Fueron 17 años de batalla legal desde que se inició el amparo, 25 jueces y juezas que pasaron por la causa, entre recusaciones y denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Una primera sentencia favorable 13 años atrás, pero innumerables apelaciones en el medio, idas y vueltas entre el juzgado, el Superior Tribunal de Justicia provincial, intentos de llevar la causa al fuero federal, hasta la Corte Suprema de la Nación. Finalmente, en lo que aparece como un fallo clave (aunque siempre puede haber más vericuetos dilatorios), la Justicia ratificó una sentencia de 2013 que ordena a Joe Lewis y al Estado rionegrino abrir un camino público de acceso al lago Escondido. No el que creó el magnate británico como entrada privada a la fastuosa mansión emplazada en las 12 mil hectáreas que compró en plena Patagonia –ese siempre quedó fuera de discusión–. Pero sí uno que responde al trazado histórico y que, razonablemente, implica una media hora de camino de ripio en vehículo. Y no cuatro o cinco días de intensa caminata por senderos de montaña, cruzando arroyos y haciendo noche en refugios, como el que se intentaba dar por único válido. La comunidad local, referentes ambientales, territoriales y de esta larga lucha por el acceso al reservorio de agua glaciar, celebraron el fallo que definieron como «ejemplar», «detallado y sólido en sus argumentos», y el símbolo de un «triunfo del pueblo» (ver aparte).
Tras varios años de analizar el expediente, los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, ratificaron la sentencia de 2013 que ordena abrir el camino de acceso al lago Escondido por el paraje Tacuifí, lindero a la ruta nacional 40, para llegar al espejo de agua que quedó cercado por la propiedad de Lewis en 1996, cuando adquirió las tierras. Ahora, tal como indicaba aquel fallo del juez Marcelo Cuellar nueve años atrás, la provincia de Río Negro tiene tres meses para garantizar que Lewis libere el acceso a Lago Escondido, y que ese camino de ripio que nace en el paraje El Foyel quede debidamente señalizado y acondicionado. Hay plazo de un mes para hacer transitable y señalizar adecuadamente, también, el camino de montaña.
El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos en la que se alojó Mauricio Macri cuando fue a visitar a Lewis, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, entre otras excentricidades— fue levantada, literalmente, arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.
Fue la exsenadora y extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda quien inició el amparo, con el acompañamiento de numerosas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos,17 años atrás. «Hoy tenemos la alegría ciudadana de esta sentencia confimando un fallo que tiene casi una década. La provincia de Río Negro, como principal condenada, tiene plazos concretos de meses para cumplirlo. Es una gran noticia para nuestra soberanía y para el cumplimiento de nuestros derechos, fundamentalmente el derecho al acceso al agua, y a disfrutar de nuestros bienes naturales comunes», celebró Odarda.
Junto a ella, trabajan en la causa los abogados Jorge Olguín, de Bariloche, Martín Palumbo, de Cinco Saltos, y Ernesto Montecino Odarda, de Viedma. El lunes, cuando se conoció el fallo, dedicaron el triunfo legal a «quien se cargó la causa al hombre», el reconocido referente de derechos humanos Darío Rodríguez Duch, fallecido en 2020.
Plazos, multas y agresiones
La resolución fechada el 12 de septiembre, fue firmada por los jueces Marcela Pájaro y Jorge Serra, con el voto en disidencia de Federico Corsiglia. En una extensa y detallada fundamentación de más de 30 páginas, se destaca el modo en que la jueza Pájaro va desgranando cada una de las múltiples instancias de apelación en esta historia y las va desestimando. La sentencia impone costas y astreintes (una multa diaria que se supone debe pagar el funcionario responsable de su bolsillo) por incumplimiento.
Además de los tres meses fijados a Vialidad provincial para hacer accesible el camino, el fallo habla de dos meses para llevar adelante actuaciones administrativas, como restricciones al dominio y limitaciones a la propiedad de Lewis, que garanticen que no haya inconvenientes para nadie que quierea ingresar al lago por esos accesos preexitentes a un bien de dominio público. Como se recordará, en una de las Marchas por la Soberanía que se realizan anualmente por el camino de montaña en reclamo del acceso al lago, se denunciaron agresiones de guardia privada de Lewis, y hasta el médico sanitarista Jorge Rachid denunció que fue retenido por «bandas armadas y encapuchadas» que respondían a Lewis, y tuvo que ser evacuado en helicóptero.
El margen para interpretar
En su voto, la jueza Pájaro advirtió que el análisis de este caso es un “desafío inmenso”, porque “se trata de una causa sensible y de enorme repercusión pública, pero que a la vez impone a los organismos inferiores, descifrar y armonizar una serie de resoluciones del Superior Tribunal de Justicia -en su composición anterior- que dejaron abiertos amplios márgenes interpretativos”.
¿Por qué fueron tan problemáticos esos márgentes? Montecino Odarda, especialista en derecho ambiental y uno de los abogados que viene llevando esta causa, menciona el gran escollo que implicó que en distintas sentencias, en estas casi dos décadas, se haya resuelto que «había que abrir el camino preexistente», pero hasta 2013 nunca se terminara de mencionar, concretamente, al evidente e histórico paraje Tacuifí como el indicado. De allí «se agarraban» los abogados de Lewis y del estado provincial para interponer distintas instancias dilatorias.
¿Qué queda ahora? «Creemos que van a recurrir, por vía de la queja o el recurso extraordinario, tanto la provincia de Río Negro como Hidden Lake. Pero la instancia del Superior Tribunal de Justicia ya está agotada, y además ya no estamos en el juicio ordinario donde se resolvía si teníamos razón o no, eso ya está firme desde 2009. Ahora estamos en la etapa de ejecución de sentencia, cómo se hace lo que hay que hacer. Será un desafío de ellos ver qué van a inventar», evalúa el abogado.
Montecino Odarda tiene 31 años y es hijo de Magdalena Odarda. Con una sonrisa repasa: «La mayor parte de mi vida la pasé escuchando hablar de este tema, en mi casa y en mi comunidad. Porque ya antes de que se iniciara el amparo, la compra tan escandalosa de estas tierras despertaba gran indignación e incertidumbre».
Silvia Horne es exdiputada de Río Negro, integrante de la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales de la provincia. Ella enmarca este caso como «el más obsceno», pero apenas una punta de lanza en un estado de cosas.
«La ley 279 es muy clara en la adjudicación de tierras fiscales, pone condiciones porque la considera un bien social y productivo», asegura. «A Lewis se le adjudicaron 12.000 hectáreas de bosque nativo en zona de frontera, en un área natural protegida. Pero lamentablemente su caso no es la excepción, sino tan solo el más brutal de los ejemplos».
