tras la divulgación de imágenes de pasillos vacíos de la Casa Rosada -que incluyó el cierre de la Sala de Periodistas y la suspensión de las acreditaciones de prensa-, la Justicia no le siguió la corriente. El miércoles, el juez Ariel Lijo desestimó las acusaciones de la Casa Militar sobre los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por considerarlas “irrelevantes” para la comisión de un delito. Un dia antes el fiscal Gerardo Pollicita había descartado la denuncia por supuesta revelación de secretos y violación de la Ley de Inteligencia Nacional, remarcando que las filmaciones no violan ningún “secreto”. En medio de la paranoia de espionaje, el titular de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez -el encargado de efectuar la denuncia- fue premiado con un ascenso días después del escápaisndalo.
En el escrito, Lijo observó que los videos registrados por Salerno mediante anteojos inteligentes y publicados por el programa “¿Y ahora qué?”, conducido por Geuna, muestran espacios de la Casa de Gobierno “ya conocidos por el público en general a través de múltiples fuentes de acceso libre” como “la propia página oficial de la Presidencia de la Nación, plataformas audiovisuales de acceso irrestricto, e inclusive herramientas de geolocalización digital”. Es decir, la supuesta tarea de espionaje revela lugares que se pueden ver en Google Maps o Youtube.
El juez no se quedó ahí, sino que agregó que “incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”, en contraste con los argumentos de Ibáñez que alegaba que las filmaciones exhiben puntos de fuga y espacios que podrían poner en peligro al presidente Milei en el marco del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos e Israel. Como premio por su audaz investigación, Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, enviaron un pliego al Senado para la promoción de Ibáñez.
