El último informe del Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP detectó que durante la renegociación tarifaria de 2017 llevada adelante por el gobierno de Cambiemos con las empresas prestatarias del servicio de energía, se privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos. El documento relevó los resultados de auditorías realizadas por el ENRE y la AGN en 2021, y contrastó las conclusiones de ambos organismos con la evolución de las tarifas eléctricas y su impacto en los ingresos de las familias del AMBA.
El OSP-UNLP confeccionó un relevamiento sobre las auditorías realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Auditoría General de la Nación (AGN), donde además de la clara ventaja otorgada a las empresas por la administración estatal durante el 2017, se desprende que se violó la Constitución Nacional, entre otras normas. En sus conclusiones, el informe elaborado por el OSP-UNLP consigna que «una de las principales evidencias que dejan las auditorías de ENRE y AGN es la ausencia de participación y consulta a diversos actores fundamentales en el proceso de RTI convocado por la gestión Cambiemos«.
El director del OSP-UNLP, Eduardo Baldi, enfatizó que resulta evidente «la falta de intervención de Universidades Nacionales con amplia trayectoria en materia de servicios públicos», y planteó que recurrir a ellas en el marco del debate de las Revisión Tarifaria Integral podría constituir una protección natural de los intereses y derechos de la ciudadanía y los sectores productivos”.
En la auditoría, el ENRE consigna que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) fue «carente de validez jurídica», que a partir de distintos procedimientos irregulares el proceso fue una «fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras» porque el Estado no contaba con la información necesaria como para llevar adelante un control preciso. La auditoría afirma que el objetivo de la política tarifaria de ese momento fue garantizar una rápida transferencia de ingresos a las empresas Edenor y Edesur. Y que además se «flexibilizaron» los parámetros de calidad y de inversiones para beneficiar a las operadoras.
La AGN consignó que el proceso de la RTI fue poco transparente, que hubo mucha informalidad en los procedimientos, incumplimientos, exceso de subjetividad en el comportamiento de una «consultora externa» contratada por el ENRE y una gran asimetría de información entre «regulador y regulado».
Por último, afirma que se aprobaron costos operativos mayores a los reales. La auditoría estableció que los costos admitidos en la RTI por el ENRE fueron en promedio para ambas empresas un 57,5% mayores a los registrados durante el ejercicio contable 2015. Esto es, en el caso de Edesur, una brecha excedente de $ 2021,21 millones (61%) y en el caso de Edenorn de $ 2193,9 millones (54%), según consigna el informe.
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