Daniel Alonso, juez federal de Paraná, dispuso una prohibición al Congreso de la Nación de enviar a sus representantes para que integren el Consejo de la Magistratura.
El magistrado tomo esta determinación al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassaretto, de Entre Ríos, quien argumentó que se pretende aplicar una ley ya derogada.
“Existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina […] ordenando a la Excma. Cámara de Senadores de la Nación y a la Excma Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentre en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar”, escribió el juez Alonso.
La decisión del magistrado generó un conflicto con la Corte Suprema de Justicia que ya ordenó integrar el Consejo con su formación original de 20 miembros.
Mientras que la medida también generó el rechazo de Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados.
“El kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15 de abril no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, aseguró Negri.
Por su parte, la Corte ya había declarado inconstitucional la ley sancionada en 2006, que redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura y que fue redactada por Cristina Kirchner cuando era senadora. En su fallo, el máximo tribunal dispuso un plazo de 120 días para que el Poder Legislativo dicte una nueva ley, caso contrario volvería a aplicarse la ley de 1997, que le daba al presidente de la Corte la conducción del Consejo.
