La Fiscalía brasileña pidió condenar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), por el crimen de coacción contra los magistrados que juzgaron a su padre por intento de golpe de Estado.
El Ministerio Público consideró que Eduardo Bolsonaro fue culpable de interferir en el proceso judicial, al viajar a EE.UU. para defender que el gobierno de ese país impusiera sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema.
El alegato final del fiscal general Paulo Gonet se envió al magistrado Alexandre de Moraes, encargado de juzgar al exdiputado, quien reside en el país norteamericano hace más de un año y se considera a sí mismo un perseguido político.
“El poder de influencia ostentado y ejercido por él (Eduardo Bolsonaro) sirvió como instrumento de presión institucional, superando cualquier límite razonable de crítica política”, afirma el documento.
Gonet afirma en el escrito que hay “numerosos” registros audiovisuales en los que el imputado busca intimidar a los magistrados, “se vanagloria” de sus conexiones internacionales y dice trabajar para la imposición de sanciones contra las autoridades brasileñas.
Según el fiscal general, la campaña liderada por Eduardo Bolsonaro llevó al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a sancionar al juez De Moraes, instructor del proceso contra el padre. Al magistrado lo incluyeron en una lista de violadores de derechos humanos y, como consecuencia, se bloqueó todo bien o cuenta que pudiera tener en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca estableció aranceles del 50 por ciento sobre buena parte de las importaciones brasileñas en respuesta a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente, un aliado de Trump.
Pese a las presiones, a Jair Bolsonaro lo condenaron en septiembre pasado a 27 años de prisión por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras una negociación posterior con el gobierno de Lula, Washington dio marcha atrás, suspendió la mayor parte de los aranceles comerciales y retiró la sanción contra De Moraes a fines del año pasado.
