Este sábado 10 de diciembre se cumplen tres años de Alberto Fernández como presidente. La inflación, con viento a favor, terminará levemente abajo del 100 por ciento para el tercer aniversario. El PIB crecerá bien por arriba del 5 por ciento. Los salarios e ingresos populares quedarán para la mayoría por detrás de la suba del índice de precios, mientras que las jubilaciones tendrán una leve recuperación general pero desde niveles deprimidos, con otras que perderán fuerte. El dólar oficial estará en torno a 180 pesos y el paralelo, este viernes, cotizó a 316.

La fecha permite comparar las gestiones económicas de los tres últimos jefes y jefa de Estado: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Qué herencia recibieron, en qué contexto político e internacional tuvieron que batallar, cuáles fueron los principales problemas a resolver, qué medidas tomaron y cuáles fueron los mayores logros y fracasos.

Cristina Kirchner

El día previo a su asunción, el 9 de diciembre de 2007, Cristina fue la estrella política de un evento histórico: la fundación del Banco del Sur. Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Nicanor Duarte Frutos firmaron en el Salón Blanco de la Casa Rosada una nueva declaración para concretar el ansiado proyecto, que hacía ya tres años estaba en elaboración pero no lograba emerger, como finalmente nunca ocurrió.

En el Salón Blanco, iluminado y brillante, destacaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La creación de una banca de desarrollo regional era un paso decisivo para la integración, una victoria en la lucha por la emancipación financiera y el primer escalón hacia una moneda común, según definieron los presidentes en el acto, que finalizó con las palabras de quien recibía todas las miradas porque al día siguiente tomaría la posta por Argentina de semejante proceso de transformación económica y social: CFK. “Ni en mis noches ni en mis días más fantasiosos podía imaginar esto”, dijo Cristina, mientras desde el público la envolvían con cánticos de «patria sí, colonia no».

Néstor Kirchner había dejado como herencia económica cuatro años de crecimiento a tasas chinas, niveles de pobreza y desocupación en baja -37 y 7,5 por ciento, respectivamente- superávits fiscal y comercial, una primera renegociación de la deuda en default con 76 por ciento de adhesión, la expulsión del FMI tras pagarle hasta el último dólar, un aparato estatal que recuperaba facultades de intervención y una mejora sostenida de salarios, ingresos populares y jubilaciones.

Tres meses después de la asunción de Cristina, el 10 de marzo de 2008, la ratificación de que el Gobierno iría todavía más a fondo con políticas de redistribución del ingreso quedó plasmada en la resolución 125, de derechos de exportación móviles para la soja y otros cultivos, en momentos en que los precios internacionales alcanzaban niveles record. La medida fue un parteaguas. Reorganizó la vida política nacional hasta el día de hoy, ya que en ese momento se constituyó una tenebrosa alianza de poderes fácticos, con medios de comunicación dominantes y sectores medulares del poder económico a la cabeza, a quienes luego se plegarían la oposición liderada por el PRO y operadores de máxima jerarquía del Poder Judicial.

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Son los mismos actores que ahora, ya sin ningún tapujo, transparentan que la quieren muerta o presa a la vicepresidenta, como surge del intento de magnicidio de principios de septiembre, de la reacción posterior de esos sectores, y del fallo para proscribirla de esta semana.

El 15 de septiembre de 2008, dos meses después del voto no positivo de Julio Cobos a la resolución 125, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, sucumbía ante la crisis de las hipotecas subprime y desataba el peor cataclismo financiero internacional desde el crack de Wall Street en 1929.

Para colmo, una grave sequía agravó la situación interna. Martín Lousteau dejó de ser ministro de Economía en medio de la disputa por las retenciones móviles, su reemplazante, Carlos Fernández, estuvo en el cargo hasta julio de 2009 sin decir ni mu, para luego empezar otra etapa bisagra de conquista de derechos para los sectores populares con Amado Boudou en el Palacio de Hacienda.

En 2008 el PIB creció 7 por ciento, aunque desde el último trimestre de ese año hubo una fuerte caída por la crisis internacional, para cerrar 2009 con un alza del 0,9 por ciento gracias a un rebote en la última parte del año por la adopción de una batería de medidas contracíclicas, con la creación de la Asignación Universal por Hijo el 29 de octubre como estandarte.

El 29 de junio de ese año, Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa habían sido derrotados en las elecciones de medio término por la alianza entre Francisco De Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri.

La estatización de las AFJP en noviembre de 2008 y de Aerolíneas Argentinas en diciembre de ese año, la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que llevó los haberes a máximos históricos a partir de 2009, la utilización de reservas del Banco Central para pagar la deuda externa desde enero de 2010, la reapertura del canje de deuda a mediados de 2010 -hasta alcanzar más del 94 por ciento de participación-, el fuerte impulso a la obra pública, el control de las importaciones y las paritarias al alza para los trabajadores fueron otros hechos destacados de esta etapa.

En 2010, la economía creció 9,2 por ciento, la pobreza descendió al 31,9 por ciento y el desempleo bajó al 7,3 por ciento. Ese año también se recuperaron los superávits gemelos, en tanto que la inflación quedó en 10,9 por ciento según el Indec y en 25,7 por ciento para el índice Congreso (legisladores de la oposición). En 2008, la inflación había sido del 7,2 por ciento para el Indec y del 21 para la consultora Economía y Regiones, por entonces comandada por Rogelio Frigerio.

Con esos resultados económicos y tras el fallecimiento de Kirchner en octubre de 2010, Cristina conseguiría una aplastante victoria con el 54 por ciento de los votos para la reelección en 2011.

Mauricio Macri

Al líder de Cambiemos le tocó asumir el 10 de diciembre de 2015 con una economía gastada. Desde octubre de 2011 había restricciones para la compra de dólares, bautizadas como cepo cambiario, ante un nuevo episodio de insuficiencia relativa de divisas como los que padeció histórica y cíclicamente la economía nacional. Ese era el principal problema, junto al ahogo financiero que provocaban los fondos buitre y el juez neoyorquino Thomas Griesa.

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El PIB en 2015 había crecido 2,7 por ciento, tras caer 2,5 puntos en 2014. El déficit fiscal primario fue del 1,9 por ciento para el gobierno de Cristina y del 5,8 en la reinterpretación que hizo Alfonso Prat Gay en enero de 2016. En 2015 se había registrado déficit comercial por 3035 millones de dólares. La inflación había sido del 23,9 por ciento, según el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. La pobreza estaba en 29 por ciento según la Universidad Católica Argentina y la desocupación, en 5,9 por ciento, de acuerdo al Indec.

Desde el levantamiento del cepo cambiario y la devaluación inicial a fines de 2015, el gobierno de Macri hizo un giro de 180 grados respecto a las políticas del kirchnerismo. Le pagó a los fondos buitre y arrancó otra etapa de endeudamiento desenfrenado, incluida la vuelta del FMI en mayo de 2018, con el préstamo más grande de la historia tanto para el país como para el organismo, por 57 mil millones de dólares, de los que se desembolsaron 45 mil millones.

El nuevo ciclo neoliberal incluyó recortes del gasto público, tarifazos de electricidad de hasta 4900 por ciento y de gas de hasta 1900 por ciento, según el observatorio de la Universidad de La Plata. Se abrieron las importaciones y cerraron 25 mil pymes. Hubo un industricidio, con represión a trabajadores despedidos y recomendaciones a los fabricantes de reconvertirse en importadores. Se bajaron o anularon retenciones a las exportaciones agropecuarias, se liberó la entrada y salida de divisas y aumentaron las tasas de interés, generando una bestial bicicleta financiera financiada con deuda. Las jubilaciones, con la reforma previsional, y los salarios cayeron en picada.

La inflación se disparó a cerca del 40 por ciento en 2016 (no hubo registro oficial por la «emergencia estadística»), retrocedió al 24,8 por ciento en 2017 y volvió a trepar al 47,6 por ciento en 2018. Para ese año Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, había proyectado un índice de 10 por ciento (más-menos 2). La pobreza avanzó al 32 por ciento en 2018, con una desocupación del 9,1 por ciento. El PIB cayó 2,5 por ciento (también bajaría en 2019, completando tres de cuatro años en retroceso).

Descontrol cambiario, recambio de ministros de Economía y presidentes del BCRA (entraron Nicolás Dujovne y Luis Caputo), crisis sin freno, así terminaba su tercer año en el gobierno Mauricio Macri. La situación se pondría peor en 2019 y, pese a un desesperado plan platita de última instancia, el amarillo se convertiría en el primer presidente que no conseguiría la reelección desde la reforma constitucional de 1994, excluyendo a Fernando de la Rúa, quien tuvo que marcharse antes del poder con Patricia Bullrich y Hernán Lombardi como nexos entre ambas experiencias.

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Alberto Fernández

Lo primero que hizo Alberto Fernández en medio de la crisis descomunal en la que le tocó asumir fue rechazar más desembolsos del FMI y encarar una renegociación del préstamo ruinoso que había tomado Juntos por el Cambio. El cepo cambiario ya lo había vuelto a instaurar Macri antes de irse, mucho más apretado que el que había dejado Cristina.

Antes de la llegada de la pandemia, Alberto también dispuso aumentos salariales generalizados por decreto, en lo que parecía una vuelta a los orígenes del kirchnerismo.

Sin embargo, la irrupción del coronavirus en marzo lo alteró todo, obligando a cerrar la economía para evitar la propagación de la covid-19. La convocatoria a un gran acuerdo social para alinear precios y salarios quedó en la nada. El intento de estatización de Vicentin también, con el agravante de que el Presidente pidió perdón por haberlo intentado.

A pesar de la fuerte intervención para garantizar ingresos a la población, con el IFE y el ATP, el caos mundial por la pandemia alcanzó de lleno a la economía nacional, que en 2020 tuvo un declive del PIB del 9,9 por ciento. Aun así, el gobierno del Frente de Todos volvió a algunas de las bases del proyecto que inició Kirchner en 2003, como el control de la cuenta capital, la limitación de las importaciones, el impulso al salario mínimo y a las paritarias, el restablecimiento de una fórmula de movilidad jubilatoria similar a la de Cristina y Boudou, desplegó política de ingresos con bonos y sumas fijas, limitó los aumentos de tarifas y generó crédito subsidiado para la producción y el consumo.

Martín Guzmán, ministro de Economía, y Matías Kulfas, en Desarrollo Productivo, comandaron la nave hasta mediados de este año, con aprobados en números macroeconómicos -el PIB creció 10,3 por ciento en 2021, la industria ya está en niveles de 2017-, baja de la pobreza al 36,2 por ciento en el primer semestre de 2022 (se había catapultado al 42 con la pandemia) y desocupación del 6,9 por ciento al término del segundo trimestre del año.

Guzmán también logró un trabajoso acuerdo con acreedores internacionales y con el FMI, que desataron, sobre todo este último, una grave crisis política en el oficialismo. Pero, sobre todo, la gestión de Alberto y Guzmán careció de la valentía y la potencia para encarar transformaciones estructurales que sí tuvieron las experiencias kirchneristas entre 2003 y 2015.

La llegada de Sergio Massa en un contexto delicado logró restablecer equilibrios básicos, aunque la inflación ya estaba en vuelo y terminará el año cerca de los tres dígitos. La guerra que estalló en Europa a principios de año fue un factor clave, frente al cual el gobierno se vio superado. El mercado cambiario está desdoblado de hecho y sigue siendo el gran problema a resolver.

Alberto termina su tercer año de gobierno con la economía en marcha, pero sumamente desgastado, lo que parecería sacarlo de la cancha para intentar la reelección en 2023. El tiempo dirá qué toca.

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