La jueza de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, cumplirá 75 años este miércoles, edad de jubilación obligatoria de los jueces. Sin embargo, la magistrada continuará en su cargo hasta fin de 2024, seguirá dictando fallos, hasta que el Senado trate el pedido del Poder Ejecutivo para renovar su designación. La cuestión está establecida en la resolución 521 del año 2017 del Consejo de la Magistratura y ya se aplicó en el caso de tres jueces: Silvia Mora de Recondo, Luis Imaz y Juan Carlos Bonzón. En una Cámara de Casación habitada por una abrumadora mayoría de jueces alineados con el macrismo, Figueroa tiene un perfil progresista, centrado en la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género. La magistrada expuso en el Vaticano, con fuerte impacto, invitada por el Papa Francisco, en la conferencia sobre el papel de los magistrados en el bien común y en sociedades colonizadas, descolonizadas o neocoloniales.

La resolución 521/2017 del Consejo de la Magistratura establece que “a fin de implementar lo resuelto por la Corte Suprema en el caso del juez Leopoldo Schiffrin, se comunica a cada uno de los magistrados que tengan edad igual o superior a los 75 años, que deben cesar en su función en el plazo de diez días hábiles judiciales, con excepción de los siguientes casos:

a.- Magistrados que posean una nueva designación por acuerdo del Senado.

b.- Magistrados que posean una decisión judicial firme que los mantenga en el cargo.

c- Magistrados que posean una decisión judicial a favor que no haya puesto fin al proceso de su continuidad.

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d.- Magistrados que posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Senado correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento.”

La resolución de la Magistratura tiene fecha del 21 de diciembre de 2017 y se publicó en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2017. O sea, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri.

Como es evidente, el caso de Figueroa encaja en esa última alternativa, la letra d. El Ejecutivo, encabezado por Alberto Fernández, mandó el pedido de acuerdo para la renovación de su designación. 

La falsa versión mediática

Juntos por el Cambio y sus diarios alineados hicieron todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo de Figueroa y otros 70 magistrados no se trate y por ello no se trató hasta el momento. Pero en el caso de la jueza de Casación hay plazo hasta fin de 2024: si le dan el acuerdo, seguirá en su puesto; si el Senado rechaza el pliego, deberá jubilarse y si el acuerdo no se trata hasta fines de 2024, también deberá jubilarse. La norma ya se aplicó en tres casos anteriores, lo que permitió que sigan siendo jueces después de los 75 años Silvia Mora, esposa de Ricardo Recondo -ex titular de la Asociación de Magistrados y pieza clave del macrismo en el entramado judicial-, Luis Imaz y Juan Carlos Bonzón.

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En el macrismo estaban muy ansiosos por la jubilación de Figueroa que, como se sabe, integra la Sala que debe fallar en varias causas que tienen como imputada a Cristina Fernández de Kirchner.

La magistrada ya votó en dos de esos expedientes, Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces, en los que junto a sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone todavía tienen que conformar mayoría. O sea, los tres jueces ya votaron, pero puede ocurrir que con criterios distintos. Por ejemplo, un juez puede sostener que en Hotesur-Los Sauces se debe confirmar la absolución, otro puede decir que corresponde hacer el juicio, pero no contra Florencia y el otro puede opinar que el juicio debe hacerse contra Cristina, Máximo y Florencia. En ese caso, hay que establecer la mayoría.

Lo mismo respecto del Memorándum con Irán, el bochornoso expediente instruido por Claudio Bonadio después del cierre dispuesto por Daniel Rafecas. El Tribunal Oral Federal número 8 sobreseyó a todos los imputados –12 en total–, pero la DAIA y dos familiares cercanos a la dirigencia de la comunidad judía, presentaron el recurso. La denuncia original fue hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman pocos días antes de que se quitara la vida en el edificio de Puerto Madero.

Los tres jueces de la Sala -Figueroa, Barroetaveña, Petrone- ya votaron, pero hay que establecer la mayoría. Todo indica que los magistrados no van a querer interferir en las elecciones del domingo y tratarán las cuestiones a resolver después de las PASO. Mientras tanto, la magistrada seguirá en su cargo.

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