Las voces de alerta se escuchan por arriba y por abajo; y todas advierten lo mismo: el normal inicio de las clases corre serio riesgo por el ajuste que está aplicando el gobierno nacional. Las 24 gobernaciones provinciales -tanto las opositoras como las dialoguistas- le están reclamando a la Secretaría de Educación que se normalice el envío de recursos destinados a salarios docentes, comedores e infraestructura escolar, entre otros. Y los sindicatos de maestros le están exigiendo a la administración de Javier Milei la urgente convocatoria a paritarias, además de la regularización del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un componente clave de los sueldos que la Nación no está transfiriendo a las jurisdicciones provinciales. El ciclo lectivo debería comenzar a fin de mes.
“Si no llaman a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado, sería un contexto imposible para arrancar las clases”, avisó la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso. El sindicato docente enrolado en la CTA de los Trabajadores definió como «grave» la situación salarial de los docentes y precisó que «desde noviembre que no se perciben aumentos y la inflación y el ajustazo en tarifas han ocasionado una pérdida importante del poder adquisitivo». Este miércoles la Ctera anunciará sus próximos pasos ante la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales.
“Por ley, el Gobierno debió enviar los fondos del incentivo docente a todas las provincias y no lo hizo», explicó Alesso, en diálogo con AM 750. «Este mes las provincias pudieron cubrir el faltante, pero el próximo mes será imposible, por lo que el docente cobrará menos.”
El recorte de recursos se da en el marco de la tensión entre el Ejecutivo nacional y las gobernaciones tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso. Los ministros de Educación de todas las provincias elevaron la semana pasada una nota al secretario nacional del área, Carlos Torrendell, planteando la «incertidumbre» que atraviesan sus distritos «por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura-«. En la Secretaría de Educación aseguran que los recursos para pagar el Fonid correspondiente al último tramo de 2023 están disponibles, pero que Economía no los ejecutó -al igual que otras recursos destinados al sistema educativo-. Sobre 2024, aún no hay nada definido.
El conflicto en torno al Fonid se cruza con el otro foco de tensión en la comunidad educativa, la negociación de un aumento salarial. Los sindicatos docentes están reclamando que se convoque a la paritaria nacional, para acordar un incremento que sea el piso para la posterior discusión en cada provincia. El reclamo es formulado por igual por los gremios nucleados en la CGT y en las CTA. El Poder Ejecutivo viene dilatando el llamado a una negociación que se prevé complicada, no sólo porque los maestros ya adelantaron que «el aumento no puede ser inferior a la inflación acumulada», sino porque sin el pago del Fonid toda la discusión se verá comprometida. Aunque varía según las provincias, dado que es un fondo destinado a compensar las diferencias entre distritos, el incentivo docente representa entre el 10 y el 12 por ciento del salario.
«Creíamos que nos iban a convocar la semana pasada, pero no lo hicieron, por lo que todavía estamos esperando. Exigimos que nos convoquen esta semana. Vamos a realizar un congreso para decidir si van o no a empezar las clases en función de lo que pase”, adelantó Sonia Alesso.
