El exjuez Alberto Baños se hará cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, el mismo organismo que este año, durante la gestión de Horacio Pietragalla, lo cuestionó y pidió su apartamiento de la causa sobre la desaparición el policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, donde nunca en más de cuatro años y medio imputó a nadie ni apartó como auxiliar a la policía porteña pese a que a ella apuntaban las principales sospechas de la fiscalía y la querella. Esta última era representada por abogados de la propia Secretaría que ahora encabezará Baños. Por ahora no se sabe qué papel adoptará ni adonde apuntarán sus políticas. Pero el expediente sobre Arshak pinta en buena medida a este exmagistrado que se jubiló el 24 de septiembre último: no hay quien no lo describa como alguien con fuertes vínculos con la policía.
El caso Arshak
Baños dejó el caso sobre el policía desaparecido sin siquiera una hipótesis. No investigó a la policía porteña pese a que la última persona que tuvo contacto con el joven que en ese momento tenía 27 años era un excompañero suyo de la División Exposiciones (encargada de allanamientos, por ejemplo en casos de drogas) y que en una grabación hallada en su propio teléfono de una charla con su pareja, ella le decía: «Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente».
Para peor, la participación que tuvo la Policía de la Ciudad en la investigación tampoco fue muy feliz pero no fue puesta en cuestión por el juzgado: la División Cibercrimen, donde Arshak había trabajado, analizó uno de los celulares que el joven dejó en su departamento y dijo que no había podido bajar la información. El teléfono quedó «reseteado de fábrica» , sin información (como pasó con el celular de Fernando Sabag Montiel, el asesino fallido de Cristina Kirchner). Sobre la tarjeta SIM sostuvieron que había información hasta un mes antes de su desaparición y luego nada, pero que no les parecía relevante y la desecharon.
La policía porteña siguió participando en la causa. Al ordenar una gran cantidad de allanamientos en un comienzo en dependencias policiales, el fiscal Santiago Vismara notó que alguien les había avisado porque se aparecieron algunos policías en su despacho. Baños, de todos modos, rechazó la mayor parte de sus medidas. Vismara detectó que en vez resguardar las cámaras de seguridad de la calle que estuvieran en un radio de 500 metros respecto del supermercado Easy donde se lo vio por última vez (y que incluían la casa de Herba) la policía solo preservó las cámaras del día anterior a la desaparición, que fue el 24 de febrero de 2019. Y de ese día solo había tres de la zona pese a que había 49 cámaras.
Se sabe que Arshak había hablado con Herba en la puerta del edificio donde vivía, subió luego a su departamento, se cambió, pasó por un cajero y se fue a comprar, extrañamente, una pala de pico. Dejó en su casa sus teléfonos y la moto atada a un poste. Se llevó el arma reglamentaria y sus documentos, que no aparecieron. Baños desplazó a Vismara de la investigación, que tenía delegada. Rechazó un planteo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de considerar al caso como desaparición forzada, lo que hubiera obligado a mudar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.
¿Qué función tendrá ahora la secretaría de Derechos Humanos? Parece difícil que siga querellando. El caso de Arshak forma parte de un grupo de causas donde los que querellan son abogados que integraban la secretaría y que seguirán representando a la familia. Luego hay otros expedientes donde el organismo es el querellante. Cumple esa función en el caso del asesinato de Rafael Nahuel, por el que recientemente fueron condenados cinco prefectos –que fueron defendidos y justificados a capa y espada por Patricia Bullrich— a penas de un máximo de cinco años, sentencia que fue cuestionada por todas las querellas. Otra es la causa por la muerte de Natalia Morales en pandemia en una comisaria, o las torturas a un joven por parte de la policía en Entre Ríos el año pasado, un expediente sobre violencia sexual en un centro de detención de menores en Mendoza, el femicidio de Cecilia Basaldúa en Córdoba entre otras. A esta lista hay que agregar numerosos juicios de lesa humanidad.
Historia
Baños tiene una relación muy cercana con el nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es docente en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), que dirigía Cúneo. En su historia como juez, cargo en el que fue nombrado el 13 de julio de 1993 por el gobierno de Carlos Menem, cuando no había que dar examen para hacerse cargo de un juzgado, tuvo casos como la investigación sobre el robo de las manos de Juan Domingo Perón. La reabrió en 1994, se supone que identificó a un grupo de agentes inorgánicos de inteligencia, apostaba una hipótesis política, pero nunca imputó a nadie. En el medio le robaron el expediente, que tuvo que reconstruir. En los noventa tuvo una famosa causa sobre ñoquis en el Concejo Deliberante porteño, donde terminaron en juicio unos pocos exconcejales/funcionarios.
También estuvo a cargo del caso del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, pero la declaró prescripta. La Cámara de Casación revocó esa decisión. Pero antes Antonio Mata y su exsocio Gerardo Díaz Ferrán fueron juzgados en España. El segundo fue preso. En el año 2000, cuando investigaba al Servicio Penitenciario Federal por presos que salían a robar (iniciada en 1998), denunció que uno de los detenidos le confesó que lo dejaron salir para matarlos a él y a su esposa. Por esos días La Nación contó su pasado de rugbier en la primera del San Isidro Club, deporte que también enseñó. A tribunales había entrado en 1977. Fue conocida su amistad con el destituido por el caso AMIA Juan José Galeano. Hubo rumores de su pase a Comodoro Py nunca concretados. Quienes trabajaron con él lo describen como un anti-garantismo, ajeno al terreno de la defensa de los derechos humanos.
