Las cifras son del informe anual que confeccionan la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires
Durante el 2018, 1.621 presos denunciaron haber sido víctimas de 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales bonaerenses y el ámbito federal, de acuerdo a las cifras del nuevo informe anual que confeccionan laComisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN)y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.
El relevamiento que fuera presentado durante una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata, puntualiza que «esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención».
«La profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad. Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado«, enfatizaron en el documento.
«La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención», se destaca.
Al respecto, especificaron que «en las cárceles bonaerenses se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70 por ciento de ellos son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas. En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo».
Por su parte, en el Servicio Penitenciario Federal, «un total de, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos y también; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento, como encierro del encierro, son los hechos más denunciados. El aislamiento expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura y es justificado por las autoridades como «sanción» y como «protección». Forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel».
Además, consignan que desde el 2015, el Registro Nacional de Casos de Torturas registra las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad. «Este año se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, ya que sólo en ese ámbito, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría por efectivos de la Policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas».
La presentación estuvo a cargo del ex relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, quien expuso sobre «El desafío de las democracias en la lucha contra la tortura. Visibilizar, registrar y denunciar las violaciones a los derechos humanos», acompañado por la directora del GESPyDH del Instituto Germani, Alicia Daioroqui, el titular de la PPN, Francisco Mugnoloy el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
