Mientras el juicio político a los jueces de la Corte Suprema toma velocidad, el resto de los proyectos que esperan tratamiento -algunos urgentes, como la moratoria previsional- se estancan cada vez más como resultado del bloqueo opositor. Y es que si bien en la bancada oficialista se muestran satisfechos por la forma que está avanzando el proceso de destitución a los magistrados -que ya ingresó oficialmente en la etapa probatoria-, la imposibilidad de avanzar con al menos una sola convocatoria antes de que finalicen las sesiones extraordinarias los tiene cada vez más preocupados. La conducción del Frente de Todos se mantiene, sin embargo, optimista y, a pesar de la resistencia cada vez mayor que demuestra Juntos por el Cambio, especula con la posibilidad de convocar a una sesión para el martes 15.
«No vamos a dar quórum en nada, sesión ni comisión de trabajo, mientras el Congreso esté funcionando como un ataque a otros poderes. Cuando seamos gobierno, vamos a ser responsables del estado del país, en este momento nuestro objetivo es frenar los avasallamientos que está intentando el kirchnerismo.» Las palabras son de Sabrina Ajmechet, diputada del PRO muy cercana a Patricia Bullrich, pero sintetizan la postura dominante en Juntos por el Cambio desde antes incluso de que empezara el juicio político. Ya en diciembre del año pasado las espadas de JxC se negaban a dar quórum -en ese momento la excusa era otra: la disputa por una silla en el Consejo de la Magistratura-, pero lo cierto es que el juicio político sirvió para consolidar esta voluntad obstructiva de la alianza opositora y, lo que resultó más grave para el FdT, de algunos bloques del medio. En diciembre la bancada oficialista contaba al menos con parte del acompañamiento de Provincias Unidas, la izquierda y el Interbloque Federal para aprobar algunas iniciativas, pero en las últimas semanas la relación con diputados de esas fuerzas empezó a resentirse.
Este es el caso, fundamentalmente, de los bonaerenses y cordobeses del Interbloque Federal. En las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político, Alejandro «Topo» Rodríguez fue una de las voces opositoras más altisonantes, cruzándose a menudo con referentes de la bancada oficialista, como Rodolfo Tailhade o Carolina Gaillard. «Es porque tiene que renovar la banca», ironizaban desde las filas del FdT. Otros, más prácticos, reflexionaban: «Prefiero que concentre todo su rechazo en el juicio político que en el resto de los temas».
Diferente es el caso de Graciela Camaño -que integra junto a Rodríguez el bloque Identidad Bonaerense- que, en púbico, ha declarado: «No busco paralizar el Congreso en el contexto adverso que tenemos». Los dos santafesinos que integran el interbloque, mientras tanto, podrían acompañar, pero el foco del problema está en los tres diputados que responden a Juan Schiaretti (quien se manifestó duramente en contra del juicio político a la Corte). Carlos Gutiérrez, principal espada legislativa de Schiaretti, ya había dicho: «Congelemos la Comisión de Juicio Político y aboquémonos a los otros temas».
Sin embargo, en la conducción de la bancada oficialista, a cargo de Germán Martínez, no pierden la esperanza. En paralelo a las conversaciones por el juicio político, Martínez viene encabezando negociaciones con distintos sectores de la oposición, tanteando la posibilidad de arribar a algún acuerdo para aprobar temas de consenso. En la mira está, primero que todos, el plan de pagos de deuda previsional -el 31 de diciembre venció la moratoria vigente y hay unas 800 mil personas en edad de jubilarse que no tienen aportes suficientes-, pero también hay otros proyectos: el Monotributo Tecnológico -que tuvo dictamen hace dos días y crea un régimen especial para freelancers que exportan servicios al exterior- y la creación de universidades nacionales.
En el FdT se habla de la posibilidad de sesionar el 15 de febrero, pero los 129 votos aún están lejos de estar confirmados. En el ínterin, la bancada oficialista avanza en diversas estrategias para sortear el bloqueo parlamentario. «La idea es dictaminar lo que podamos dictaminar, insistir en argumentar la conveniencia de aprobar lo ya dictaminado. Y ahí ver si eso desbloquea alguno para construir una sesión», resumen desde el FdT. Si el 15 no hubiera sesión, la diputada Blanca Osuna ya convocó, por si acaso, un encuentro con diversos referentes que impulsan la creación de unas ocho universidades nacionales para ese mismo día. El objetivo -al igual que lo que se hizo la semana pasada en la Comisión de Previsión Social para tratar la moratoria previsional, que ya tiene dictamen- es exponer públicamente la demora en el tratamiento de los proyectos y sus consecuencias.
Mientras tanto, el juicio político a la Corte continúa viento en popa. El próximo jueves la comisión volverá a reunirse para definir cómo será la recolección de prueba y la citación de testigos, de modo de ir estableciendo un cronograma de trabajo para esta nueva etapa. Algunos diputados del FdT pretenden extender el debate lo máximo posible, mientras que otros insisten en limitarlo a dos o tres meses.
Muchos dirigentes, por otro lado, observan con alarma las presiones que empiezan a sentirse por la decisión de investigar a los supremos. La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) denunció presiones de parte del juez Ricardo Lorenzetti. A su vez, el lobby empresario también mete la cola. La Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) -que ya venía oficiando de abogada defensora de la Corte- acusó al Gobierno por la parálisis parlamentaria: «El Congreso está paralizado por la iniciativa del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema que, además de no tener la posibilidad de prosperar por la relación de fuerza en las dos Cámaras, su declaración de admisibilidad y apertura de sumario no tiene ninguna justificación», cuestionaron los socios de la corporación judicial.
