El gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof reclamará que la Nación le ceda la jurisdicción sobre las aguas del Río de la Plata para comenzar con el dragado del Canal Magdalena, a la vez que evalúa judicializar la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, firmada por la Administración General de Puertos (AGP).

El gobernador bonaerense anunció que le reclamarán que la Nación la transferencia de la obra y de la incumbencia sobre el canal. «Ya vemos, queda claro, que este Gobierno Nacional no va a hacer absolutamente nada en beneficio ni de la soberanía ni de la mejora de la competitividad, menos todavía de la obra pública que es menester hacer para generar mejores condiciones productivas y competitivas para nuestra provincia», dijo este lunes.

En la misma intervención sostuvo, en referencia a la autorización otorgada por Milei para la ampliación del puerto de Montevideo: «Que nuestros hermanos uruguayos tengan obras de infraestructura importantes siempre es de interés y nunca vamos a manifestar ningún tipo de crítica con respecto a eso. Lo malo es que coincida la autorización a Uruguay con la falta de obra del lado argentino y esto es el Canal Magdalena, pero más con un contrato del que nos hemos enterado de manera prácticamente clandestina porque ni siquiera se ha comunicado por completo, se ha firmado un nuevo contrato para la llamada hidrovía, totalmente oneroso y trágico».

Un canal que se paga solo 

El canal, según los expertos, se pagaría solo, tanto por los ahorros y beneficios que generaría para la navegación como por los servicios conexos que permitiría desarrollar, valuados en 230 millones de dólares anuales, contra un costo de dragado inicial estimado en apenas 40.

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Más temprano, en su habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, enumeró una serie de irregularidades y características del contrato de concesión para la hidrovía, consignadas en un informe preliminar realizado por el asesor Hernán Orduna. “El informe es preliminar, porque lo que publicaron en el boletín oficial está incompleto, los anexos del contrato no están publicados, no se puede acceder a ellos”, informó Bianco.

El ministro además recordó que la decisión de contratación fue tomada por la Nación de manera unilateral e inconsulta, ya que meses atrás, a través de un DNU, disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), un organismo descentralizado en el que participan todas las provincias ribereñas con la hidrovía, Buenos Aires entre ellas.

Bianco explicó además que se establecen, en adelante, distintas profundidades y distintos peajes en distintos tramos de la vía navegable, con el objetivo deliberado de favorecer a los puertos privados y perjudicar a los puertos públicos, especialmente a los bonaerenses. El más perjudicado, entre ellos, sería el puerto de La Plata, que está próximo a cambiar su nombre por el de “Puerto de la Ensenada de Barragán”.

Por este motivo, tres semanas atrás, apenas se conoció la noticia, el diputado provincial Gustavo Pulti, presidente de la comisión de Asuntos Portuarios de la cámara, presentó una declaración de repudio y rechazo a la medida «que en los hechos implica la imposición de una nueva tasa en perjuicio de la producción de la provincia de Buenos Aires, que afecta a las instalaciones del puerto de La Plata y por ende al comercio nacional e internacional». El punto 3 de ese documento solicita al poder ejecutivo de la provincia «el inicio de las correspondientes acciones legales para evitar la ejecución de esa medida inconsulta, ilegal e ilegítima».

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Entre las otras falencias que señaló Bianco, la nueva concesión no contempla el ensanchamiento de la vía en ningún tramo, a pesar de que su ancho es incompatible con el volumen de tráfico que mueve actualmente, lo que genera demoras y problemas de seguridad. “Tampoco se prevé aumentar la profundidad a 14 metros (N de la R: profundidad a la que opera Montevideo). Esta medida, de concretarse, consolidará a Montevideo como puerto central y a los puertos argentinos como meros alimentadores”.

Desde el punto de vista del impacto ambiental, el ministro sostuvo que “se debían incorporar nuevas zonas de descarga del material de sedimentación retirado, pero se vuelven a contemplar las mismas, lo que genera dificultades, por ejemplo en Olivos y en Victoria”.

Comisión activada

Por la tarde del lunes, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el gobernador encabezó la primera reunión de la Comisión Asesora Canal Magdalena. La misma está compuesta por 35 integrantes, entre ellos los intendentes de la región capital, referentes sindicales, profesionales de la ingeniería y otras disciplinas y ex funcionarios nacionales.

«La comisión es un espacio de estudio, debate e intercambio entre funcionarios, representantes de organizaciones y especialistas, con los ejes centrales de soberanía nacional, defensa, transporte y su vinculación con la puesta en valor del Canal Navegable Magdalena. En el marco del encuentro, y ante la inacción del Gobierno nacional, se destacó la importancia de insistir en el pedido de cesión de la jurisdicción para permitir a la Provincia hacerse cargo de las obras», sostiene el comunicado oficial.

Uno de los que habló tras el encuentro fue el ex canciller Jorge Taiana. “Hay obras que pasaron a la gestión provincial y están avanzando. Esta no es una obra cara, es bastante barata y recupera la inversión rápidamente, en no más de un año. O sea que no es de difícil realización. Están los planos hechos, está todo listo para convocar la segunda licitación, ya que la primera no tuvo éxito. Es una obra estratégica, entonces, si no la quiere hacer la Nación que nos dejen hacerla a la Provincia”, dijo.

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Oscar «Colo» De Isasi, miembro de la comisión en representación de la CTA Autónoma, sostuvo que “ratificamos la voluntad de seguir trabajando para recuperar la Vía Troncal de Navegación en su balizamiento, peaje y dragado; la recuperación de los puertos, y la concreción del Canal Magdalena, porque significa recuperar miles de dólares para los argentinos, que hoy se los llevan multinacionales que solo generan evasión impositiva”.

Otro integrante de la comisión es el residente del Puerto La Plata, José Lojo. «Estamos confluyendo en ideas y en acciones para fortalecer la posición del gobierno provincial a favor de la construcción del canal. El canal es una ruta dentro del río de La Plata que mejoraría mucho la navegación. Es la salida natural de todo el sistema. Hoy hay un desvío obligado a Montevideo que genera mayores costos», afirmó.

«La obra estaba en el presupuesto anterior y el gobierno la sacó del nuevo proyecto 2025, lo que demuestra que no tiene interés, por eso queremos hacerla desde la provincia. No es una obra cara. Sale menos que el tramo de ruta 11 que se ejecuta actualmente», concluyó Lojo.

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